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“Ya no chocamos” como en el 2002, “pero tampoco crecemos”, señala el presidente del Banco Central
Al participar en el lanzamiento del Observatorio de Finanzas y Sociedad, Guillermo Tolosa planteó que todavía se está “lejos de tener decisiones financieras óptimas” en Uruguay
Guillermo Tolosa, presidente del BCU, en la presentación en el evento de la UCU.
Lograr una mayor “inclusión financiera” como aspecto democratizador, mejorar la capacitación en finanzas y repensar algunas normas vigentes que no ayudan a actuar frente a los fraudes, entre otros temas, fueron planteados durante el lanzamiento del Observatorio de Finanzas y Sociedad de la Universidad Católica (UCU) y su escuela de negocios —UCU Business School—, efectuado ayer, miércoles 22.
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El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, destacó la importancia de la formación en finanzas y de tomar buenas decisiones en ese ámbito. “Como sociedad hemos pasado demasiado tiempo prestando demasiada poca atención” a estos asuntos, cuestionó. Consideró que, aunque hubo avances en los últimos tiempos, se está “lejos de tener decisiones financieras óptimas” en Uruguay.
“La inversión en Uruguay es muy baja; estamos de mitad de tabla para abajo, a pesar de tener ahorro adecuado. No estamos logrando el balance adecuado. En el pasado, capaz que el país crecía más, pero lo hacíamos chocando; chocamos en el 82, chocamos en el 2002. En tiempos recientes ya no chocamos, pero tampoco crecemos. Tenemos que lograr el adecuado balance entre ese crecimiento y esa resiliencia”.
El BCU está “redoblando esfuerzos” para posibilitar que las empresas “crezcan”, aunque los resultados todavía no son visibles, afirmó el jerarca.
En cuanto a los hogares, señaló que también las familias tomaron malas decisiones financieras en las últimas décadas. “Ahorrar en dólares hace 20 años significó que hoy tengan la mitad del poder adquisitivo”, afirmó. Si esos ahorros hubieran estado rentando, en vez de estar en cuentas que no pagan tasa de interés, los uruguayos habrían tenido “tres veces más poder adquisitivo”. Según Tolosa, “las malas decisiones son reflejo de una insuficiencia de formación financiera” de profesionales que acompañen las decisiones de la población. “Les hemos estado fallando como profesión”, sostuvo el economista.
Consideró que, actualmente, “tienen demasiados depósitos a la vista” que no generan intereses, y una porción muy grande son en dólares. Pese a la mayor estabilidad macroeconómica y a la solidez del sistema financiero, los depositantes en Uruguay “huyen” de la moneda nacional “como en ningún país del mundo, salvo Nicaragua”, lo cual va “en contra suyo” y “del país”, lamentó el jerarca.
Fraudes y la “ley calmante”
Otro de los panelistas, Fernando Barrán —jefe regional de riesgos de Banco Itaú y exsuperintendente de instituciones financieras del BCU—, se refirió al problema de los delitos financieros.
“Un primer problema es que no tenemos datos de los fraudes que hay” de todo el sistema, afirmó. Agregó que esa es información que tienen los bancos, pero que el regulador no la pide.
Citó datos de Inglaterra de los años 2022 y 2023, según los cuales un 40% de los delitos están asociados a fraudes o tentativa de fraude financiero. “Esos números posiblemente no sean muy distintos a los que tenemos en Uruguay al día de hoy”, aunque, sobre los datos, “simplemente que no los conozco”, planteó. Y reflexionó: “¿No deberíamos tener esos números para identificar el problema y tomar acciones consistentes?”.
Según el ejecutivo de Itaú, “todos los bancos han estado trabajando fuertemente para mejorar” la seguridad, y mencionó que la autenticación de los clientes habilitados para transaccionar es el mayor desafío.
Luego objetó aspectos del marco legal, del cual, en su opinión, “cada tanto uno debería revisar la efectividad”.
“Cada vez que tenemos una situación de fraude en el banco, que logramos bloquear cuentas a partir de lo que es la ley, tenemos 72 horas entre que se hace la denuncia penal y (que) la Justicia” decide. “Les puedo decir esto con certeza: cero caso hemos tenido donde la Justicia responde antes de las 72 horas. Yo, a esa ley le llamo calmante de la conciencia. Pero no una ley que sea efectiva para trabajar y lograr (...) disminuir los impactos negativos que los fraudes tienen en Uruguay al día de hoy”, sostuvo Barrán.
