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    El PIT-CNT prepara la segunda etapa de su campaña sobre seguridad social con informes legales y económicos

    El movimiento sindical le encargó al Instituto Cuesta Duarte un proyecto de reglamentación y un análisis del impacto financiero

    Mientras la Corte Electoral avanza en el proceso de verificación de las firmas entregadas en respaldo a una iniciativa de plebiscito sobre seguridad social, el PIT-CNT ya prepara a nivel interno la segunda etapa de la campaña que prevé desarrollar para que la consulta popular tenga una buena votación en octubre. El trabajo que planifican el movimiento sindical y sus aliados —la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), entre otros— tomará como base dos informes, uno legal y otro económico.

    El plebiscito propuesto consiste en una enmienda constitucional de tres principios: establecer a los 60 años de edad y 30 de trabajo el derecho a acceder a la causal jubilatoria, equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Durante la campaña de recolección de firmas, la certeza jurídica y el financiamiento del sistema previsional fueron los principales focos de críticas de parte de especialistas y referentes del gobierno a la propuesta de plebiscito. También figuras de algunos sectores del Frente Amplio e incluso del movimiento sindical —o allegados— plantearon cuestionamientos.

    En las últimas semanas, la dirigencia del PIT-CNT le encomendó al Instituto Cuesta Duarte que elaborara dos documentos para generar insumos que despejaran dudas sobre la iniciativa y que sirvieran como base argumental. Según dijo a Búsqueda el dirigente Sergio Sommaruga, los técnicos del instituto ya entregaron versiones en borrador de ambos trabajos, que ahora están siendo analizados por los integrantes del comando de la campaña. También le solicitaron aportes a otros técnicos que ya colaboraron con la iniciativa en la primera etapa, como el abogado Juan Ceretta y el economista Antonio Elías.

    La semana próxima el comando discutirá posibles aportes y modificaciones a los informes para llegar, una vez pasadas las elecciones internas, a una versión definitiva.

    El informe jurídico, según dijo Sommaruga, incluirá un proyecto de reglamentación de la enmienda constitucional planteada. De esa manera buscan que la iniciativa esté acompañada de una “precisión” mayor que deje claro el llamado “espíritu del legislador” sobre algunos puntos. A nivel económico, señaló que el trabajo del Cuesta Duarte dejará claro que la “estructura de costos” de los cambios planteados en el plebiscito es “significativamente menor” a la señalada por quienes lo cuestionan.

    Una vez que estos documentos estén aprobados, el PIT-CNT tiene previsto pedir una reunión a cada partido político para presentárselos. En esos encuentros también intentarán promover una especie de “pacto de no agresión” y un debate con argumentos, algo que entienden que no se cumplió en la primera fase de discusión.

    El sábado 27 de abril, los promotores del plebiscito entregaron en el Parlamento unas 430.000 firmas. Para que haya plebiscito la ley marca que se debe alcanzar un apoyo equivalente al 10% del padrón electoral habilitado: 276.151 personas, según la Corte Electoral.

    De acuerdo con el informe de avance de verificación que ese organismo publicó el martes 18, hasta ahora fueron aceptadas 220.647 firmas, rechazadas 73.150, y 9.573 están en proceso de análisis. Hasta ahora fueron ingresadas 303.370 del total de firmas presentadas por los promotores.

    Analizan suspensión del sindicato policial

    En última reunión de la Mesa Representativa del PIT-CNT, llevada a cabo el jueves 13, un grupo de ocho sindicatos presentó una moción para suspender todos los derechos del Sindicato Policial Nacional (Sipolna) hasta el próximo congreso del movimiento sindical, previsto para mayo de 2025. Por mayoría, con dos abstenciones, se aprobó que el planteo baje a consideración de las filiales y sea tratado para una resolución definitiva en la siguiente Mesa Representativa.

    La propuesta de suspensión —sobre la que informó el periodista Eduardo Preve en su cuenta de X— es consecuencia de la represión policial a una movilización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) el 5 de junio a las afueras del Ministerio de Trabajo. En esa jornada, los efectivos policiales dispararon munición no letal que lesionó a algunos manifestantes para permitir el tránsito por la calle Juncal.

    “No es la primera vez que esto ocurre. (...) Ya sabemos que hay un grupo minoritario dentro del PIT-CNT que no ve con buenos ojos que nosotros estemos dentro de la central. Era de esperarse”, dijo la presidenta del sindicato policial, Patricia Noy, a Radio Monte Carlo.

    El Sipolna pidió ser recibido por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para conversar sobre el episodio de la calle Juncal. Esta instancia está prevista para la primera reunión de ese organismo en el mes de julio.

    Aunque integra la Mesa Representativa del PIT-CNT, el Sipolna no suele concurrir a sus reuniones. De hecho, sus representantes no asistieron a la reunión en la que se planteó su suspensión. Tras un período de alejamiento del movimiento sindical, los trabajadores policiales se habían propuesto volver a acercarse al movimiento sindical, un paso que todavía no se ha consolidado.