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Distribución del fondo de ONU para Pérdidas y Daños de eventos climáticos no favorece a Uruguay, que peleará “migajas”
La directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Souza, afirma que la instrumentación acordada días atrás deja a Uruguay y a otros países de América Latina continental fuera de las prioridades de financiamiento
Temporal en Castellanos dejó cerca de 80 construcciones afectadas tras vientos de 100 km/h
Luego del temporal ocurrido el pasado jueves 17, que afectó especialmente las zonas productivas de los departamentos de Canelones, Florida y Lavalleja, autoridades del Consejo Agropecuario Departamental (CAD), encabezado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, y la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, se reunieron con el objetivo de definir nuevas acciones de ayuda. Entre distintas consecuencias que aún están siendo relevadas, el evento climático dejó como consecuencia cerca de 80 construcciones dañadas, la muerte de decenas de ovinos y casi 90 familias desplazadas.
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Tras el encuentro, Fratti dijo en rueda de prensa que el Fondo Agropecuario de Emergencias del MGAP “no tiene un peso para este año y el año que viene, porque ya se gastó”, y que “habrá que ver en el presupuesto” si logran convencer al ministro de Economía, Gabriel Oddone, “para tener un refuerzo”. Según explicó, debido a la falta de recursos “hay que ingeniarse” para determinar cómo se puede ayudar, por ejemplo, a los cerca de 100 productores damnificados.
Para acceder a recursos que permitan afrontar situaciones y necesidades de este tipo, Uruguay —igual que varios países del continente— tenía altas expectativas en la reciente aprobación de la fase de arranque 2025-2026 del tan esperado Fondo para Pérdidas y Daños acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubái (COP28). El objetivo del fondo es, justamente, ayudar a los países más pobres a hacer frente al costo de las pérdidas y daños causados por desastres naturales relacionados con unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas, desde el paso de un huracán hasta inundaciones, sequías o incendios, entre otros eventos.
Sin embargo, la forma en la que será instrumentado, gestionado y puesto en marcha, y bajo qué condiciones —que fue discutida en la quinta reunión de la Junta Directiva del Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños celebrada en Barbados del 8 al 10 de abril—, no satisface las expectativas de Uruguay.
Asignación de recursos
Los representantes uruguayos presentes en el encuentro participaron como asesores de Brasil dentro del grupo Sur. Una de ellas fue la directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Souza. Según explicó a Búsqueda, la fase de start-up implicará una dotación de US$ 250 millones para los primeros dos años operativos (2025-2026) y se basará en las subvenciones o donaciones como su principal instrumento financiero, dejando préstamos para la siguiente fase. Pero lo que generó descontento, sobre todo, es cómo se asignarán los recursos: se aprobó un “piso mínimo” del 50% para los “pequeños estados insulares en desarrollo” (SIDS, por sus siglas en inglés, que contemplan sobre todo a islas del Caribe y Asia Pacífico) y para los países menos desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés).
“Esto fue una decisión polémica, ya que no se aprobaron topes claros por país o región”, comentó Souza. Además, dijo que al destinarse la mitad del fondo a esos territorios, todos los demás países del mundo afectados por situaciones de pérdidas y daños, incluido Uruguay, deberán repartirse el otro 50%. “Los países en desarrollo vamos a terminar peleando por migajas (...). Los acuerdos alcanzados no favorecen ni a Uruguay ni a los países en desarrollo de América Latina”, opinó.
Souza señaló que los SIDS y los LDC son los “ganadores geopolíticos” de las condiciones acordadas en Barbados para la instrumentación e implementación del fondo, así como los actores multilaterales tradicionales como el Banco Mundial, la ONU, el BID y entidades acreditadas en el GCF/GEF, quienes podrán conservar su rol central como implementadores. Sin embargo, señaló que los grandes “perdedores” serán los países de América Latina continental, especialmente aquellos de renta media que no están contemplados dentro de esas categorías, ya que, si bien “tienen una alta vulnerabilidad, no quedaron incluidos en el piso de financiamiento”.
“Es positivo que el fondo ya esté operativo, valoramos que esté en marcha. Pero aún enfrentamos desafíos estructurales si queremos que realmente sea accesible, equitativo y eficaz en contextos de emergencia. Uruguay reconoce la situación crítica de los SIDS y LDC, pero advertimos que los impactos climáticos no conocen categorías de ingreso. Existen comunidades extremadamente vulnerables en América Latina que hoy no están explícitamente incluidas”, consideró. En esa línea, dijo que es necesario “avanzar hacia un fondo previsible, sostenible y realmente capitalizado, con contribuciones nuevas, adicionales y no sujetas a reasignaciones de otras fuentes”.
“Aunque algunos representantes de América Latina manifestaron en privado su inquietud, durante la sesión de aprobación en Barbados no se expresaron objeciones formales”, lamentó la directora, y aseguró que Uruguay insistirá en la necesidad de que todos los países en desarrollo tengan oportunidades reales de acceder al fondo.
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Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático
EFE
Situación actual
Si bien el monto operativo actual del fondo asciende a US$ 250 millones para utilizarse hasta finales de 2026, los aportes prometidos a más largo plazo con relación a los depositados “aún son insuficientes” y existen “demoras significativas de los países desarrollados en cumplir compromisos”, señaló Souza. “Se prometieron US$ 700 millones y al momento solamente hay depositados US$ 362 millones. El resto de la plata aún no apareció”, cuestionó. Estados Unidos, por ejemplo, fue uno de los países que en marzo de este año resolvió retirarse del fondo a pedido de su presidente Donald Trump, luego de aportar solamente US$ 17,5 millones.
En ese sentido, Souza dijo que la importancia de que el fondo se maneje bajo modalidad de donación en lugar de préstamo responde a la idea de que los países que sufren los daños del cambio climático no deberían tener que destinar dinero a los desastres causados por este fenómeno, “sobre el cual tienen responsabilidades diferenciadas” respecto a los países más ricos. “No deberían invertir en reconstruir sus ciudades con dinero que iban a invertir en educación o salud, porque ese desvío implica para muchos quedarse muy atrás en otros indicadores de desarrollo”, opinó.
Algunos de los próximos pasos clave de cara a la instrumentación del fondo serán la creación y publicación de un manual operativo completo, así como la aprobación de la primera ronda de proyectos piloto (a los que se destinarán entre US$ 5 y US$ 20 millones cada uno), cuya definición está prevista para la COP30 que se celebrará este año en Belém do Pará, Brasil.
En ese marco, Souza dijo que algunas de las prioridades estratégicas de Uruguay hacia la conferencia serán fortalecer el financiamiento climático basado en desempeño, consolidar instrumentos financieros innovadores —como los bonos soberanos indexados a indicadores climáticos y el desarrollo de bonos azules—, impulsar la implementación efectiva del Fondo de Pérdidas y Daños “con acceso real para países de renta media” y exigir que el “principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas” se traduzca en mecanismos concretos de financiamiento, tecnología y cooperación técnica.
