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Ediles frenteamplistas quieren que el Ejecutivo compense a intendencias por exoneraciones a iglesias y a la educación privada
Una propuesta de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo será elevada al Congreso Nacional de Ediles, entre 2017 y 2022 las exoneraciones ascendieron a US$ 26 millones en la capital
En setiembre, la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó elevar al Congreso Nacional de Ediles (CNE) una propuesta que busca incluir una nueva partida en el Presupuesto Nacional que reciben los gobiernos departamentales. Se trata de una iniciativa llevada adelante por los ediles frenteamplistas Claudio Visillac y Federico de la Peña, ambos de Asamblea Uruguay, que había sido presentada en diciembre de 2023 ante la Comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta y que logró llegar al CNE el pasado 23 de setiembre.
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De la Peña explicó a Búsqueda que la propuesta refiere a las exoneraciones de impuestos departamentales que realizan las intendencias al amparo de los artículos 5 y 69 de la Constitución de la República. Si bien la Constitución prevé que el Estado “no sostenga religión alguna”, también declara exentos de toda clase de impuestos municipales “a los templos consagrados al culto religioso” y exonera de impuestos nacionales y departamentales a “las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza”.
La propuesta de los ediles, aprobada en comisión y luego en el plenario de la JDM para su comunicación al congreso nacional, busca compensar mediante mecanismos previstos constitucionalmente —como es la asignación de partidas del Presupuesto Nacional a los gobiernos departamentales contempladas en el numeral 13 del artículo 297— parte de lo exonerado por las intendencias bajo este concepto para volcarlo a demandas de servicios e infraestructura en cada departamento.
“Según información obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública, constatamos que entre 2017 y 2022 la IM (Intendencia de Montevideo) exoneró por concepto de los artículos 5 y 69 más de US$ 26,6 millones (US$ 2.626.074 y US$ 23.986.114, respectivamente)”, señaló De la Peña, dinero que a su entender podría haberse destinado a los distintos cometidos del gobierno departamental.
Esto se debe, agregó, a “las enormes dificultades de financiamiento” que tienen las intendencias para llevar adelante sus objetivos, al depender en muchas ocasiones de la aprobación de créditos externos. En esa línea, entienden que “no se puede hablar de autonomía departamental” si los gobiernos locales no tienen los recursos para cubrir las necesidades inmediatas de sus habitantes en materia de limpieza, espacio público, calles y veredas, razón por la que buscan “poner sobre la mesa esta discusión como puntapié para disparar la creación de más propuestas”.
“Esto pretende iniciar la reflexión sobre esta problemática financiera y, si el CNE lo entiende pertinente, que lo comience a tratar”, agregó el edil. La propuesta todavía no fue tratada en el CNE. Sus promotores esperan que una vez discutida se traslade al Poder Ejecutivo y sea considerada en la elaboración del Presupuesto del gobierno entrante.
Sobre una eventual contradicción con las disposiciones constitucionales, la fundamentación jurídica de la propuesta señala: “Mientras se cumpla con el mandato constitucional de exonerar a los templos religiosos y a las instituciones culturales de los impuestos nacionales y departamentales establecidos en las respectivas disposiciones constitucionales, y se respete la potestad de los gobiernos departamentales de decretar y administrar los tributos (...), no existe vulneración alguna”.
El edil nacionalista Javier Barrios Bove, en cambio, dijo a Búsqueda que con esto el Frente Amplio busca “cobrarle al gobierno nacional exoneraciones que son constitucionales” y que son solventadas por cada intendencia, en función de los templos o las instituciones de enseñanza que tienen. Por eso, cuestionó que los ediles frenteamplistas “propongan ahora impulsar ese ‘pedido de ayuda’ al gobierno nacional, cuando nunca lo solicitaron durante los 15 años” en que esa fuerza política gobernó.
“Es ilógico que la IM, que es la intendencia que más recauda, con casi US$ 2 millones por día, quiera más plata. Es dinero de los contribuyentes que la comuna invierte mal, y por eso le quiere pedir al papá gobierno nacional que le dé más”, criticó.
