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“El mundo es digital. Y nuestros líderes no están”. Con un llamado de atención sobre la falta de involucramiento de las autoridades políticas en los desafíos digitales, el nuevo director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, alertó durante el seminario Desafíos para la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet: “Tenemos un problema de liderazgo para el mundo digital”.
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El evento, organizado por el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom), con apoyo de Unesco, Agesic y la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, reunió en el anexo del Palacio Legislativo el jueves 22 a actores de la sociedad civil, academia y sector privado. Sin embargo, la escasa presencia de líderes políticos y tomadores de decisiones marcó el tono de la crítica.
Mordecki, señalando las sillas vacías, destacó que la transformación digital atraviesa “la economía, la seguridad, la educación y hasta el delito”, pero sigue siendo tratada como un tema menor. “No estamos discutiendo solo de plataformas, ni solo de redes sociales”, advirtió. “Estamos discutiendo de la estructura misma de la vida contemporánea: la economía, la educación, el delito, la seguridad, el entretenimiento, la información. Todo eso hoy es digital”.
Hizo hincapié en que la falta de comprensión política sobre el impacto de lo digital reproduce riesgos: los políticos “no necesitan saber programar, pero sí entender que estas decisiones definen el futuro del país”. Comparó el momento actual con hitos como la invención de la escritura o la imprenta, que revolucionaron sociedades: “La acumulación y distribución de información es lo que cambia la historia”.
La crítica de Mordecki no fue solo de fondo, sino también concreta. “Este evento está convocado por el Poder Legislativo, con el apoyo del Ejecutivo, con participación de la sociedad civil y organismos internacionales. Nadie falta en la convocatoria. Y sin embargo, somos los mismos de siempre”, remarcó.
Para Mordecki, la baja presencia política en estas instancias muestra una falta de atención real y constante a cómo el mundo digital está transformando la economía, la educación y del funcionamiento del país. “Cuando hay un problema, los líderes se pronuncian en la prensa”, señaló. “Pero no están donde se discuten las causas. No participan del debate que importa”.
“Los delincuentes ya saben que el mundo es digital. Las estafas dejaron de ser estafas, hoy son digitales. ¿Cómo se vende la mercadería que se roba? De forma digital. ¿Cómo se transfiere la plata de los robos, de los narcos, de la trata de personas? Es digital ¿Cómo se blanquea el dinero? ¿Van con una bolsa a un lugar y le dicen, ‘por favor, blanquea este dinero’? Es digital. Suceden los procesos adelante de nuestros propios ojos y no nos damos cuenta”, aseguró.
No obstante, Mordecki insistió en que sin compromiso político, los avances serán limitados: “Para eso los votan, para eso los nombran en los ministerios, para eso los nombran en las empresas públicas, para eso dirigen empresas, organizaciones, para eso participan, para eso se dedicaron a la política. Les pido por favor que me ayuden a traerlos”, finalizó.
De los siete miembros de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, estuvieron presentes en el seminario Silvia Nane (su presidenta) y Patricia Kramer. No asistieron Andrés Ojeda, Álvaro Delgado ni Sebastián Da Silva, todos líderes de sus partidos políticos.
El seminario fue el punto de partida de un proceso que se extenderá durante varios meses, con múltiples instancias de consulta, diagnóstico y diálogo. El objetivo final es lograr acuerdos sobre las bases para regular las plataformas digitales “desde una perspectiva de derechos humanos”, explicaron los organizadores.
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Uruguay y los desafíos en la regulación de plataformas digitales
En el evento, se presentó un reciente informe elaborado por Datysoc y Observacom, con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Unesco, que revela que Uruguay presenta un “sistema jurídico fragmentado y no sistematizado sobre los diferentes regímenes aplicables a las plataformas” digitales.
El documento, titulado Estado de situación de la regulación de las plataformas digitales en Uruguay, destaca que en el país, “donde más del 90% de la población tiene acceso a Internet y dedica en promedio 7 horas diarias a utilizar servicios digitales, la integración de estas tecnologías es una realidad profundamente arraigada”.
“En los últimos años, el país ha destacado como líder en la región latinoamericana por su desempeño y uso de plataformas digitales, con un enfoque estratégico en consolidarse como un hub de innovación tecnológica”, señala el informe, que además subraya que esta política “ha trascendido gobiernos de diferentes signos políticos”.
Sin embargo, los investigadores advierten que “en muchas ocasiones el abordaje se ha realizado de manera reactiva, sin una mirada general que considere las particularidades de las plataformas digitales como objeto de regulación y sin contar con estudios que evalúen los posibles impactos de las propuestas regulatorias”.
El informe contextualiza la situación uruguaya en el marco internacional, donde la Unión Europea ha tomado el liderazgo regulatorio con iniciativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la reciente regulación sobre Inteligencia Artificial. Este fenómeno, conocido como “Efecto Bruselas”, ha influido en las regulaciones de numerosos países, incluidos los de América Latina.
“Los problemas relacionados con las plataformas digitales son múltiples y en los últimos años han acaparado la atención de medios, analistas y tomadores de decisiones en diferentes países y realidades”, explica el documento, mencionando entre estos problemas “las estafas en redes sociales, la polarización política, las burbujas de información, la masificación de bots, la divulgación de teorías conspirativas y el discurso de odio”.
El estudio, publicado en abril de 2025, está dirigido a “legisladores y autoridades públicas relacionadas con el tema, así como el sistema político en general, las organizaciones de la sociedad civil, especialistas de la academia, empresas del rubro tecnológico y todas aquellas personas interesadas en los asuntos de políticas digitales”, con el objetivo de “aportar un insumo para promover un debate informado sobre la regulación de las plataformas digitales en Uruguay”.
