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A la espera de decisiones del gobierno, Cardama prevé entregar el primer buque a la Armada en poco más de un año
“La fecha prevista sería agosto o setiembre de 2026”, dijo a Búsqueda el presidente del astillero, mientras el Ministerio de Defensa define cómo proceder con la compra
La Armada Nacional aguarda para 2026 su primer buque, cuya compra aún es analizada por el gobierno
A casi cuatro meses del inicio del nuevo gobierno, el Ministerio de Defensa Nacional aún evalúa la validez de la compra de dos patrulleros oceánicos a la compañía española Cardama. Con informes técnicos tanto internos como externos, y la participación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la ministra Sandra Lazo espera reunir la información necesaria para decidir si continúa con la adquisición y la correspondiente construcción de los barcos.
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Mientras tanto, el astillero avanza en la fabricación del primer patrullero y espera entregarlo a la Armada Nacional de Uruguay dentro de aproximadamente un año. “La fecha prevista inicialmente sería agosto o setiembre de 2026”, afirmó a Búsquedael presidente de la empresa, Mario Cardama, quien esta semana lideró la junta general extraordinaria de accionistas para el examen y la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
Las instalaciones del astillero ubicadas en Vigo, España
Cardama
Integrantes de la Armada que han formado parte del proceso de compra de los patrulleros oceánicos —denominados OPV, por su sigla en inglés— y que estuvieron en contacto con representantes del astillero español dijeron a Búsqueda que existen dos factores relacionados que “preocupan” a la empresa y pueden limitar el cumplimiento del plazo de entrega: la designación oficial del comandante en jefe de la Armada y especialmente la designación de un representante permanente de la institución en la ciudad de Vigo, donde Cardama tiene el astillero que fabrica el buque.
El contrato entre Uruguay y el astillero, firmado en diciembre de 2023, establece que un miembro de la Armada debe estar en las instalaciones de la empresa para supervisar la construcción de los OPV. Inicialmente se preveía que esa persona acudiera a Vigo el 10 de marzo, pero el nombramiento está por ahora congelado. “No hay cabeza de la Armada en España”, dijo una de las fuentes. Mario Cardama, vía mail, ha insistido al gobierno sobre la importancia de que acuda ese emisario.
El Observador informó que el Ministerio de Defensa aún no definió al representante por “cautela”, al entender que nombrarlo oficialmente supone cumplir con una de las estipulaciones del contrato y por tanto significaría la “legitimación” de parte del gobierno del acuerdo y de la adquisición de los OPV.
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José Luis Elizondo, durante un reciente acto de la Armada, junto al presidente Yamandú Orsi
Mauricio Zina/adhocFOTOS
En cuanto al comandante en jefe de la Armada, desde el retiro de Jorge Wilson a fines de febrero, el cargo lo ocupa José Luis Elizondo, prefecto nacional naval y uno de los seis contralmirantes de la institución con el grado jerárquico requerido para el puesto. Lazo ha reiterado que el ministerio no va a apresurar ninguna designación y que Elizondo puede, como comandante provisorio, tomar las decisiones necesarias para liderar la institución.
“Hoy está sobre la mesa contemplar el espíritu del cuerpo, contemplar la necesidad de contar con una conducción clara”, sostuvo Lazo el 10 de junio ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Allí se pronunció sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nombre como comandante en jefe a un contralmirante retirado, por fuera de los seis que hoy permanecen activos en la institución. “La verdad es que no estamos pensando en este momento en un retirado, pero tampoco lo descarto. Sí dijimos que no íbamos a cometer ningún acto que fuera antinatural. ¿Está previsto a través de una interpretación jurídica que un retirado pueda asumir? Sí. Pero, en realidad, no es lo que hoy está sobre la mesa”, apuntó.
El proceso de las OPV
El acuerdo firmado con Cardama estableció una liberación de crédito inicial por parte de Uruguay de un 10% del costo total de ambos OPV, que es de 82 millones de euros. En diciembre, la pasada administración del Ministerio de Defensa depositó ese 10% (8,2 millones de euros) luego de que la compañía española cumpliera con la presentación de una serie de garantías.
Para acceder a la segunda entrega de dinero —otros 8,2 millones de euros correspondientes a 10% del costo total—, Cardama presentó en febrero el plano de la cuaderna maestra de las patrullas oceánicas, una de las principales piezas estructurales de un buque, que cumple la función de soportar y dar forma al casco. El segundo pago fue realizado en febrero, también por el gobierno anterior.
El 15 de mayo la empresa anunció la colocación de la quilla en el primer barco bajo fabricación, denominado oficialmente C-250. Con la conclusión de ese tercer hito, tras las garantías y el plano de la cuaderna maestra, se realizó un pago de 12,3 millones de euros al astillero, transferencia hecha entre el Deutsche Bank y el Banco República. Fue la primera erogación a cargo del actual gobierno, aunque Lazo aclaró que es un mecanismo económico que se “dispara” de manera automática una vez que se comprueba que Cardama cumple con las cláusulas del acuerdo.
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Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Para recibir las transferencias restantes que completarán el pago del primer buque, el astillero deberá demostrar la recepción de los motores principales, proceder con la botadura y, finalmente, entregar el OPV C-250 a Uruguay, todo bajo la certificación de Lloyd's Register, la empresa británica de clasificación y análisis de riesgos navales. Durante este lapso también se iniciará el ciclo de hitos y pagos para el segundo buque.
Recientemente arribaron de Vigo los capitanes de navío Héctor Cardozo e Ismael González, enviados por el Ministerio de Defensa para inspeccionar la construcción de los buques. Elaboraron un informe técnico que ya está en manos de Elizondo. El gobierno también tiene un análisis técnico encargado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Ambos documentos se utilizarán en una investigación administrativa sobre el proceso de compra a Cardama, para la cual el ministerio solicitó a la Oficina Nacional del Servicio Civil que designe a un instructor.
“Yo no estoy suponiendo nada ni presuponiendo nada, pero tengo todo el derecho del mundo a que si esto fue una buena decisión, se conozca, y si la decisión no fue tan buena, también se conozca. Por eso, ahora sí hay una investigación. Después evaluaremos los pasos a seguir”, indicó Lazo.
La guerra comercial, una limitante
Más allá de las cuestiones internas y políticas de Uruguay, Cardama sigue con preocupación dos factores económicos clave. Uno es la escasez de mano de obra en el sector naval español, que es la segunda mayor potencia de Europa y se ubica entre las 10 principales a escala mundial, con especial incidencia en Galicia. Según informó Faro de Vigo, en Galicia hay actualmente en curso 40 nuevos proyectos de construcción naval —ya en fase de fabricación o con contratos firmados— de tipologías diversas, entre ellos los dos patrulleros oceánicos destinados a la Armada uruguaya. Para atender esa demanda, se estima necesaria la incorporación de entre 650 y 800 operarios adicionales.
“Nos está causando ya algunos problemillas; no son graves, pero en el sector debemos encontrar la forma de atraer más gente”, reconoció Cardama en declaraciones al mismo medio, en una entrevista publicada en mayo.
Otro de los factores que despierta preocupación es el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en los aranceles internacionales. España importa desde Estados Unidos materias primas clave para la construcción naval, como el acero y el aluminio, lo que podría traducirse en sobrecostos para determinados proyectos o en disrupciones en las cadenas de suministro. En el caso concreto de los OPV, Cardama trabaja con la empresa estadounidense Caterpillar, proveedora de los motores principales, lo que añade una dimensión adicional de vulnerabilidad.
