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A 30 años de la Marcha del Silencio, familiares renuevan reclamo de verdad y justicia ante un nuevo Poder Ejecutivo
El histórico reclamo de memoria se refuerza con expectativas: Fiscalía exige información fiable, Cancillería libera documentos del Plan Cóndor y Defensa analiza la suspensión de pensiones a militares prófugos por crímenes de lesa humanidad
30ª Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio, en Montevideo
Desde las 19 y durante casi dos horas, miles de personas avanzaron en silencio este martes 20 por la avenida 18 de Julio para conmemorar la edición número 30 de la Marcha del Silencio. Bajo la consigna “30 veces nunca más: sepan cumplir. ¿Dónde están?”, definida por el colectivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, los manifestantes volvieron a exigir: “Memoria, verdad y justicia”, este año con particular expectativa. Es que con la llegada del Frente Amplio al gobierno, los familiares renovaron la esperanza respecto al avance de la búsqueda de desaparecidos en el marco de la última dictadura cívico-militar.
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En ese sentido, la organización ha destacado varias señales dadas por el gobierno, incluso antes de asumir. Entre ellas, cuando en el recorrido hacia plaza Independencia para realizar el traspaso de la banda presidencial, Yamandú Orsi y Carolina Cosse se bajaron del auto eléctrico que los trasladaba —algo que estuvo fuera del protocolo— para saludar a los integrantes del colectivo.
También celebraron, en la misma línea, el discurso que realizó Orsi frente a la Asamblea General, instancia en la que el mandatario resaltó el compromiso del nuevo Poder Ejecutivo con la búsqueda de desaparecidos y afirmó que “la democracia gozará de una mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares”.
Proclama y avances
En la conferencia previa a la Marcha del Silencio, la organización de Madres y Familiares transmitió, como parte de su proclama, que esperan que “este tiempo de renovación de compromisos se vea materializado durante su gestión en una política pública integral en materia de búsqueda, investigación y reparación”. Y aunque plantean que “han logrado materializar diversos avances”, reclaman que todavía persiste una “gran deuda”.
“A este nuevo gobierno que asume, le exigimos que sepa cumplir. Que dé respuesta a aquello que nuestro pueblo ha reclamado durante ya tanto tiempo”, señala el texto, en el que también solicitan que el Poder Ejecutivo, a través del presidente, ordene a los mandos militares a que proporcionen “toda la información referida a lo sucedido con los familiares”.
Y es que para la búsqueda, la información es una pieza clave, pero es necesario que sea “de calidad”, dijo el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien además de pedir que quienes tengan datos los aporten, también planteó en entrevista con Telemundo que sería importante acceder a determinados archivos que aún no se han encontrado.
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30ª Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio, en Montevideo
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Sobre los hallazgos de detenidos desaparecidos, Perciballe mencionó que si bien “se ha avanzado mucho” en las causas judiciales, “no fue así” en el encuentro de los restos. “El porcentaje de aquellos que se recuperaron sus cuerpos es menor y me parece que en eso hay una tarea muy importante por parte del Estado”, afirmó el fiscal, al recordar que en el último gobierno de coalición hubo dos hallazgos de restos de desaparecidos en el Batallón de Infantería Nº 14, el predio militar ubicado en Toledo, Canelones. Eran de Amelia Sanjurjo, militante del Partido Comunista que fue secuestrada en noviembre de 1977, y de Luis Arigón Castel, desaparecido en 1977. El anterior hallazgo había sido el de Eduardo Bleier, en 2019, y el anterior, en 2012, de Ricardo Blanco.
Con relación a la disponibilidad de información, la vicecanciller y actual ministra interina, Valeria Csukasi, anunció el pasado lunes 19 —en vísperas de la marcha— la digitalización de 10 documentos clave, referidos al relacionamiento entre los gobiernos de la región durante la implementación del Plan Cóndor durante los años 70 y 80. Según dijo en conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, “poner a disposición de las víctimas, de sus familias, de investigadores y de la sociedad en su conjunto, desde un marco crítico, razonado, que contribuya a comprender los hechos acaecidos durante la dictadura cívico-militar que asoló Uruguay entre 1973 y 1985, es una tarea de Estado”.
El material documental, que incluye información vinculada a casos como los de Héctor Gutiérrez Ruiz, Wilson Ferreira y Elena Quinteros, está disponible en el sitio web de la Cancillería y de las organizaciones plancondor.org y Sitios de Memoria Uruguay.
En el ámbito político, en tanto, también hubo novedades esta semana. Y es que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, adelantó ayer miércoles 21 que la cartera estudia dejar de pagar las jubilaciones a exmilitares requeridos por la Justicia por delitos de lesa humanidad que se encuentran fuera de Uruguay. Así, la secretaria de Estado aseguró durante la presentación de lineamientos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente que tras un pedido de información al Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, se descubrió que hay al menos 15 personas “prófugas sobre las que pesan delitos de lesa humanidad”, cinco de las cuales están a “espera de extradición”.
“¿Es ético que alguien, cualquier ciudadano común, pero en este caso, sobre quienes pesan delitos de lesa humanidad, continúen por el mundo como si estuvieran de vacaciones?”, cuestionó Lazo, y opinó que “no es ético que continúen cobrando”.
“Son pequeñas acciones por las que, por allí, no faltarán voces que digan que vienen desde el rencor. Pero yo digo que vienen desde el amor a estas causas, a la institución y a las nuevas generaciones que la integran”, agregó.
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30ª Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio, en Montevideo
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Por su parte, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, anunció durante la misma conferencia de prensa que se dispuso “el reingreso a los archivos de Inteligencia Policial”, para buscar allí información sobre lo sucedido con los detenidos y desaparecidos durante la dictadura. Según dijo, el convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, el Ministerio del Interior y la Universidad de la República se propone “digitalizar los expedientes de la Justicia militar depositados en el archivo de la ex Dirección de Policía Técnica y entregar los documentos sobre violaciones de los derechos y víctimas del período de la dictadura localizados en archivos o repositorios en poder de jefaturas policiales del interior del país”.
Señaló que “hoy es momento de anunciar el reingreso a los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que, se constató, están”. “Estamos ingresando, hay voluntad política y hay apoyo de la Policía para ingresar allí y volver a buscar qué es lo que pasó, dónde están. Sabremos cumplir”, cerró.
