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Expertos de la ONU piden a EE.UU. frenar las deportaciones de migrantes a terceros países
Más de una veintena de expertos independientes de la ONU advirtieron que la política impulsada por la Administración del presidente Donald Trump expone a miles de migrantes a riesgos de tortura, persecución y otras violaciones de Derechos Humanos. Al menos 23.000 personas ya fueron enviadas a países distintos de los de su origen.
Expertos independientes de Naciones Unidas pidieron este lunes 28 de septiembre a Estados Unidos y a decenas de países suspender los acuerdos que permiten a la Administración del presidente Donald Trump deportar migrantes a naciones distintas de las de su origen, con el argumento de que este sistema los expone a un mayor riesgo de tortura, persecución y otras violaciones de los Derechos Humanos.
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Más de una veintena de relatores y expertos alertaron de que Washington ha construido desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, un esquema de deportaciones que involucra a más de 35 países y territorios.
Según los expertos, al menos 23.000 ciudadanos extranjeros ya fueron enviados a 29 países y territorios mediante estos acuerdos, en muchos casos a lugares con los que no tienen ningún vínculo.
"Los daños causados por este esquema del Gobierno estadounidense ya no son hipotéticos", dijeron los expertos, que advirtieron de una "cascada de violaciones de Derechos Humanos".
Una investigación publicada la semana pasada por la ONG 'Forbidden Stories' y un consorcio internacional de periodistas, entre ellos reporteros de France 24, situó en más de 25.000 la cifra de personas que habían sido deportadas a terceros países hasta finales de agosto.
Países sin vínculos con los deportados
La Administración Trump ha recurrido a acuerdos con gobiernos de distintas regiones, incluidos varios países africanos, para recibir a migrantes que Estados Unidos no puede devolver legalmente a sus lugares de origen.
Entre los países involucrados figuran Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur, además de naciones latinoamericanas como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Algunos de los deportados habían obtenido previamente protección de jueces estadounidenses, que habían determinado que podían sufrir abusos si eran enviados de regreso a sus países.
Los expertos denunciaron además que algunos acuerdos prevén que los migrantes sean recibidos temporalmente y luego expulsados nuevamente hacia otro país. En algunos casos, afirmaron, son sometidos a presiones o amenazas para que acepten regresar a sus lugares de origen pese a los riesgos que podrían enfrentar allí.
Según los firmantes, los acuerdos vulneran el principio de no devolución, que impide trasladar a una persona a un país donde corra un riesgo real de sufrir persecución, tortura u otros daños graves.
“Las consecuencias pueden ser mortales”
Los expertos sostienen que las deportaciones pueden aumentar el riesgo de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, esclavitud y trata de personas.
Aseguran que entre los más expuestos se encuentran niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, defensores de derechos humanos y apátridas.
También cuestionaron las condiciones de algunos de los países receptores. Según los expertos, varias de esas naciones no cuentan con sistemas adecuados para tramitar solicitudes de asilo, instalaciones de acogida, servicios sanitarios suficientes o mecanismos para la integración de los migrantes.
En algunos casos, agregaron, se trata de países que atraviesan conflictos y donde parte de la propia población sufre desplazamientos, hambre y altos niveles de pobreza.
Los expertos también advirtieron que la responsabilidad no recae únicamente sobre Estados Unidos. Un país que colabore de manera consciente con otro Estado en una acción que vulnere el principio de no devolución u otras obligaciones en materia de derechos humanos podría incurrir también en responsabilidad internacional.
"Todos los Estados y territorios involucrados deben detener inmediatamente estos acuerdos", reclamaron.
Una política de Trump bajo disputa judicial
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha buscado ampliar los acuerdos con terceros países como parte de su objetivo de acelerar las deportaciones, una de sus principales promesas electorales.
Sin embargo, la política mantiene una disputa en los tribunales estadounidenses. Este mes, el Gobierno pidió a la Corte Suprema que le permita continuar con las deportaciones a terceros países después de que tribunales inferiores consideraran ilegal el procedimiento utilizado por la Administración republicana.
Washington ha dicho anteriormente que estos acuerdos son legales y asegura que las expulsiones se realizan de acuerdo con la legislación migratoria estadounidense.
Los expertos que realizaron el reclamo son designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para supervisar distintas cuestiones y crisis de derechos humanos, pero trabajan de manera independiente y no hablan en nombre de la ONU.
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