Aprueban protocolo para interrogar a niños víctimas de abuso sexual, frente a debilidades de la regulación

Entre las orientaciones se establece que los interrogatorios no deben ser conducidos por “autoridades administrativas”, como policías, funcionarios de prestadores de salud o de instituciones educativas, sino por funcionarios especializados del Poder Judicial, y que se deben reducir “al mínimo” las intervenciones en las sedes judiciales, para evitar la revictimización.

El grupo de trabajo se conformó en 2022, a cinco años de entrada en vigencia del CPP, cuando se habían advertido “dificultades” en la recepción de las declaraciones de menores en las sedes judiciales en delitos sexuales -según establece un anexo del protocolo al que accedió Búsqueda- y los procedimientos recibían cuestionamientos por parte de la defensa de los imputados.

“La regulación era muy escueta, las dudas muchísimas, y el protocolo lo que hace es precisar cómo debe ser la diligencia y recoge la experiencia de estos años”, dijo a Búsqueda Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° turno, quien coordinó la comisión. El propio Cavalli, en 2021, había cuestionado la presencia de técnicos de la Unidad de Víctimas y Testigos como acompañantes de las víctimas en el marco de unas charlas dirigidas a magistrados, argumentando que pertenecen a la Fiscalía, que es parte interesada en los procesos. Según declaró a El Observador en ese momento, “un funcionario público tiene otros intereses” distintos a los de un niño y los entrevistadores “les quitan espontaneidad” a sus declaraciones, porque “interrumpen”.

Rol de acompañantes emocionales

Sobre los acompañantes emocionales, el flamante protocolo establece que es “una persona de confianza” que debe ser elegida por la víctima o el testigo que va a declarar en sede judicial y “debe ser ajeno al objeto de la causa”. También plantea que “se abstendrá de interferir en la declaración de la víctima de cualquier modo (hablarle, sugerirle contenidos, interrumpir, opinar)” y al momento de la declaración “debe estar fuera del alcance visual” del niño, niña o adolescente.

El protocolo determina que los técnicos de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía deben abstenerse de preguntar a las víctimas por los hechos que se investigan, porque no les corresponde, y que su tarea se debe centrar en “brindar atención en crisis, contención y apoyo”, y ser acompañantes emocionales durante el interrogatorio si la víctima los elige.

La directora de esa repartición de la Fiscalía, Mariela Solari, señaló que esto no cambia la tarea que venían realizando los técnicos, pero deja por escrito las buenas prácticas que se vienen desarrollando y han permitido que las víctimas transiten por el proceso penal mitigando la revictimización y tutelando sus derechos sin afectar las garantías de los imputados. Afirmó que este documento deja protocolizado cómo se debe trabajar, para evitar “suspicacias” sobre “el acompañamiento a las víctimas y prácticas distorsionadas que podían existir con la misma ley”.

La abogada Sofía Pereyra Huelmo, que es defensora de oficio —pero representó también a los privados en la comisión— resaltó el “arduo trabajo” que realizaron para contemplar las recomendaciones de todas las partes que intervienen en el proceso de la toma de declaración de un menor de edad, aunque consideró que el protocolo final es “muy escueto” debido a que la SCJ pidió que lo recortaran. “Es un buen resultado ante una normativa tan vaga y tan poco acertada del CPP”, aseguró.

Relevante como prueba

La publicación del protocolo se da en el marco de un aumento de las denuncias por abuso sexual contra menores, que para distintos actores del sistema es consecuencia de una mejora en la detección. Este tipo de conductas suelen ocurrir en los entornos de confianza de los niños, niñas y adolescentes, y son consideradas como una de las formas de violencia más graves contra los menores.

Según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), en ocho de cada 10 casos que son atendidos, quien abusó formaba parte de los vínculos cercanos de la víctima: eran familiares directos o parte de su grupo de convivencia. En general, los agresores son sus padres, padrastros, tíos o abuelos.

En esas investigaciones, los fiscales, que son quienes las dirigen, se enfrentan a la dificultad de obtener evidencias que confirmen el relato, porque la mayoría de los abusos se dan en la soledad del ámbito privado, a diferencia de lo que sucede en delitos contra la propiedad, en los que es común recurrir a evidencia física como imágenes de cámaras de videovigilancia o al relato de testigos.

En ese contexto, Cavalli resaltó que la declaración de las víctimas tiene “muchísima importancia” como prueba en los procesos penales, por los “escasos medios probatorios” y porque “las personas que saben que ocurrieron son dos”.

“Un buen interrogatorio de la víctima puede arrojar mucha luz o sepultar para siempre el hecho”, dijo.

El ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° turno aseguró que, si la toma de declaración de las víctimas está “bien hecha”, resulta “muy ilustrativa de lo que ocurrió”, y eso facilita la reconstrucción de los hechos y “mejora la calidad de la prueba”, que es valorada por los jueces.

Capacitación “prioritaria”

Para dar a conocer el protocolo y avanzar en su implementación, la Suprema Corte definió que los funcionarios de todo el sistema de justicia —jueces, fiscales, defensores y funcionarios— reciban una capacitación en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) del Poder Judicial. Consultada por Búsqueda, la directora del CEJU, Verónica Scavone, dijo que convocaron a la comisión que lo elaboró para diseñar contenidos y metodologías para el público objetivo de la formación. “Aún no tenemos fecha, pero es prioritaria”, afirmó.