“Casos de violencia sexual contra niños es lo que más hay en este momento” y “da asco leer todos los expedientes”, dijo a Búsqueda el ministro de la Corte John Pérez Brignani.
La fiscal adscripta de Delitos Sexuales de 2º turno destacó que en un año hicieron 14 juicios. “Nos fue bárbaro, pero en 1.700 casos es muy poco”, dijo González. En el turno en que trabaja, resolvieron “vigilar” los casos nuevos que les son asignados e ir pidiendo pericias, para que no se acumulen. “Pero miramos para atrás, y tenemos una gran cantidad”, agregó.
Para Ghione, el sistema termina “siendo una injusticia” y en “casi la ineficiencia” para aclarar los delitos sexuales, porque la gran cantidad de causas abiertas hace que se seleccionen los casos más graves para avanzar, mientras que la persona que fue violada espera que se aclare la denuncia. “Venimos muy atrasados”, reconoció.
Sin embargo, que haya tantos casos para investigar es interpretado por varios actores judiciales como una mejora en la detección. “No creo que hayan aumentado las situaciones, pero creo que han mejorado los sistemas de alerta”, dijo a Búsqueda la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari. La asistente social considera que en los últimos años, hay gente “con una mirada más atenta” a posibles indicadores de abuso. En el mismo sentido, González consideró que “se detectan más y mejor”, porque “hay más posibilidades, mucha gente está preparada para recepcionar ese tipo de denuncias o visualizarlas”, sobre todo de médicos, maestros, psicólogos y profesionales de la salud en general.
La fiscal expresó que los síntomas que se citan en los juicios son indicadores que aportan los psicólogos, como orinarse mientras duermen, tocar a otros niños, mostrar sus partes íntimas, hacer un dibujo, llorar cuando ven a una persona específica o retraerse. No obstante, aclaró que no son indicadores únicamente del abuso sexual, pero “la sumatoria de comportamientos" puede permitir deducir que “hay algo”. Luego, en la instancia judicial, los indicadores que se detectan se suman al relato del niño, a los informes de los prestadores de salud, las pericias que realiza el Instituto Técnico Forense y al testimonio de la persona que escuchó el relato o detectó el caso. También se incorporan las declaraciones en caso de que la víctima haga psicoterapia particular y otros elementos que puedan surgir.
“Que no se encuentren elementos físicos en las pericias, como ocurre en algunos casos, no quita que no haya abuso”, dijo una de las fiscales que trabajan en las sedes especializadas de San Carlos, que prefirió mantener el anonimato. Pero siempre “tiene que ser contundente la evidencia”, dijo Ghione, porque “si no lo vas a poder probar es muy revictimizante” para quien sufrió el abuso, y porque un inocente podría verse afectado.
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Mauricio Zina / AdhocFOTOS
Los abusadores son conocidos
Según datos publicados en el visualizador de la página web de la Fiscalía en relación a los condenados por delitos sexuales, en los últimos cinco años el 95% fueron hombres, en su mayoría entre 26 y 45 años de edad.
En general, se trata de miembros de la familia o personas cercanas. “Sacando los detalles, los casos son iguales”, dijo González. Tras haber investigado tantas causas y relatos, concluye que muchas veces los hombres los cometen “porque tienen el poder y pueden”. La fiscal asegura que suelen ser las personas adultas que son “referentes, esa figura que primero es encantadora”.
También señala que los abusadores “saben detectar muy bien a la víctima”, que a veces tiene un problema de depresión o no es tan fuerte como las otras posibles, o es la hermana más grande de tres y las va a proteger de que no les pase lo mismo.
Los acusados no suelen tener antecedentes penales y, cuando los tienen, su perfil no es estrictamente el de un delincuente sexual. Esto lo determinó una caracterización del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes en Uruguay, entre 2018 y 2021, realizado por el Ministerio del Interior y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
En la capital del país, las denuncias son investigadas por la fiscalía especializada en Delitos Sexuales, que tiene seis turnos. En Rivera, Salto y Maldonado, por las fiscalías departamentales especializadas en violencia basada en género, doméstica y sexual. En los 15 departamentos restantes, los casos son investigados por las fiscalías letradas departamentales, que tienen a su cargo todas las materias.
