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El martes 25, después de la primera reunión del Consejo de Ministros, el presidente Yamandú Orsi anunció en conferencia de prensa una próxima convocatoria a la comisión en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que albergará ese intercambio entre el Poder Ejecutivo y el movimiento sindical, las cámaras empresariales, las organizaciones de jubilados y pensionistas, y organizaciones relacionadas a la protección a la infancia y cuidados.
El director de la OPP, Rodrigo Arim, detalló a Búsqueda el calendario de trabajo previsto.
Seguramente en abril se convocará a los actores del Poder Ejecutivo en la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que son, además de esa oficina, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía, de Salud Pública y de Desarrollo Social. También está representado el Banco de Previsión Social. Allí se aprobará una “hoja de ruta” para la discusión.
Luego se iniciarán las “actividades preparatorias del diálogo, incluyendo una puesta a punto de la hoja de ruta con los actores sociales”, informó el jerarca. Esas etapas se deberán cumplir durante 2025 y hasta abril de 2026, con la posibilidad de una prórroga de 45 días.
Arim indicó que “lo ideal” sería que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo con las propuestas de reforma al sistema de protección social, contemplando lo discutido en la comisión, sea presentado en el primer semestre del próximo año. La entrada en aplicación “dependerá del tratamiento parlamentario y de las cláusulas sobre cuándo comenzarán a estar vigentes los diferentes instrumentos nuevos o las modificaciones a las existentes”, explicó.
Desde 2023 está en aplicación una reforma de la seguridad social que, entre otras cosas, eleva gradualmente a 65 años la edad mínima a partir de la cual una persona puede jubilarse y uniformiza otros parámetros entre los distintos subsistemas, extendiendo el ahorro individual en manos de las AFAP. Esa ley surgió del trabajo de una comisión, en la que tuvieron participación el PIT-CNT y el Frente Amplio, y que no acompañaron la iniciativa.
Luego, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, además de los comunistas y socialistas, promovieron un plebiscito que derogaba parte de esa reforma y proponía, en los hechos, eliminar las AFAP. La papeleta fracasó con el 39% del respaldo ciudadano.
