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El Mides quiere volver a separar las secretarías de Cuidados y Discapacidad
La propuesta, que implica deshacer la fusión que implementó el gobierno de Lacalle Pou, está siendo analizada por el Ministerio de Economía de cara al Presupuesto
Federico Graña y Gonzalo Civila, durante la asunción de las autoridades del Mides.
La Secretaría de Cuidados y Discapacidad podría volver a dividirse en dos. Esa es al menos la aspiración del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que propuso ese cambio para que, si tiene el visto bueno del Ministerio de Economía, sea incorporado en la futura Ley de Presupuesto que el gobierno enviará la semana que viene al Parlamento.
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El tema formó parte de las Bases Programáticas del Frente Amplio anunciadas durante la campaña electoral. Allí se planteó “consolidar la dirección interinstitucional del Sistema de Cuidados y restituir el funcionamiento de la Junta de Cuidados”, y separar “la institucionalidad de cuidados y discapacidad, fortaleciendo ambas áreas”. Además, las Bases Programáticas indicaban que las “políticas universales” debían incorporar la “perspectiva de discapacidad”, con centros de salud accesibles, centros educativos que contemplen la diversidad y un mercado laboral accesible.
Las secretarías de Cuidados y Discapacidad se crearon de forma separada, pero fueron unificadas a través del artículo 495 de la Ley de Presupuesto de 2020, del gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou. La fusión provocó un intenso debate político y social. En aquel momento, el entonces titular del Mides, Pablo Bartol, justificó esa medida y otras tomadas por la cartera. En una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, el 30 de setiembre de ese año, el jerarca dijo que se buscaba asemejar su estructura a la de un “ministerio normal”, con “unidades ejecutoras que sean direcciones nacionales, y que cada una de ellas pueda fijar políticas en sus áreas”.
La decisión generó el rechazo de organizaciones sociales, como el Comité Consultivo de Cuidados y la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Uruguay, que se expresaron en contra de la fusión. Hoy, dicha secretaría es presidida por la expresidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado Susana Muñiz.
Sumado a eso, los cambios impulsados por Bartol fueron motivo de otras críticas por parte de la oposición: el aumento de las unidades ejecutoras del Mides, que en los hechos trajo aparejado un incremento salarial de los directores de los organismos. Esto porque previo a 2020 la secretaría de Estado contaba con solo tres unidades ejecutoras: la Dirección General de Secretaría, la Dirección de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Alimentación.
Pero la Ley de Presupuesto 2020 reemplazó varias jerarquías del Mides por directores de unidades ejecutoras. Así ocurrió con las direcciones nacionales de Desarrollo Social, de Protección Social y de Transferencias y Análisis de Datos, los institutos nacionales de las Mujeres, de Personas Mayores y de la Juventud, además de la ya mencionada Secretaría de Cuidados y Discapacidad. El Mides pasó así a tener nueve unidades ejecutoras, cuyos directores tienen sueldos previstos por ley con base en los de los ministros: ganan un 60% de lo que percibe el titular de la cartera. Un año después, durante la rendición de cuentas de 2020, se agregó una nueva unidad ejecutora: la Dirección Nacional de Gestión Territorial.
Durante el debate presupuestal de 2020, Bartol justificó en una entrevista con Canal 12 que el ministerio redujera las direcciones de 14 a nueve, y que debían tener una “función ejecutora” a la vez que su salario debía igualarse con el resto de los ministerios para “generar equidad” con el resto de las carteras, ya que los “funcionarios del Mides” eran los “peor pagos de toda la administración central”.
Ahora, si el cambio propuesto por el Mides se llega a concretar, se crearía una nueva unidad ejecutora en la cartera, dado que la actual Secretaría de Cuidados y Discapacidad pasaría a formar dos oficinas diferentes. El ministerio no envió a Economía ninguna propuesta para eliminar unidades ejecutoras. No obstante, según explicaron fuentes de la cartera, sí se presentará un artículo que facultará al ministerio a realizar una “reestructura”, en donde se podría analizar en detalle el organigrama del ministerio.
El Mides hizo 27 contrataciones directas
Además de los llamados cargos Q, calificados como “de particular confianza”, el Mides realizó en lo que va del gobierno 27 contrataciones directas a través de un convenio vigente con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Búsqueda accedió a esos datos a través de un pedido de acceso a la información pública.
Las contrataciones “se celebraron a efectos de asignar algunos de los roles o necesidades funcionales que fueron cubiertas de este mismo modo en la administración anterior y quedaron vacantes al 28/2/2025”, dice la respuesta al pedido de acceso, firmada por Marcos Montero, gerente del Área de Gestión Humana de la cartera.
En su respuesta, el ministerio incluyó los cargos y los salarios de las contrataciones directas (cuyos compromisos vencen en diciembre de 2025, aunque pueden ser renovados), pero no informó los nombres de las personas que los ocupan. En total hay cinco cargos con salarios equivalentes a gerentes, que ganan, sin incluir el IVA, $ 170.899 mensuales. Entre ellos figura, por ejemplo, el gerente de Promoción Sociolaboral, el excandidato a edil Camilo Álvarez.
También se incluyen 10 contratos con salarios equivalentes al grado 16 del organismo, con salarios de $ 149.988. Estos contratos incluyen a los adjuntos a varias direcciones, además de directores. Por ejemplo, el director de Derechos Humanos de la cartera, Nelson Villarreal, y la directora de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, Leticia Rodríguez Taborda. También están contratados de esta forma tres de los seis coordinadores regionales del ministerio, entre quienes se encuentran la exintendenta de Artigas y exsenadora Patricia Ayala y el exdiputado socialista Gonzalo Malán.
La nómina tiene además nueve salarios de nivel A15 ($ 137.933), que incluye principalmente a asesores y a la coordinadora de prensa de la Dirección General de Secretaría del Ministerio, la experiodista de TV Ciudad Julieta Núñez. Por último, hay cuatro contratos A14 ($ 126.852), que abarcan a secretarios y asesores, además del coordinador logístico del Instituto Nacional de la Juventud.
