El “revisionismo necesario”
Al ciclo de La Justicia en Debate se sumó otro evento realizado el 21 de agosto, en el marco del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, también en el Palacio Legislativo, donde dialogaron Sanguinetti y Lacalle Herrera. En esa instancia también se desacreditó la actuación de la Justicia en esos casos, se cuestionaron los “relatos” sobre lo ocurrido en la dictadura y los años previos y se planteó la necesidad de un “revisionismo necesario”.
El evento fue organizado por el denominado Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay. Su presidente es Sergio Molaguero —quien fue secuestrado en 1972 por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, un grupo armado anarquista— y la vicepresidenta es Graciela Rompani, viuda de Jorge Pacheco Areco.
Durante su discurso, Lacalle Herrera dijo que Uruguay está “asistiendo a una gran fractura nacional”, con “zanjas” y “muros” que “separan mucho” en relación con el “revivir del pasado”. Agregó que hay un “revisionismo necesario” y cuestionó la actuación del Poder Judicial.
“Estamos asistiendo a una gran decadencia en el ejercicio y la efectividad del derecho, sobre todo en los niveles del Poder Judicial” y “estamos viendo actuar una Justicia que a veces más parece revancha que justicia”, afirmó, según constató Búsqueda con el audio del evento.
El expresidente blanco señaló que con la Ley de Caducidad se creía que se había “puesto un punto final”, hasta que con la Comisión para la Paz —que creó el presidente colorado Jorge Batlle en el 2000 para avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos— “empezó a mirarse ese pasado con una visión hemipléjica” donde no se reconoce a las víctimas del terrorismo. Opinó que se ha “ignorado la voluntad legislativa de la Ley de Caducidad” de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada en 1986 y ratificada en referéndum en 1989.
La Ley de Caducidad buscaba evitar la acción de la Justicia y también limitar el conocimiento de los hechos sucedidos durante la dictadura y sus años previos, sostuvo la historiadora Magdalena Broquetas, directora del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, en diálogo con Búsqueda.
“Entre el 85 y el 2005 vivimos en una cultura que consagró la impunidad, en donde no se iba a hacer justicia, pero tampoco se iba a saber”, dijo.
En esos años no hubo denuncias penales que prosperaran, porque eran archivadas. Tampoco hubo una “puesta en discusión social del tema”, aseguró. Eso empezó a cambiar con la Comisión para la Paz y con su informe final de 2003 que reconoció que el Estado cometió violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la dictadura y desapariciones forzadas. El viraje se hizo más pronunciado en 2005, cuando empezaron las excavaciones para buscar desaparecidos bajo la orden del entonces presidente Tabaré Vázquez de hacer cumplir el artículo 4 de la Ley de Caducidad, que disponía que se investigue lo sucedido.
Broquetas señaló que en la actualidad el “clima de memoria social dominante es otro”, sobre todo a partir del “salto” que significó la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en 2017, que alcanzó más condenas, a la vez que se lograron nuevos hallazgos de restos de personas desaparecidas durante la dictadura. En ese marco, las Marchas del Silencio, que se realizan cada 20 de mayo, se transformaron en multitudinarias.
Críticas a la Justicia y a la historia
La historiadora puso en cuestión las declaraciones de los dirigentes políticos que apuntan contra la actuación de la Justicia. Dijo que “parece ser una cuestión concertada” en “un ciclo que concentra la opinión de actores políticos y sociales de relevancia”, y “es preocupante”, porque busca “deslegitimar al Poder Judicial” y también “atacar a la investigación histórica”.
“Me parece realmente preocupante que a 25 años de una acumulación de evidencia histórica, también de causas judiciales que se hicieron de acuerdo al debido proceso, circulen públicamente y como con cierta impunidad las cosas que hemos escuchado; es gravísimo”, opinó Broquetas, para quien esos discursos deben inscribirse en la lucha de algunos actores políticos por la revisión del pasado.
Para la académica, los procesamientos judiciales, las excavaciones y la aparición de desaparecidos, así como el conocimiento de nuevos documentos, libros que se escribieron sobre el pasado reciente y el trabajo científico contrastan con las “opiniones temerarias sin ningún sustento” de dirigentes políticos, que “en muchos casos faltan a la verdad”.
En entrevista con el programa Desayunos informales de Canal 12, el pasado 2 de setiembre, Perciballe describió los cuestionamientos como “presiones” a la Fiscalía y el Poder Judicial. “Lo primero que tenemos que reflexionar es cómo legisladores y en el Parlamento Nacional organizan conferencias de este tenor cuando van en contra de lo que es la obligación del Estado”, dijo, en relación con la obligación internacional de colaborar con las investigaciones para perseguir los crímenes de lesa humanidad. Esto quedó establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el “caso Gelman”, que responsabilizó al Estado por el secuestro y la desaparición de María Claudia García.
Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades, Nicolás Duffau, que hace más de una década publicó un trabajo denominado La justicia en contextos autoritarios. El caso Uruguay junto con el exdecano Álvaro Rico, dijo que “el cuestionamiento a las autoridades judiciales es algo que marca la tónica política en la historia del Uruguay” y “es permanente” desde la creación de la Suprema Corte de Justicia.
A su entender, “no es algo novedoso”, aunque “puede haber mayores énfasis en algunas etapas”. Como ejemplo, mencionó que desde fines de la década de 1960 la Suprema Corte pasó a ser un “enemigo político” de los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry (1967-1973), donde hubo un “intento tenaz” por algunos actores políticos de “someter” a la Justicia a sus mandatos y “restringir su actuación”, sobre todo en “causas de tipo político”.
