En febrero, el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) encomendó analizar internamente el proceso de contratación del personal de confianza que asiste y asesora a las autoridades del ente. La División Auditoría se enfocó en el trámite de ocho contratos y adscripciones solicitadas en el segundo semestre del año pasado y en cinco casos constató la existencia de demoras, debilidades de gestión y deficiencias administrativas, según surge del expediente al que accedió Búsqueda.
A partir de esos hallazgos, el directorio consideró “conveniente” tomar medidas para “fortalecer y mejorar la gestión” de ese tipo de procesos y el 20 de agosto resolvió formar un grupo de trabajo —con representación de varias áreas y departamentos— para elaborar un “Manual de procedimiento” para la contratación del personal de confianza de los integrantes del directorio al amparo de la normativa vigente.
Esas medidas, que buscan tener criterios uniformes y definir las responsabilidades y la secuencia de intervención de las distintas áreas de la administración, surgieron de las recomendaciones que realizó la auditoría interna.
Sin embargo, el director en representación de la oposición, Jorge Gandini, expresó su disconformidad con esa resolución. A su juicio, según señaló en el adjunto de un mail dirigido a todos los funcionarios, no compartió la decisión por entender que “no reconoce la labor técnico-profesional de la División Auditoría” y “prescinde de toda referencia a los 24 hallazgos reportados”.
Allí planteó incluir dentro de los “considerando” una enumeración de las “irregularidades y omisiones normativas” detectadas por los auditores, relacionadas con el incumplimiento de plazos legales, del orden y control de topes salariales, falta de control interno e información, etcétera. Gandini destacó que los “errores graves cometidos por las oficinas internas de la ANP afectaron de manera directa” su secretaría como director, ya que los trámites de sus asesores fueron “los más extensos y demorados de todo el organismo”.
Hallazgos
Como punto de partida, el análisis interno de las contrataciones se nutrió de material de la secretaría del director por el Partido Nacional, del relevamiento de datos en el sistema informático de expediente electrónico del organismo, consultas escritas y telefónicas realizadas a distintas divisiones de la ANP, entre otras fuentes.
El primer informe fue de marzo de este año. Señaló, entre más de una veintena de hallazgos, que en las últimas cinco contrataciones, en un total de ocho, se omitió mencionar la norma del presupuesto de la ANP, que incluye una pauta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) estableciendo que no se puede ejecutar una partida superior al 85% del tope legal dispuesto en el artículo 23 de la Ley 17.556 (que establece que el monto mensual de contratación de asesores de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados no puede superar el equivalente a una vez y media la remuneración de un ministro de Estado).
Constató, además, que la OPP devolvió expedientes a la ANP en reiteradas oportunidades por falta de la información necesaria para el control del tope legal referido y suscripción de los contratos en tiempo y forma. También identificó incumplimientos en relación con el plazo que los expedientes pueden permanecer en una oficina, ya que, en algunos casos, pasaron hasta 59 días corridos.
Sobre los tiempos de demora de los trámites, mencionó que los contratos de tres asesores de Gandini fueron los más extensos, lo que enlenteció su otorgamiento y el pago de los haberes correspondientes. También hubo errores de redacción en las resoluciones del directorio.
Jorge Gandini, director blanco en la ANP.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Sobre la recontratación de los tres asesores que asisten al director blanco (desde enero de este año hasta el fin de su mandato), la auditoría indicó que fueron observados por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) al superar el tope legal, porque se analizaron en simultáneo, lo que condujo a bajas y modificaciones de compensaciones y remuneración de algunos adscriptos.
En tanto, indicó que el contrato que registra menor cantidad de actuaciones y tiempo de trámites fue el del asesor de Presidencia.
Recomendaciones
A partir de los hallazgos, la División Auditoría realizó una serie de recomendaciones para la tramitación de los contratos de personal de confianza a fin de evitar observaciones del TCR.
Sugirió fortalecer la gestión del Área de Secretaría General, del Departamento de Gestión Humana y de la Unidad Administración de Personal; y cambiar en el Sistema de Expediente Electrónico el parámetro que establece el tiempo que pueden permanecer expedientes en estado transitorio a la espera de ser recibidos por las unidades administrativas de la ANP.
Además, planteó la necesidad de conformar un grupo de trabajo para diseñar un “Manual de procedimiento” para este tipo de contrataciones donde se establezca el trámite directo en el sistema de expediente electrónico entre las oficinas responsables de proporcionar datos, documentos y efectuar controles, ajustado a los principios y tiempo establecidos en el proceso administrativo vigente en la ANP. Sugirió que se incluya también un modelo de proyecto de resolución. Para esa tarea, recomendó designar dos funcionarios (titular y alterno) de cada oficina que participe en el trámite.
Para mitigar riesgos asociados a las posibles observaciones del TCR, propuso que el pago de los haberes del personal de confianza se tramite por separado de la liquidación del resto de funcionarios de la ANP.
Tras el informe de auditoría, la Contaduría Delegada del TCR en la ANP señaló algunas “inexactitudes”, según surge del expediente, e hizo énfasis en su función de “contralor” que se rige técnicamente por el tribunal “con total independencia” de los procesos del ente portuario. Por eso, precisó que no le corresponde asesorar ni formar parte del equipo que diseñe el manual sugerido.
Por su parte, el Departamento de Gestión Humana compartió en términos generales las recomendaciones y alegó que las situaciones observadas “responden a la ausencia de un procedimiento integrado y unificado que regule” los trámites de ese tipo de contratos, lo que ha “generado descoordinaciones, reiteraciones y demoras”.
Otras precisiones surgieron de la Unidad Administración de Personal, por ejemplo, respecto a la demora de la tramitación, la falta de documentación a presentar por parte del interesado o situaciones de espera de lineamientos ajenos a esa oficina relativos a la liquidación de salarios.
Reestructura funcional
Mientras tanto, la ANP sigue trabajando en el rediseño de la organización que inició en noviembre de 2025 y que prevé implementar en 2027, “algo más tarde de lo anunciado”, reconoció el lunes 7 en una comunicación enviada a los funcionarios.
Recordó que se trata de un proceso que cuenta con el apoyo de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de la OPP, y en el que participa el sindicato de la ANP. Cuenta, además, con el apoyo de un consultor —José Prato— y de varios asesores de los tres integrantes del directorio del ente.
Acto realizado en la sede de la ANP, durante el Día del Trabajador Portuario y el 110º aniversario del ente.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Destacó que el objetivo del rediseño es “mejorar la eficiencia”, la calidad de la gestión y fortalecer la carrera funcional. En negrita, resaltó que se busca “eliminar la discrecionalidad y garantizar la igualdad y ecuanimidad en el desarrollo de la carrera de todos los funcionarios”.
Sin embargo, el proceso está generando tensiones y preocupación entre los funcionarios, que cuestionan la forma en que se viene llevando adelante el rediseño y la falta de información.
El ente indicó que está próximo a finalizar la segunda fase del rediseño y que para ello han recibido aportes de todas las áreas en varios niveles jerárquicos. Agregó que la tercera fase comenzará en la segunda quincena de setiembre y que la cuarta y última, dedicada al estudio de la estructura de cargos y las remuneraciones, ya está en curso y se llevan realizadas 10 reuniones.
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