Uruguay según B-Ready: base sólida en su entorno empresarial e “importantes oportunidades de mejora”

A partir de la recopilación de datos, que contó con la participación de 5.000 expertos locales en esos países y encuestó a 58.000 empresas representativas en el ámbito nacional, B-Ready evalúa el clima empresarial en tres pilares. El primero, referido al “marco regulatorio”, centrado en las normas y regulaciones que rigen la actividad empresarial; el segundo, los “servicios públicos”, que abarca los mecanismos que ofrecen los gobiernos para facilitar el cumplimiento de las normativas, así como las instituciones y la infraestructura que posibilitan la actividad empresarial; tercero, la “eficiencia operativa”, que refleja la facilidad con la que las firmas cumplen las normas y utilizan los servicios públicos.

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Los autores sostienen que los resultados deben leerse como una herramienta comparativa.

A diferencia del Doing Business, que dejó de elaborarse tras acusaciones que desconfiaban de la fiabilidad de los reportes de 2018 y 2020, el B-Ready no muestra un puntaje global a cada economía, sino puntuaciones específicas para los distintos parámetros evaluados, y se aleja así de los rankings.

Uruguay y su entorno “adecuado”

En términos generales, según el reporte, el marco legal y regulatorio de Uruguay para el clima empresarial “es adecuado”, interpretó Avilés.

La puntuación referida al “marco regulatorio” (67,32) es “relativamente sólida, lo que indica que muchas de las normas vigentes están alineadas con buenas prácticas internacionales”, señaló.

Al mismo tiempo, el país presenta puntuaciones menos favorables en aspectos vinculados a la implementación, reflejadas en los pilares de “servicios públicos” (48,68) y de “eficiencia operativa” (55,57). Estas áreas miden cuán fiable y eficiente es la aplicación de las normas y reglamentaciones en las interacciones diarias (registros, tribunales, licencias, servicios públicos). En este sentido, la economista del BM señaló que “el principal desafío no es la ley en sí, sino su cumplimiento efectivo, la rapidez, el costo y la modernización de los servicios disponibles a las empresas”.

Así, dijo, el desempeño de Uruguay refleja un patrón global, caracterizado por una “brecha de eficiencia” entre el pilar I y el III. Dicha brecha, entendida como la diferencia entre las puntuaciones promedio de ambos pilares, pone de relieve ineficiencias que dificultan la capacidad de las empresas para beneficiarse plenamente de las regulaciones.

Por su lado, Santiago Croci, especialista senior en Desarrollo del Sector Privado del BM, quien tiene participación directa en el proyecto B-Ready, dijo a Búsqueda que “la problemática más importante es la del pilar II, dado a que en lo que se refiere a los servicios públicos Uruguay se encuentra en el quinto quintil. Es decir, en el 40% inferior de los países medidos”.

El “ciclo de vida”

Considerando el ciclo de vida empresarial, Uruguay presenta resultados relativamente más favorables en servicios financieros, acceso y calidad de los servicios básicos, y facilidad para localizar negocios (acceso a locales, oficinas, etcétera). Por el contrario, en temas como el registro empresarial, controversias comerciales e insolvencia, las puntuaciones “reflejan oportunidades de mejora en los tiempos, costos y complejidad de los procesos en la práctica”, apuntó. La economista observó que si bien existen marcos legales y procedimientos formales, la experiencia efectiva de las empresas suele involucrar múltiples pasos, demoras y una alta carga administrativa. En el caso de la resolución de disputas e insolvencia, los plazos judiciales prolongados y el uso limitado de herramientas digitales inciden de manera significativa en los resultados. En lo que refiere al registro empresarial —el ámbito en el que el país tiene la puntuación más débil—, las deficiencias en los sistemas de registro electrónico de empresas y en la eficiencia de los procedimientos de creación de negocios.

Un paquete con “resultados tangibles”

Como síntesis, Avilés indicó que Uruguay “cuenta con fundamentos sólidos en su entorno empresarial, junto con importantes oportunidades de mejora. Para aprovechar estas oportunidades, a modo de ejemplos, entre muchas posibles reformas, podría impulsarse un paquete de políticas públicas orientado a convertir buenas normas en resultados tangibles para las empresas y el empleo”. Luego listó algunos de los desafíos concretos: disponibilidad de registro simplificado de empresas (sin necesidad de intermediarios) y de servicios digitales (registro, actualización de información, verificación de identidad); tiempo y costos para abrir una empresa (doméstica o extranjera); disponibilidad de información general de las empresas; salvaguardas legales en la mediación, y estructura organizacional de las cortes (acceso a la justicia para micro y pequeñas empresas, facilitación de resolución de disputas internacionales, mecanismos especiales de revisión).

Asimismo, el análisis sugiere que avances en ventanillas únicas plenamente digitales para la apertura de empresas, mayor interoperabilidad entre agencias públicas, plazos predecibles en trámites clave y una mayor digitalización de los procesos judiciales y de insolvencia “podrían tener un impacto significativo en la experiencia empresarial, sin requerir necesariamente cambios profundos en el marco legal existente. Estas son áreas a modo de ejemplo; el abanico de reformas potenciales es amplio y puede adaptarse a las prioridades del país y su visión de desarrollo”, puntualizó.