Duffau también señaló que, en la actualidad, las críticas “tienen otro énfasis” porque “hay un cuestionamiento a una fiscalía especializada”.
El reclamo de prisión domiciliaria
En los últimos años, un asunto que ha estado sobre la mesa de la discusión política fue la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria para los adultos mayores, a partir de diversas propuestas legislativas, un beneficio que incluiría a los condenados por delitos cometidos durante la dictadura presos en Domingo Arena.
Sobre el final del último evento de La Justicia en Debate, el 9 de agosto, Bordaberry adelantó que presentaría un aditivo a la Rendición de Cuentas para otorgarle prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. “No es una cuestión de un beneficio para nadie, es una cuestión de justicia para todos”, dijo, y agregó que esperaba que “todos los partidos de la oposición lo voten”. En relación con el Frente Amplio (FA), dijo que “no tienen los huevos” para votar una norma sobre prisión domiciliaria que incluya a los presos de Domingo Arena.
A partir de sus dichos, el FA señaló en una declaración que “no es justicia para todos”, como dijo Bordaberry, “sino una excepción dirigida a quienes durante décadas se beneficiaron del silencio, la impunidad y la falta de colaboración en la búsqueda de los detenidos desaparecidos”. La fuerza política reiteró que “quienes están recluidos en Domingo Arena no son presos políticos”, porque “fueron investigados, procesados y condenados por la Justicia uruguaya, en democracia, con derecho a defensa y todas las garantías del debido proceso”.
Búsqueda consultó al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien aclaró que no escuchó ni participó de los eventos, pero dijo que le “llama poderosamente la atención” que ninguna de las iniciativas que reclaman desde la oposición, como la prisión domiciliaria para adultos mayores, fue votada por la coalición en el gobierno anterior, “pese a tener mayoría en ambas cámaras”. Díaz, que era fiscal general cuando se creó la sede especializada en crímenes de lesa humanidad y antes trabajó como juez, desestimó las críticas al sistema de Justicia: “Tengo la más absoluta total confianza en el funcionamiento de la Justicia y en particular del Poder Judicial, sin perjuicio que cualquier fallo puede ser criticado”. Aseguró que el Poder Judicial es “absolutamente independiente” y que es “necesario respaldarlo en un sistema democrático y republicano”.
“Habrá fallos que podrán a uno gustarle o no, pero se han pronunciado jueces en primera instancia, segunda instancia y la Suprema Corte de Justicia”, señaló.
Durante los eventos en el Parlamento, quienes están recluidos en Domingo Arena han sido presentados como presos políticos. Incluso, los eventos son transmitidos por el canal de YouTube denominado “Prisioneros políticos Uruguay” y los links a las transmisiones realizadas por esa cuenta han sido reproducidos en noticias publicadas en la página web del Parlamento.
Fuentes de Fiscalía señalaron a Búsqueda que los últimos eventos en el Parlamento y las declaraciones de dirigentes políticos con cuestionamientos al sistema de Justicia son “presiones” que empezaron a aparecer luego del inicio del trabajo de la sede especializada, que derivó en un “aumento significativo de procesamientos y condenas” y “movió todo el avispero”. A partir de las condenas, se iniciaron denuncias administrativas contra el fiscal Perciballe, pedidos de recusación, de informes y la solicitud de beneficios para los presos en Domingo Arena, como la prisión domiciliaria.
En ese sentido, Broquetas señaló que la “punta de lanza” de los proyectos para “tratar de amnistiar” a los presos de Domingo Arena durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) era Cabildo Abierto —porque antes esos discursos eran “muy marginales”— y que con “la implosión” de ese partido, que ya “no tiene la presencia que tuvo en la legislatura anterior”, aparecieron “numerosas intervenciones tendientes a deslegitimar a la Justicia” como las de Bordaberry, Sanguinetti y Lacalle Herrera.
Fiscalía “en debilitamiento”
A la fiscalía especializada, que hasta ahora tiene como única competencia las causas de delitos de lesa humanidad en todo el país, se le sumará más trabajo. La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, anunció a principios de setiembre, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores que analiza el proyecto de Rendición de Cuentas, que frente a la falta de recursos le iba a “agregar competencias” a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que “tiene baja cantidad de causas”.
Mientras tanto, Ferrero resolvió trasladar —de forma temporal— a una de las fiscales adscriptas de la fiscalía dirigida por Perciballe. Desde julio, la fiscal Natalia Denegri trabaja en la Fiscalía de Homicidios de primer turno, y lo hará hasta el 18 de setiembre. Desde la Fiscalía de Corte señalaron que los movimientos temporales de fiscales son decisiones que se toman frente a una situación de escasez de recursos y que no se realizan con intención de desarmar la sede especializada.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió una declaración este martes 15 en la que respalda el trabajo de Perciballe y cuestiona las decisiones de Ferrero, que “alienta” el “progresivo debilitamiento” de la fiscalía especializada. Esa sede investiga 25 causas que se rigen bajo el Código del Proceso Penal actual y otras 125 bajo el antiguo código que estuvo vigente hasta 2017.
En el comunicado, hacen mención al ciclo La Justicia en Debate, que “sólo sirvió para cuestionar los avances de la justicia”, bajo la “falsa acusación” de que se actúa sin pruebas. Según la organización, “apelando a la ley de caducidad, a la falta de garantías, o atribuyendo un espíritu revanchista, se busca deslegitimar una labor que se caracteriza por ser seria, cautelosa y otorga todas las garantías del debido proceso”. Y agregan: “Preocupa aquí el silencio y la omisión del poder político en emitir una respuesta ante estos embates”.
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