El dirigente se mostró crítico con el censo porque, entre otras cosas, las tareas asociadas a ese operativo fueron privatizadas a través de “un fideicomiso por el cual se contrató a todo el personal y los funcionarios del INE” que participaron “se cuentan con los dedos de la mano, todos elegidos a dedo, personal de confianza, a diferencia de lo que había sucedido con el censo anterior”. Incluso, el personal que estuvo abocado al censo trabajó desde otro edificio, distinto al del INE.
Acerca de los censistas, que a su juicio no cobraron la totalidad de las horas que trabajaron para el operativo, el integrante de la Aseec explicó que hay un juicio en marcha y criticó que “el INE permanentemente lo que hace es intentar deslindar responsabilidades, señalando que el empleador no era el INE, sino que era este fideicomiso” de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Por diferentes reivindicaciones, el sindicato del INE llevará a cabo una movilización el 10 de diciembre, el día de la presentación de los resultados del censo.
Grado de omisión
Martín Koolhaas, experto en demografía en la Facultad de Ciencias Sociales, recordó a Búsqueda que en los resultados preliminares del censo la omisión informada fue del 8,9%, que se dividió entre un 5% de viviendas con moradores ausentes (personas que el operativo encontró y no respondieron el cuestionario) y un 3,9% de omisión “propiamente dicha” (personas que el operativo no encontró).
El segundo componente de la omisión se calcula con base en la población estimada a partir de la dinámica poblacional (defunciones, nacimientos y migraciones), la cual se compara con la población censada (que incluye a los moradores ausentes).
En el censo anterior la omisión total fue de 4%. Sin embargo, Koolhaas destacó que el porcentaje de moradores ausentes ahora “se quintuplicó; en el censo anterior fue de 1%”, mientras que el otro componente de la omisión fue de un 3% en 2011.
El académico recordó que, respecto al de 2011, el INE decía de que “al no superar la omisión un 5% había sido un buen censo”. Adicionalmente, ese investigador encontró una recopilación de porcentajes de omisión en censos en la región entre los años 1950 y 2000 donde “tener una omisión de 10% o más fue la excepción y no la regla”.
El problema del grado de omisión es que a la hora de dar “cifras desagregadas, a nivel departamental, pero, más importante aún, a nivel municipal o local, a nivel de una manzana (…), se puede estimar un determinado nivel de error” a escala “de los departamentos. Y con esa estimación se corrigen las cifras a nivel departamental”, pero “el INE no va a tener estimaciones de omisión con tanta desagregación geográfica” y a escala “de distintos atributos” o diversas características de la población, explicó Koolhaas. Según dijo, una cifra de omisión del 10% “no es el escenario ideal”.
El principal punto del censo es “ver cómo está distribuida la población en el territorio y qué características demográficas o socioeconómicas tiene. Al INE le deben estar llegando muchas demandas para saber cosas. Por ejemplo, en este censo se preguntó por autismo, entonces, ¿dónde están?, ¿cuántos son?, ¿qué características tienen? Todo eso quieren saber”, explicó Koolhaas.
De todas formas, el demógrafo llamó a esperar a la divulgación de los microdatos del censo junto con la eventual recomendación del INE a los usuarios de esas estadísticas para tratar la omisión.
Otro problema que identificó es la estimación de la población de los municipios. “Desde 2009 tenemos municipios y se asigna presupuesto público” a partir de “los datos de población de cada municipio. Eso tiene una complejidad, porque, si un lugar fue peor censado que otro, se lo está penalizando porque no van a contar con insumos para estimar omisiones diferenciales por municipio; no sé qué estrategia tendrá el INE para eso”, explicó el especialista de la Facultad de Ciencias Sociales.
Acerca de la omisión, Conde relató que su vivienda en el barrio de Buceo no fue censada. “Y hay personas que me dicen ‘no me censaron’. (...) Si esto pasó en el tejido formal, en la costa de la ciudad, no quiero imaginar lo que puede llegar a haber pasado en los asentamientos”.
En su momento, ante la información publicada por El Observador, el director del INE, Diego Aboal, señaló consultado por el portal: “Estamos dentro de un proceso normal. Esos números son manejables porque hay procesos para caracterizar a esa población”. Agregó que esa cifra “podía tener algún ajuste” por la encuesta de evaluación censal.
“Suspicacias”
El dirigente de la Aseec declaró que provoca “suspicacias el hecho de que a un año y pico de haber terminado el censo todavía no estén los datos disponibles”. “Otro elemento que contribuye a este clima es que se eligió que termine el ciclo electoral primero. No es menor, esto debería ser un orgullo, un logro del gobierno, si no te lo podés sacar como un cartel, evidentemente debe haber problemas”. Recordó que el operativo del año 2011 “ni cerca duró tanto tiempo como este”.
Acerca de la demora en la publicación de las cifras finales, Koolhaas opinó que “es lógica por los desafíos técnicos que hay. Lo que sí se podría haber divulgado (el año pasado) era la población que se censó en vez de la estimada. En 2011 fue lo que se hizo (…); se ve que se está trabajando intensamente en esto de la omisión y en estimar la población, sobre todo con el desafío de entregar microdatos donde se tiene que estimar la omisión”.
Conde criticó algunos aspectos del operativo que a su juicio podrían haber contribuido a ese nivel de cobertura, como el hecho de que no fue un requisito contar con experiencia de ningún tipo en encuestas para participar del trabajo de campo y la falta de supervisión en campo durante el relevamiento presencial. “¿Eso qué implica?, que ante cualquier inconveniente llamaban a un call center, donde tampoco había un referente fijo, eso generó un montón de complicaciones”.
Debido a lo anterior, el integrante de la Aseec cree que con la capacitación que cuentan los trabajadores del INE y la supervisión que se puede brindar “se mejora la calidad de los datos que produce el INE”. Según él, haberse apoyado más en el personal propio habría evitado los problemas que se produjeron. En ese sentido, cuestionó la calidad del censo: “¿Es la misma la calidad de un encuestador calificado e instruido que la de una persona que se autocensa?, ¿cuál es el control de que la persona se atenga a la verdad material, como establece la Ley 16.616?”.
La Aseec emitió un comunicado donde aludió a varias de estas críticas. El INE contestó a eso señalando que, en las reuniones con el gremio, “jamas han realizado algún comentario o pregunta relativa a la metodología del censo”. Agregó que “sorprende, que sin haber contactado a la dirección para pedir cualquier información que fuera de su interés sobre aspectos metodológicos del censo, se haga un comunicado de este tenor, a pocos días de la presentación de los resultados finales”.
Acerca de la contratación de personal para el censo, el INE explicó que los funcionarios “fueron reclutados a través de llamados públicos y con criterios de selección definidos”.
Por otro lado, el INE defendió el censo. Citó un documento de la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas donde se explicitó que ente los 142 países que realizaron censos a partir del 2020, 35% utilizó un relevamiento web.
Ante el cuestionamiento de Aseec sobre los cambios y nuevos productos elaborados por el instituto, el INE dijo que estuvieron planificados y ejecutados en función de su Plan Estratégico. Consideró que Aseec “hace críticas que muestran falta de conocimiento (...) y oportunismo a seis días de la presentación de los resultados del censo”.
Acerca del grado de omisión, el INE aclaró que el martes 10 se publicarán las estimaciones finales.
