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    sábado 08 de junio de 2024

    “Regresiva”, “injusta” y riesgo de “terremoto”: dos expertos cuestionan reforma jubilatoria del PIT-CNT

    Jimena Pardo y Miguel Pezzutti, que integraron la comisión que preparó la reciente reforma, disertaron en el lanzamiento de una nueva asociación de expertos en la temática

    Abriendo la charla y antes de presentar la nueva asociación, su secretaria informó a los presentes que podrían participar en un sorteo. Desde la mesa de expositores uno bromeó: “Una jubilación”. Entre las risas de los presentes en el evento, ella aclaró, siguiendo la chanza: “La jubilación es un poco más complicada”, y precisó que lo que lo que sortearía sería un curso de capacitación.

    Pero la presentación pública de la Asociación de Estudios de la Seguridad Social del Uruguay (Aessu) efectuada a fines se mayo estuvo enmarcada en un tema serio: la coyuntura del sistema jubilatorio uruguayo y sus desafíos a futuro. El régimen acaba de ser reformado por el gobierno para, gradualmente, ir hacia un sistema común que universaliza el ahorro individual obligatorio y con una edad mínima de retiro fijada ahora en 65 años, mientras una propuesta de plebiscito impulsada por el PIT-CNT apunta en la dirección opuesta, volviendo a los 60 años y eliminando las AFAP, entre otros cambios.

    En el evento Ariel Nicoliello, vicepresidente de la Aessu, hizo un “catálogo” de los “temas ausentes”, según él, de la agenda actual. Reivindicó el diálogo como “método” para hacer reformas jubilatorias. También planteó como inquietud “qué flancos o debilidades se abren cuando se aumenta la edad de jubilación”.

    “Tenemos visiones demasiado cerradas hacia un sistema multipilar, con ahorro individual obligatorio o un sistema de prestaciones definidas de carácter solidario. Y ahí nos quedamos. La propuesta del plebiscito es: ‘prohíbase todo el ahorro individual’ (…). Creo que están faltando más ingredientes”, señaló Nicoliello, un profesor adjunto de Derecho en Seguridad Social y exdirector de la Caja de Profesionales Universitarios.

    Por otro lado, señaló que si bien es necesario hacer “sostenible” desde el punto de vista financiero al sistema, también debe serlo desde una perspectiva “social y política”. Según Nicoliello, se requiere un acuerdo que lo haga duradero a largo plazo.

    “Combo” complejo. Jimena Pardo se alineó a la idea de que la solución a los “desafíos” del sistema debe surgir de un acuerdo social.

    Hablando a título personal, esta economista, que participó por el Frente Amplio en la Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS), que fue el germen del nuevo sistema jubilatorio común, dijo que el aumento de la edad a 65 “es un problema”, ya que en el mundo del trabajo actual “es muy difícil identificar los puestos de trabajo” o las profesiones que “van a estar amenazados” por los cambios tecnológicos. Citó una investigación hecha para países de la Organización para el Desarrollo Económico y Social (OCDE) según la cual, en aquellos que subieron la edad de retiro, la mitad de las personas siguieron trabajando y la otra mitad pasaron a “situaciones de desempleo, de enfermedad o de inactividad. Está claro que esto genera o problemas de cobertura de personas o también problemas financieros”, ya que hay que crear “beneficios” para quienes no logren los años mínimos requeridos, afirmó Pardo. Reconoció a su vez que el suplemento solidario creado por la reciente reforma tiene “mucho mérito”, aunque aseveró que “no recoge las preferencias de todo el sistema político”.

    Sobre el rol de las AFAP Pardo dijo que, sin poner en cuestión el ahorro individual como instrumento para autofinanciar parte de la jubilación personal, hay “mil posibilidades de mejora”.

    Luego cuestionó “problemas de forma” de la papeleta del PIT-CNT que recolectó más de 430.000 firmas y discrepó con incorporar a la Constitución el parámetro de 60 años como edad mínima para poder jubilarse. También tomó distancia en cuanto a su contenido. “Planteo claramente que no creo que cumpla su objetivo. La promesa de que nos vamos a jubilar a los 60 años” no se cumplirá, dijo, y alegó que, según las historias laborales, “la mitad de los trabajadores no va a llegar a los 60 años con 30 años de aportes, en especial mujeres, en especial trabajadores que tienen condiciones laborales peores”.

    Según la economista, la propuesta del PIT-CNT plantea eliminar el ahorro individual como instrumento “bajo la premisa de pagar jubilaciones más altas. Y acá me comprende las generales de la ley (…), yo creo que es una promesa que no es cumplible. La promesa es: el BPS absorbe los recursos que hoy están en las cuentas (en las AFAP) de los trabajadores, esos recursos duran poco en términos de la seguridad social —como mucho, en 20 años hay necesidades de financiamiento de US$ 4.000 millones— porque el BPS se compromete a pagar” las jubilaciones. Para Pardo, la reforma que se propone plebiscitar en octubre próximo es, además, “regresiva” e “injusta”.

    “Todo el combo de la propuesta” de reforma constitucional implica un “costo adicional” respecto a la situación actual de US$ 1.500 millones y, “en 20 años, un aumento de la necesidad de financiamiento de US$ 4.000 millones”, resumió. Y comparó: “Es una cantidad de recursos importantes” y es “cuatro veces más que lo que cuesta eliminar la pobreza infantil”.

    “Entendiendo lo que quiere plantear la propuesta de reforma constitucional, muchas de estas cosas no son factibles de lograr por más que la consigna sea de mucho arraigo en la gente”, cerró Pardo. Y llamó a “destacar” los aspectos que pueden corregirse por vía legal.

    “Estamos frente al efecto mariposa: cada modificación que incorporemos en la Constitución ahora va a ser un aleteo y va a mover algo que puede ser un terremoto dentro de 20 o 30 años”, afirmó por su parte Miguel Pezzutti, un abogado que también integró la CESS.

    La Aessu, surgida en marzo como una asociación civil, está integrada actualmente por unos 30 profesionales.