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Daniel Radío recibe apoyo como comisionado parlamentario, pero las normas exigen un nuevo proceso de designación
El Partido Nacional y el Frente Amplio promueven al vicepresidente del Inisa para el cargo, pero Pedro Bordaberry y Bettiana Díaz coinciden en que para un nombramiento se debe “clausurar” el procedimiento anterior e iniciar uno nuevo, en el que pueden surgir más candidatos
Ex secretario nacional de Drogas Daniel Radío. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
El sistema político reactivó semanas atrás las conversaciones para la designación de un comisionado parlamentario penitenciario, luego de que el cargo quedara vacante con la salida de Juan Miguel Petit en setiembre del año pasado y resultara frustrado el primer intento por nombrar un sucesor.
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Tras recibir a 16 candidatos, la comisión especial integrada por diputados y senadores de todos los partidos no alcanzó la mayoría de tres quintos de los votos para ninguno de ellos y el proceso quedó trunco a fines de 2025.
En los últimos días, dirigentes del Frente Amplio y el Partido Nacional avanzaron en un acuerdo para que sea nombrado Daniel Radío, informó El Observador. Radío integra el Partido Independiente, es el actual vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y, en el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue el secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
Fuentes nacionalistas dijeron a Búsqueda que existe una “aceptación general” sobre la figura de Radío por parte de todos los partidos políticos.
Clausura del proceso
Sin embargo, el senador colorado Pedro Bordaberry, que integra la comisión, planteó a Búsqueda que “todavía falta la clausura” del proceso que se inició el año pasado para designar un comisionado, lo que implica comunicar a la Asamblea General que no alcanzaron los votos necesarios para elevar un candidato. Cuando eso suceda, “se abre un nuevo procedimiento, con un nuevo llamado a postulantes”, y “se verá si alcanzamos o no los tres quintos de los votos”, explicó.
Consultado sobre la posibilidad de que sea Radío, Bordaberry dijo que cuando lo nombraron en el Inisa todos los partidos hablaron “maravillas de él”, porque existe un buen concepto entre blancos, frenteamplistas y colorados. “No podemos considerar un nombre hasta que no se termine el proceso actual y se inicie un nuevo proceso”, porque “de repente aparece alguien mejor”, dijo.
Consultada por Búsqueda, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz coincidió en que los pasos formales que se deben dar son confirmar la falta de acuerdo en el proceso anterior en una sesión de la Asamblea General e iniciar un nuevo proceso de designación.
Lo que dice la norma
La ley que creó la figura del comisionado parlamentario penitenciario establece como requisitos que debe ser un ciudadano uruguayo, de 35 años como mínimo, y ser una persona “con reconocida especialización en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad”.
También establece que luego de constituida una comisión especial —como la que se creó en octubre de 2025—, la Asamblea General tiene un plazo de 15 días para proponer precandidatos. Luego, ciudadanos particulares y organizaciones sociales disponen de 30 días para presentar otros nombres u opinar sobre los precandidatos. Finalmente, la comisión cuenta con otros 30 días para elevar a la Asamblea General la propuesta del candidato, una resolución que tiene que ser adoptada por tres quintos de los integrantes.
Cuando resultaron elegidos Petit y su predecesor, Álvaro Garcé —que fue el primer comisionado en 2005—, los legisladores, antes de tomar una decisión, entrevistaron a cada postulante. Ambos fueron votados por unanimidad y reelegidos en un segundo período, el máximo permitido por la ley.
Informes guardados
Mientras tanto, la Oficina del Comisionado Parlamentario continúa funcionando, aunque con limitaciones y de forma estrictamente administrativa.
El equipo técnico realiza las visitas semanales a las unidades penitenciarias de la zona metropolitana y después del receso parlamentario también retomaron las visitas al interior del país. Además, la oficina recibe denuncias y planteos de privados de libertad, familiares, abogados y organizaciones sociales. Esos casos son manejados de forma individual a través de notas que envían a los organismos competentes. Sin embargo, tienen las atribuciones recortadas porque no cuentan con las potestades que la ley asigna al comisionado.
En concreto, no pueden emitir recomendaciones formales a los organismos del Estado frente a irregularidades detectadas sobre problemas estructurales que detectan, por ejemplo, por malas condiciones de reclusión, dificultades en el acceso a la defensa, o problemas de salud, señalaron a Búsqueda fuentes de la oficina. Tampoco pueden elaborar habeas corpus o promover acciones de amparo.
Los informantes agregaron que durante estos meses hicieron informes, que están guardados para ser entregados al futuro comisionado parlamentario.
