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El Ministerio de Defensa Nacional autorizó un pago de 12,3 millones de euros a la empresa española Cardama, encargada de construir dos patrulleros oceánicos para la Armada uruguaya. La transferencia fue realizada entre el Deutsche Bank y el Banco República y se dio tras confirmarse la colocación de la quilla al primer barco que se está fabricando.
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Se trata del primer pago realizado por el actual gobierno, que tras asumir el 1º de marzo inició un proceso de consultas respecto a la compra resuelta por la administración anterior. Ese proceso culminó con cuestionamientos públicos de la ministra Sandra Lazo a la adquisición, sanciones a jerarcas de la Armada y el inicio de una investigación administrativa dentro del ministerio para determinar si existieron irregularidades.
Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional, durante un acto de gobierno
Pablo Vignali/adhocFOTOS
Los buques, denominados offshore patrol vessel (OPV), fueron la prioridad de equipamiento que el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció para la Armada Nacional, necesitada de barcos de largo alcance que cubran las aguas territoriales en el combate al narcotráfico, la piratería, la pesca ilegal y los accidentes ambientales, entre otros. Se decidió contratar a Cardama, un astillero de poca experiencia en la construcción militar y con una débil situación financiera, lo que derivó en su momento en críticas internas dentro de la Armada y en la oposición, representada entonces por el Frente Amplio y con Lazo como una de las legisladoras especialistas en materia de defensa.
¿Cómo es el contrato por los OPV?
El acuerdo firmado en diciembre de 2023 con Cardama estableció una liberación de crédito inicial por parte de Uruguay de un 10% del costo total de ambos OPV, que es de 82 millones de euros. En diciembre el Ministerio de Defensa depositó ese 10% (8,2 millones de euros) luego de que la compañía española cumpliera con la presentación de una serie de garantías.
Para acceder a la segunda entrega de dinero —otros 8,2 millones de euros correspondientes a otro 10% del costo total—, Cardama presentó en febrero el plano de la cuaderna maestra de las patrullas oceánicas, una de las principales piezas estructurales de un buque, con la función de soportar y dar forma al casco.
Lazo aseguró que dos días antes de asumir su puesto como ministra, el 27 de febrero a la tarde, mantuvo un encuentro de transición con el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson. Le consultó si, tras la presentación del plano de la cuaderna maestra, se había ordenado el segundo depósito para Cardama. Wilson respondió que no. Sin embargo, el 20 de marzo, ya como ministra, Lazo fue informada de que la orden de pago sí había sido impartida aquel mismo 27 de febrero al mediodía.
A partir de esa información, el 24 de marzo la ministra sancionó a Wilson y a otros tres jerarcas: los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz y el capitán de navío Marcelo da Silva. “Las sanciones tienen que ver porque hubo una falta a la verdad en el intercambio”, explicó Lazo, quien además conformó un grupo de trabajo jurídico, político y técnico para analizar el proceso de adquisición de los buques.
Jorge Wilson, ex comandante en jefe de la Armada Nacional, recibe al buque escuela Capitán Miranda en el Puerto de Montevideo, en 2023
Mauricio Zina/adhocFOTOS
El pago de los 12,3 millones de euros se da en un contexto particular: a fines de abril Lazo anunció una investigación administrativa para averiguar cómo fue la compra a Cardama y la actuación de los distintos integrantes de la Armada que participaron en el procedimiento. El depósito se dio además en el marco de una inspección ordenada por el gobierno al astillero de Cardama en la ciudad de Vigo, España, a cargo de los capitanes de navío Héctor Cardozo e Ismael González. El 15 de mayo la empresa había anunciado la colocación de la quilla en el primer barco bajo fabricación denominado oficialmente C-250.
Para recibir las transferencias restantes que completarán el pago del primer buque, Cardama deberá demostrar la recepción de los motores principales, proceder con la botadura y, finalmente, entregar el OPV C-250 a Uruguay, todo bajo la certificación de Lloyd International. Durante este lapso también se iniciará el ciclo de hitos y pagos para el segundo buque.
Este martes 10 Lazo concurrió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para actualizar a los legisladores sobre la situación. Tras su comparecencia, dijo a la diaria que el pago de 12,3 millones de euros forma parte de un proceso automático de transferencia entre bancos que se activa a partir del cumplimiento de los hitos.
Las dudas en la conducción del ministerio sobre Cardama han acentuado la demora en nombrar al próximo comandante en jefe de la Armada que reemplace a Wilson, quien se fue en febrero. Por ahora ocupa ese rol José Luis Elizondo pero bajo el puesto oficial de encargado de despacho, cuya función es la administración de la Armada cuando el comandante en jefe no está disponible. Elizondo es también el prefecto nacional naval y uno de los seis contralmirantes de la institución en condiciones de ser comandante en jefe. Los otros son De Souza, Ruiz, Gustavo Luciani, Héctor Magliocca y Mario Vizcay.
Superados ya tres meses de la gestión de Elizondo como encargado de despacho, dentro de la Armada creció la preocupación por la falta de designación de un comandante en jefe. Distintos integrantes de la institución consultados por Búsqueda afirmaron que se necesita un mando jerárquico vertical para asegurar la moral, la cadena de mando y la toma de decisiones tanto técnicas como políticas (entre ellas, el nombramiento de agregados navales en el exterior) que garanticen estabilidad y planificación estratégica.
Lazo aseguró a la diaria que el ministerio tomará la decisión con tiempo y ajeno a las "ansiedades internas" de la institución.
