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Decisión de Fiscalía de no publicar formalizaciones “oscurece el trabajo” y restringe el acceso a información
En asamblea los fiscales discutirán si el gremio comienza a publicar los documentos; organizaciones como Cainfo y Amnistía Internacional también se oponen a la resolución de Fiscalía
La decisión de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, de dejar de difundir las solicitudes de formalización cuando hay personas imputadas por cometer delitos en causas que son de interés público, tomó por sorpresa a organizaciones que abogan por la libertad de expresión e incluso a los propios fiscales.
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En una asamblea que realizaron este lunes 7 de abril para tratar la negativa del Ministerio Público a otorgar licencia para cuidado de familiares enfermos y regular el medio horario para lactancia que llevó a los fiscales a declararse en conflicto, el asunto se habló “tangencialmente” debido a que varios fiscales tomaron la palabra y expresaron su preocupación, según confirmaron a Búsqueda cinco participantes. Sin embargo, por cuestiones formales, debido a que no se encontraba en el orden del día, no hubo un tratamiento y un pronunciamiento del gremio al respecto, aunque será el tema central de una nueva asamblea el próximo 23 de abril.
En esa instancia, analizarán la posibilidad de que, frente a la decisión de Ferrero, el gremio comience a publicar los documentos, un planteo que surgió en el marco de la asamblea. El presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, dijo a Búsqueda que sería para cuando un colega quiera “darle publicidad a su trabajo” y que en esos casos la página web de la asociación sea el canal para difundirlo.
El vicepresidente del gremio, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a Búsqueda que la decisión de Ferrero es un “tema trascendente” y que él está “totalmente en contra”. Argumentó que se debe “abogar en todos los ámbitos por la transparencia”, sobre todo si se trata de instancias judiciales que son públicas y se dan en el marco de un Código del Proceso Penal (CPP) que tiene como uno de los principios la publicidad. El fiscal hizo referencia también a las normas nacionales e internacionales que protegen el derecho a la información de los ciudadanos y aseguró que, si se trataba en la asamblea, “hubiera salido una decisión en contra” a la de Ferrero.
“La gran mayoría está en desacuerdo con la decisión de la Fiscalía”, porque “oscurece el trabajo” de los fiscales y “vulnera el CPP”, porque “uno de los principios principales es el de la publicidad, que busca la transparencia”, agregó otro fiscal que prefirió mantener el anonimato.
Rosa dijo que son muchos los fiscales que discrepan con la resolución porque “se está poniendo un oscurantismo en el trabajo”.
Principio de inocencia, no
El cambio en la política de comunicación institucional de la Fiscalía General de la Nación fue informado la semana pasada en el Parlamento, aunque no se emitió una resolución por escrito, según confirmaron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público, y se tomó en el marco del caso del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi. La fiscal de Corte aseguró ante los legisladores de la Comisión de Asuntos Políticos del Senado que la determinación de no publicar las solicitudes de formalización y resolver informar sobre los casos únicamente luego de que exista una sentencia de condena busca respetar el principio de inocencia de los imputados.
Para Perciballe, el principio de inocencia “es de una persona” y “entra en colisión con el derecho de toda la ciudadanía a saber lo que pasó”. Además, consideró que la solicitud de formalización —el escrito que detalla los presuntos delitos que se quieren investigar, los hechos y los presuntos responsables— “no está diciendo que es culpable”, sino que “hay elementos suficientes” para iniciar una investigación penal. “Si se informa en esos términos, ¿por qué está atacando el estado de inocencia? Es un argumento traído de los pelos”, dijo.
En una línea similar se expresó Rosa: “No tiene nada que ver con el principio de inocencia”.
Un retroceso en el acceso a la información
Para el presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Fabián Werner, la resolución de la fiscal de Corte es “un retroceso en materia de derechos” y “claramente una restricción al acceso a la información pública”, porque significa un “obstáculo adicional” para los periodistas y también para la población en general, porque “no evita que puedan acceder”, pero “retrasa la publicación y limita su acceso”.
En el mismo sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pérez Chabaneau, dijo a Búsqueda que se “dificulta la labor periodística”, que es la que “alimenta el derecho a que la ciudadanía pueda acceder a la información”.
“Es una cadena de elementos que van en detrimento de la transparencia del Estado, en una función muy importante que tiene que ver con el acceso a los procesos judiciales y va a contracorriente de lo que se espera”, sostuvo.
Pérez Chabaneau consideró que la decisión de la fiscal de Corte “se aparta del principio de transparencia y de acercamiento que está en el espíritu de la reforma del CPP, de acercar los procesos judiciales a la ciudadanía”, más cuando se tratan casos de corrupción, “donde hay una suposición de un uso indebido del aparato del Estado y de los fondos públicos”.
Hasta ahora, cuando surgían causas penales de interés público la Fiscalía daba información y difundía las solicitudes de formalización en su página web o lo hacían los propios fiscales. Con esta nueva política, la instrucción del Ministerio Público es que la prensa concurra a las audiencias judiciales o a los juzgados correspondientes con un pendrive, para obtener esa información de las audiencias. Ese mecanismo hace más “engorroso” el acceso a la información pública, dijo un fiscal consultado por Búsqueda.
Werner señaló que el cambio “se da en un contexto de cuestionamiento a la labor de la prensa por las críticas a la filtración de información de las causas judiciales”, como en los últimos años ha ocurrido en grandes casos como el de Alejandro Astesiano o Gustavo Penadés, cuando “en realidad es algo que existió siempre”.
“Hacer énfasis en eso claramente busca evitar o tratar de influir en los periodistas para que no informen sobre causas judiciales”, afirmó. Para el presidente de Cainfo, tiene un “efecto particularmente grave” en causas de interés público vinculadas a corrupción, como la que llevó al exintendente de Soriano y a otros seis jerarcas de la comuna a ser imputados, el primer caso que tuvo un tratamiento distinto porque la Fiscalía no publicó información ni difundió la solicitud de formalización.
“Consideramos que es una decisión que debería revertirse, y respetarse el carácter de oral y público de las audiencias en este tipo de casos, tratando de que sea lo más abierto, lo más transparente y público posible”, dijo Werner.