En setiembre de 2024, la fiscal letrada departamental de Pando de 1º turno, Silvia Blanc, dijo a Telenoche que estaba preocupada por la cantidad de delitos sexuales que se registraban en la ciudad. Afirmó que eran “muchísimos” los abusos, que en un “altísimo porcentaje” tenían como víctimas a niñas, niños y adolescentes, lo que había generado una creciente inquietud en la comunidad. Las declaraciones se dieron en el marco de un caso de abuso sexual en el baño de un liceo.
“Sanciones ejemplarizantes”
La fiscal de San Carlos, que prefirió no identificarse, coincidió en el diagnóstico sobre la gran cantidad de situaciones de abuso sexual que tienen como víctimas a menores de edad, y dijo que en Maldonado la mayoría, cerca de un 95%, son intrafamiliares. Según informó, en el primer año de la creación de la sede, llegaron a los 500 casos en carpeta, de los cuales unos 200 son por delitos sexuales. El resto son por violencia doméstica, amenazas y destrucción o retiro de tobilleras electrónicas.
La fiscal dijo a Búsqueda que la postura del turno que tiene a cargo es pedir a la Justicia que condene a más de 10 años de prisión a los abusadores sexuales, en todos los “casos graves” en los que los agresores son responsables de delitos sexuales y otros delitos vinculados a la violencia doméstica. “Pedimos penas contundentes”, con el objetivo de obtener “sanciones ejemplarizantes” en los juicios orales, aseguró. En el caso de un hombre que abusaba de sus hijas, una bebé y otra de cinco años, y también de su pareja, solicitaron 18 años de cárcel.
El Código Penal establece que el abuso sexual especialmente agravado, que incluye la penetración, con un órgano sexual o un objeto, debe ser condenado entre dos y 16 años de penitenciaría. Para pedir una pena mayor, las fiscales se basan en el artículo 54 que refiere a la reiteración real, que habilita a que cuando alguien es culpable de varios delitos, “se le aplicará la pena que corresponda por el delito mayor aumentada en razón del número y gravedad de los otros delitos, sin que el aumento pueda exceder de la mitad de la misma pena, salvo que tales delitos se hubieren ejecutado en el término de cinco años, a partir del primero, en cuyo caso el aumento puede llegar a las dos terceras partes”. Amparadas en la interpretación de esa norma, piden a la Justicia un incremento de la pena de dos terceras partes.
“Las penas son muy bajas, comparados con otros países de Latinoamérica”, afirmó Ghione, que asegura que “la finalidad de la pena es lo ejemplarizante”.
El abuso sexual ocurre cuando alguien obliga a otra persona menor de 15 años a realizar actos sexuales. Para ese delito la pena es de dos a 12 años de penitenciaría. Un atentado violento al pudor, ocurre cuando alguien realiza sobre una persona “actos obscenos, diversos de la conjunción carnal”, o si hace que esta persona realice estos actos sobre sí mismo, sobre quien es investigado o sobre un tercero. La pena va de ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría, y si la víctima tiene menos de 12 años, la pena va de dos a seis años de penitenciaría. Por otro lado, comete abuso sexual sin contacto corporal quien ejecute o haga ejecutar actos de exhibiión sexual ante una persona menor de 18 años. El castigo es de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Trabajar contra la prescripción
El ministro Pérez Brignani, consideró que en materia de delitos sexuales “las penas son ridículas” y "habría que revisarlas". La Suprema Corte de Justicia no puede modificarlas, porque es una tarea del Poder Legislativo. También cree que habría que reconsiderar la prescripción de los delitos, que en muchos casos es un obstáculo para acceder a la Justicia.
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Ministro de la Suprema Corte de Justicia John Pérez
Pablo La Rosa / AdhocFOTOS
“Los niños hablan porque no tienen vergüenza, pero a partir de los 12 años ya no cuentan tan fácilmente, entonces la vergüenza forma parte del tema tabú de no decir. Nosotros peleamos contra la prescripción de este delito, algo que considero que no debería ocurrir. Tiene que ser cuando la víctima tenga todas las herramientas para hablar”, dijo la fiscal González.
Durante la legislatura que está por comenzar, el Frente Amplio volverá a presentar un proyecto de ley para que la acción punitiva para que los delitos sexuales como la violación, el abuso sexual o el atentado violento al pudor cometidos contra menores de edad no prescriban, a diferencia de lo que ocurre actualmente. En este período, se analizó uno que naufragó en el Parlamento.