La psiquiatra de niños y adolescentes Magdalena García, que integra por la Administración de Servicios de Salud del Estado el Comité Nacional del Sipiav, explicó que desde el punto de vista religioso “se habla de la muerte vicaria de Cristo”, que significa que “un inocente paga por el pecado en lugar de quien es visto como culpable”. En el caso de Soriano, “inobjetablemente” la violencia “iba destinada a otra persona, la madre, y no a los niños, que eran inocentes”.
De hecho, el episodio llevó a que especialistas y autoridades como la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, plantearan la necesidad de agregar la violencia vicaria a las definiciones de la Ley 19.580 sobre violencia de género. Cuando se discutió y aprobó la norma, en 2017, “no era un fenómeno que estuviera ni tan presente ni que hubiera avances en el mundo y en la región sobre los que pudiéramos tener buena base argumental”, explicó Xavier en rueda de prensa el martes 9.
La redacción actual de la ley contempla esos crímenes al definir la violencia femicida como la acción que atenta “contra el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o la de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño”.
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Manifestación en Torre Ejecutiva contra la violencia vicaria.
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“Un balde de agua fría”
Otro planteo que surgió en estos días, a instancia de legisladoras del Frente Amplio y de organizaciones sociales, es la derogación de la “ley de tenencia compartida” (17.515), aprobada en 2023 con los votos de la coalición republicana. Las críticas hacia la norma apuntan, entre otros aspectos, a que habilita a continuar con un régimen de visitas en casos de denuncias por violencia intrafamiliar.
La diputada del Partido Comunista Tatiana Antúnez dijo a Búsqueda que trabajarán para derogar la ley, aunque primero tienen que dialogar en la interna de la fuerza política sobre cuál será la estrategia. Esto se debe a que el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Representantes y necesitará de votos de la oposición. Cabildo Abierto, partido que ha dado votos al oficialismo para aprobar otras iniciativas, no será en este caso un aliado porque fue uno de los promotores de la ley. “Hay que hacer un trabajo de articulación política”, dijo.
También comentó que está en discusión si incorporar la violencia vicaria a la Ley 19.580 o si tipificarla como agravante —al igual que se tipifica el femicidio—, aunque opinó que este último camino puede conducir a un debate “punitivista” que “no suma”. “Lo importante es hacer visible lo invisible, sobre todo en este momento histórico tan negacionista, donde se trata a las mujeres de mentirosas, se habla de ideología de género”, planteó.
La también diputada frenteamplista Inés Cortés (Movimiento de Participación Popular) fue en estos días una de las principales voceras sobre la necesidad de derogar la ley. En rueda de prensa el lunes 8 habló de “reveer y derogar” la norma, un objetivo que, dijo, ya se había planteado en la Mesa Política del Frente Amplio. “Obviamente, la situación del fin de semana hace que algunos tiempos que nos estábamos dando para generar los acuerdos y discutirlo dentro del Parlamento se aceleren un poco”, afirmó.
Ante las críticas de la oposición, que cuestionó el “oportunismo” de plantear ahora la derogación de la ley, la legisladora afirmó que lo sucedido fue “un baño de realidad” que aceleró los tiempos. Uno de los más críticos fue el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, quien defendió la norma y acusó al oficialismo de “populismo irresponsable” por aprovechar un hecho “trágico” para buscar su derogación “sin fundamento”.
“Revisar todo”
El mismo viernes 5, el día que aparecieron los cuerpos, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual convocó una concentración frente a Torre Ejecutiva para exigir al gobierno medidas de respuesta más efectivas. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recibió a las manifestantes y les comunicó que, junto con el presidente Yamandú Orsi, había definido instalar una mesa de trabajo con la sociedad civil para analizar el tema. “El Estado está en falta”, reconoció el jerarca.
El martes 9 se realizó la primera reunión entre representantes de la sociedad civil y autoridades de organismos estatales. “La conversación fue muy buena, constructiva”, dijo la activista Soledad González a Búsqueda a la salida de la reunión. “Hicimos una propuesta para que la mesa de trabajo funcione, con objetivos y tiempo de funcionamiento. El objetivo es hacer una revisión proactiva de los sistemas de respuesta. No es un diagnóstico, porque ya sabemos cuáles son los problemas. Queremos revisar todo pensando en soluciones”, añadió.
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Alejandro Sánchez durante la concentración contra la violencia vicaria en Torre Ejecutiva tras el asesinato de dos niños por parte de su padre.
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González destacó el hecho de que se esté tratando el tema en el ámbito de la Presidencia, lo que permite “articular mejor y reaccionar más rápido”. La politóloga especializada en violencia de género contó que les dejaron a las autoridades un listado de 14 casos ocurridos en el último año en los que el Estado había sido informado o estaba interviniendo de alguna forma y que terminaron en femicidios, suicidios u homicidios de niños. Es decir, casos que evidencian que la respuesta del Estado falló. Está previsto que el Ejecutivo convoque a una nueva reunión una vez que haya analizado la propuesta de trabajo.
