Si bien llega al Parlamento con un respaldo bastante unánime del gobierno y la bancada oficialista, el proyecto ya recibió las primeras críticas y en el oficialismo anticipan que estas se acrecienten a medida que avance su tratamiento legislativo. De las consultas realizadas por Búsqueda y de declaraciones públicas de jerarcas surge que varios organismos recibieron aproximadamente el 10% de los incrementos que habían solicitado a Economía.
Los gremios del Poder Judicial y de la Fiscalía hablan de “migajas”, la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) se declaró en conflicto, el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, lo calificó como “ínfimo” y analistas feministas consultadas por Búsqueda advirtieron que el texto tiene declaraciones por la igualdad de género que no se traducen en suficientes acciones. Mientras, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que es "insuficiente" y la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris, opinó que “no es consistente con la idea de ‘que gobierne la honestidad’” que promovió el presidente Orsi durante la campaña electoral.
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Dos policías vigilan zona de Montevideo.
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Más policías, cámaras y cárceles
En el ámbito del Ministerio del Interior, que dentro de la administración central es el que tiene mayor peso en el Presupuesto Nacional, el proyecto prevé incorporar 2.000 policías —entre el llenado de vacantes y la creación de cargos nuevos—, comprar 1.000 tobilleras electrónicas y más de 5.000 cámaras de videovigilancia. Además, crea tres direcciones nuevas: la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos y la Dirección General de Cibercrimen, ambas con enfoque policial e investigativo, y la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, para atender las necesidades emocionales de los policías, que desempeñan una de las profesiones con mayor índice de suicidio en el país. También se propone la creación de una Dirección de Policía Comunitaria.
Por otra parte, el gobierno plantea reubicar la unidad policial encargada de investigar delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar, que pasaría a depender del Ministerio del Interior y no de la Policía Nacional. Según señalaron a Búsqueda fuentes oficiales, la decisión busca “dotar de un respaldo más político que policial” a la repartición. Interior propone, por otra parte, renombrar la cédula de identidad como documento nacional de identidad.
El Presupuesto prevé ampliar casi 1.500 plazas en cárceles de varones a través de proyectos de participación público-privada (PPP) y unas 1.000 plazas en la unidad de Punta de Rieles para mujeres. Además, propone aumentar el personal del Instituto Nacional de Rehabilitación con 500 cargos ejecutivos y 500 penitenciarios, y crear el puesto de director de Género y Diversidad.
También se implementarán una app y un centro de apoyo telefónico para víctimas de violencia de género, y se creará un Monitor de Género con el fin de “evaluar, transparentar y mejorar el servicio público”.
En cuanto al Ministerio de Defensa Nacional —el segundo de la administración central con mayor peso— los cambios se centran en reestructuras organizativas que redefinen competencias, modificaciones en el sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y en la gestión de la Dirección de Sanidad Militar. Además se crea el cargo de presidente del Instituto Antártico Uruguayo, con carácter de particular confianza.
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Edificio central de ASSE.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Más transferencias para primera infancia y vivienda, y un nuevo hospital en Costa de Oro
En el Ministerio de Desarrollo Social, una de las secretarías que recibió más refuerzos presupuestales, se destacan los recursos asignados para el incremento del Bono Crianza, una transferencia monetaria orientada a la primera infancia; para instrumentar “nuevas iniciativas de salud mental y consumo problemático de sustancias”; para políticas de reinserción social de personas liberadas de la cárcel; y para expandir el programa Ni Silencio ni Tabú, de sensibilización sobre salud mental.
Además, el proyecto separa la secretaría de Cuidados y Discapacidad en dos oficinas —que habían sido unificadas en el Presupuesto del gobierno anterior— y crea el Instituto Nacional de Discapacidad. También se incorporan partidas incrementales en el Instituto del Niño y el Adolescente para reforzar la cobertura en primera infancia y la atención a la salud mental y para fortalecer los dispositivos de atención a personas en situación de calle.
Otro conjunto de artículos está vinculado a políticas de género. El Presupuesto asigna créditos para la ampliación de la atención a mujeres en situación de violencia basada en género y trata, y propone que las “personas menstruantes de entre 12 y 50 años” de hogares beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social reciban $ 1.200 anuales para la adquisición de productos de higiene menstrual.
La iniciativa presupuestal propone, por otra parte, un Plan Quinquenal de Vivienda, que proyecta alcanzar la meta de 69.334 soluciones, entre construcción de nuevas viviendas para pasivos, cooperativas, viviendas promovidas con exoneraciones tributarias, mejoras de stock existente, subsidios al alquiler, préstamos hipotecarios, relocalizaciones y otras modalidades. El Ministerio de Vivienda busca con esa “hoja de ruta” trazada al 2029 priorizar la atención a hogares en situación de vulnerabilidad social y emergencia crítica y el acceso a la permanencia en la vivienda de la población de ingresos medios y medios bajos.
En el área de la salud, el proyecto de ley posterga hasta 2029 el cierre definitivo de los establecimientos asilares y monovalentes destinados al tratamiento de la salud mental. Así, modifica la Ley de Salud Mental (19.529), promulgada en 2017, que en su artículo 38 indica que el cumplimiento del cronograma de cierre no podrá exceder el año 2025. Otras de las novedades son la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu) y la de una nueva unidad ejecutora en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Hospital de la Costa. De acuerdo con la exposición de motivos, la Avisu tendrá como principales funciones “la evaluación y autorización de productos sanitarios para su comercialización, la aprobación de ensayos clínicos, la vigilancia poscomercialización, la habilitación de establecimientos, el control del abastecimiento y la elaboración de normativa técnica”. También se prevén partidas para la readecuación del Hospital Pasteur y para obras en el Hospital de Clínicas.
Fiscalia
Sede de Fiscalía en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Migajas” para la Justicia, comedores y bonos para escolares
En el área educativa, el Presupuesto plantea un bono escolar de apoyo al inicio de clases de $ 2.500 que se implementó por primera vez en julio de este año en la población más vulnerable, en jardines y escuelas públicas de quintiles 1 y 2 y se extenderá de forma gradual hasta universalizarlo en 2028. Por otra parte, el proyecto destina fondos a becas para formación docente y para educación media (Becas Butiá). Además, habrá una partida anual “con destino al fortalecimiento de los servicios de alimentación de educación media, en los centros en los que se implementarán las actividades de extensión de tiempo pedagógico”. El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública anunció que construirá en el quinquenio 57 nuevos comedores.
En el Ministerio de Educación y Cultura se otorga una partida anual para los Espacios MEC, que sustituirán a los Centros Culturales Nacionales implementados por el gobierno pasado. También se asignan partidas a la Biblioteca Nacional, para su funcionamiento y recuperación edilicia, y a la promoción del teatro independiente.
En el ámbito de la Justicia, el proyecto destina fondos para crear una Escuela de Fiscales del Uruguay, una fiscalía de Violencia Doméstica en Montevideo, otra especializada en Cibercrimen y una departamental en Ciudad del Plata. El Poder Judicial recibió presupuesto para la creación de juzgados en Ciudad del Plata y dos de Violencia de Género en el interior. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, calificó los recursos asignados como “migajas”, mientras que el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales dijo que para el Poder Judicial son “altamente insuficientes”.
Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pablo Vignali / adhocFOTOS
Nuevas embajadas, más talento extranjero y una comisión para actividades espaciales
En materia de relaciones exteriores, con el objetivo de fortalecer la presencia diplomática en el sudeste asiático, el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley la apertura de embajadas en Filipinas y en Tailandia, lo que se concretaría en los dos últimos años del gobierno e incrementaría la presencia diplomática de tres a cinco representaciones en esa región. Además, establece una reducción progresiva de la cantidad de “embajadores políticos” que puede designar un gobierno. Si se aprueba en su redacción actual, el tope bajará de 20 a 17 cargos de embajadores o ministros del servicio exterior (los dos más altos del escalafón). “Dicho número se reducirá a diez a partir del 1° de junio de 2030 y a cinco desde el 1° de junio de 2035”, establece.
El proyecto plasma también el objetivo anunciado por el canciller Mario Lubetkin de intentar que Uruguay sea sede de negociaciones de paz. “Se fortalecerá la participación en foros regionales y globales, así como en operaciones de paz de Naciones Unidas”, y “se promoverá el uso del territorio nacional como sede de diálogos y negociaciones”, dice el documento.
En lo referido al Ministerio de Economía, entre diversas medidas, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a crear “índices para la valuación de inmuebles en el ámbito rural, que contemplen usos del suelo diferentes al agropecuario, como ser residencial, minero, turístico y logístico”. A su vez, establece que la Dirección Nacional de Catastro podrá incorporar al valor catastral el valor de las mejoras de los inmuebles, identificados por los gobiernos departamentales como residenciales o turísticos pertenecientes al ámbito rural, cuya área catastral sea inferior a 10 hectáreas. A la Dirección General de Casinos le permite cobrar por poner publicidad en los establecimientos de juego; el dinero lo podrá usar para atender sus propios gastos de funcionamiento. El articulado transforma la Dirección Nacional de Zonas Francas en Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión y crea el Programa de Fomento para la Atracción de Personas con Talento Calificado residentes en el extranjero.