Más presupuesto y jerarquía para el Inmujeres
La discusión en torno a las insuficientes respuestas del Estado se da en momentos en que el proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo empieza a discutirse en el Parlamento. Y se trata de un Presupuesto que activistas, jerarcas y legisladoras evaluaron como “insuficiente” en materia de género. La diputada Antúnez dijo a Búsqueda que ahora el “desafío” será buscar que en la discusión parlamentaria se refuercen los fondos para los servicios de atención y prevención a la violencia de género.
“Dada la realidad, entendemos que este Presupuesto no cumple con las expectativas de refuerzos para el Poder Judicial ni para la formación de operadores y técnicos que trabajan en el tema”, afirmó.
Como ejemplo, la Suprema Corte de Justicia había solicitado recursos para crear 22 juzgados especializados en Violencia de Género en todo el país, pero solo obtuvo para dos sedes nuevas.
Por su parte, Xavier dijo que los fondos destinados al Inmujeres “no son los que había pedido”. En entrevista con el programa radial En perspectiva esta semana afirmó que el incremento recibido ($ 30 millones por año) “es poco”. Añadió que “habrá refuerzos y no es un presupuesto con el que no podamos mantener servicios, (pero) habrá que ver de qué forma podemos seguir rediseñando para poder optimizar esos recursos”.
Este planteo va de la mano de una inquietud más de fondo entre dirigentes y legisladoras frenteamplistas: la necesidad de dar una mayor jerarquía institucional al Inmujeres. En el último Congreso del Frente Amplio naufragó la idea de crear un ministerio de la igualdad, pero quedó plasmado en las bases programáticas el compromiso de darle al instituto —que hoy depende del Ministerio de Desarrollo Social— un “rango jerárquico acorde con las responsabilidades institucionales asignadas por el marco jurídico nacional”. Eso, por el momento, no sucedió.
Antúnez dijo que la jerarquización del Inmujeres es un tema que hay que seguir reclamando. “Hay que dotar de jerarquía al Inmujeres y es un compromiso que está en el programa”, afirmó. En la misma línea se expresó su actual directora. “La ubicación institucional del Inmujeres no está jerarquizada. Ese es un planteo que viene hace tiempo en el programa de la fuerza política”, dijo Xavier este miércoles 10 al programa Arriba gente, de Canal 10. “Estamos planteándolo desde el primer día, por ahora no ha tenido viabilidad. Supone diálogo y este primer año es un año complejo. Pero de alguna forma tendremos que lograr consensos para poder avanzar”, afirmó.
“Falta mucho”
Un trabajo realizado por las defensoras públicas Carolina Camilo y Lucía Long, publicado en 2022, plantea que la violencia vicaria ocurre muchas veces cuando existe una “imposibilidad de acceder directamente a la víctima por cuestiones de judicialización de los casos o separación de la pareja”. En caso de no tener hijos en común, pueden violentar mascotas u objetos de gran valor simbólico. Plantean que existen diversas modalidades de violencia vicaria directa, desde las más sutiles hasta las más extremas. Entre ellas se incluyen la ejercida durante el embarazo, al exponer a los niños a procesos judiciales, incumplir el pago de la pensión alimenticia o régimen de visitas para afectar a la madre, hablar mal de la progenitora o descuidar sus necesidades.
La investigación que realizaron las defensoras públicas plantea que, a pesar de que los niños y los adolescentes sufren directamente las consecuencias de vivir en hogares violentos, a menudo los profesionales invisibilizan el impacto de la violencia en ellos, priorizando la relación paterno-filial y tratando la violencia de género como un asunto “entre adultos”.
En esa línea, Beniscelli planteó que, cuando en una pareja existe violencia de género, los hijos “no son testigos silenciosos e involuntarios de la violencia hacia la madre: la perciben y son víctimas también”.
Sobre las fortalezas y debilidades para atender las consecuencias de la violencia de género, García señaló que en cuestión de dispositivos disponibles Uruguay no está “ni atrasadísimo ni con todo armado”. Esta semana se realizó la reunión mensual del Comité Nacional de Gestión del Sipiav, donde se habló del caso de Soriano y de que se debe “impulsar con más fuerza el modelo de atención que está consensuado, duplicar los esfuerzos de prevención en controles de salud y en centros educativos”, según contó.
Para Beniscelli, también es necesario “formar profesionales bien instruidos para atender estos problemas”, porque “se ha avanzado mucho, pero aún falta”. A su vez, planteó que las evaluaciones de riesgo en los casos de violencia de género son “un poco débiles”, porque “no siempre los técnicos encargados de hacerla están suficientemente aggiornados en la materia” y “no todos los jueces están suficientemente interiorizados en los riesgos que pueden correr los niños con un padre que es violento hacia la madre, entonces no se toman todas las medidas”.