El Presupuesto crea, por otra parte, una secretaría de “litigios estratégicos” dentro de Presidencia, que implica el traslado de las potestades de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio de Educación a la Torre Ejecutiva. Entre los cometidos de la futura oficina está “apoyar, gestionar o coordinar la defensa del Estado en aquellos procesos jurisdiccionales que se consideren litigios estratégicos, así como patrocinar o representar al Estado” en ellos.
En la órbita del Ministerio de Industria, la iniciativa presupuestal prevé la creación de varios ámbitos que serán coordinados por esa secretaría, como el Comité para la Promoción de la Circularidad y la Sostenibilidad en la Industria (para promover la eficiencia de los procesos, el uso de recursos y la descarbonización en el sector industrial), el Comité de Coordinación Energética (para planificar y coordinar con los entes energéticos UTE y Ancap) y la Comisión Honoraria para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. A su vez, prevé que el ministerio, en consulta con los organismos en materia de defensa nacional y ciencia y tecnología, elabore un proyecto de ley para crear la “Comisión Nacional del Espacio” y el marco regulatorio de las actividades espaciales.
Inundación en Mercedes en 2019. Foto: Ernesto Ryan / adhocFOTOS
Inundación en Mercedes en 2019.
Ernesto Ryan / adhocFOTOS
Un registro nacional de cazadores y una nueva gobernanza para la ciencia y la tecnología
En el área de Ambiente el Presupuesto incorpora un tributo sobre “sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios”, con un valor máximo de 25 unidades indexadas (UI), para desincentivar el uso de las sustancias nocivas y promover el desarrollo de la industria local en la formulación de productos menos tóxicos. En respuesta a la creciente incidencia de fenómenos hidrológicos extremos, también se prevé reforzar las capacidades de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) al conferirle “la competencia de emitir los pronósticos, avisos y advertencias sobre sequías e inundaciones, y de fenómenos hidrológicos extremos”.
En materia de cambio climático, el documento prevé otorgar una partida para apoyar a los gobiernos departamentales en la implementación de sus planes de residuos, y así avanzar en la reducción del enterramiento y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto de ley también faculta al Poder Ejecutivo “a crear un registro nacional de cazadores” como requisito para habilitar la actividad de caza de fauna silvestre, que sustituirá el régimen de permisos de caza actual. La inscripción requerirá el pago de una tasa que irá de una unidad reajustable (UR) hasta 100, “en función de las especies a cazar, el cupo de ejemplares y la extensión del período de vigencia del registro”.
Por otra parte, el Presupuesto redefine la gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación: centraliza la política de ciencia y tecnología bajo la órbita de Presidencia e incluye un nuevo plan estratégico y fondos extra para el Plan Ceibal con foco en inteligencia artificial y STEM. Entre sus disposiciones más relevantes se destacan la oficialización del Programa Uruguay Innova, la creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento, el diseño de un nuevo Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación y la instalación del Fondo Uruguay Innova.
Avion-Carrasco
Avión aterriza en el Aeropuerto de Carrasco.
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
“Emergencia turística” ante catástrofes naturales e incentivos para aerolíneas
En cuanto al Ministerio de Turismo, una novedad es la creación del Fondo Nacional de Turismo Social, “que se integrará con aportes económicos que realicen las entidades públicas o privadas” y tendrá el cometido de incentivar la demanda interna “mediante subvenciones a usuarios para garantizar su derecho al turismo”. También establece la instrumentación de un incentivo a las aerolíneas comerciales que “contribuyan al incremento de la recepción de turistas extranjeros”. Según había explicado el ministro Pablo Menoni en el Parlamento a fines de julio, la cartera planificaba un esquema de subsidio variable condicionado al nivel de ocupación de las rutas aéreas. El proyecto de ley además faculta al Poder Ejecutivo a declarar la Emergencia Turística Nacional ante “catástrofes naturales, crisis sanitarias, conflictos internacionales” u otro evento extraordinario que cause “impactos significativos en la demanda turística”. En caso de declararse, el ministerio debe implementar “las medidas necesarias destinadas a mitigar los efectos negativos”.
En el Ministerio de Transporte se creó la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano con el objetivo de “contribuir a la mejora de la movilidad en el área metropolitana”, para coordinar esfuerzos con las intendencias de Canelones, Montevideo y San José.
Al Ministerio de Trabajo el proyecto lo faculta a crear una Comisión Coordinadora de Políticas de Empleo con el objetivo de articular los programas y servicios que apunten a “mejorar las condiciones de empleabilidad, acceso al empleo y al trabajo independiente”, refuerza la Inspección General con dos cargos nuevos en el área jurídica y partidas para “contribuir a la disminución de la siniestralidad en los lugares de trabajo” y destina fondos a la promoción de emprendimientos de personas con “dificultades de acceso al mercado laboral”.
