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El Informe Anual de 2023 sobre la situación del sistema carcelario, elaborado por el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, señala que existe un panorama de violencia generalizada en el sistema penitenciario, y que el hacinamiento, las condiciones de vida inadecuadas y la débil intervención técnica son un caldo de cultivo para que la violencia se vuelva evidente.
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En 2023 hubo 51 muertes bajo custodia, nueve más que el año anterior, lo que representa un aumento significativo en comparación con otros años, siendo el tercer año con más muertes desde que se tiene registro (después de 2021, con 86, y 2010, con 53). Sin embargo, si se analiza en relación con la cantidad de presos en vez de números absolutos, las cifras son algo más bajas que el promedio.
Entre las muertes que se registraron el año pasado, 17 fueron homicidios, 13 suicidios, dos fueron muertes accidentales y 19 no violentas.
En relación con las muertes violentas, el Penal de Libertad y el Comcar concentran el 75% del total. La cárcel de San José aparece “netamente identificada como la unidad con mayor número de muertes violentas relativa a su población, que representa el 8% de la población total y reúne el 31% de todas estas muertes”, indica el informe.
También hubo el año pasado unas 107 hospitalizaciones por heridas de eventos violentos, lo que representó un descenso significativo con respecto a las 157 de 2022. Entre ellas, 63 casos fueron por violencia interpersonal y 44 por lesiones autoinfligidas. Su distribución también muestra “con claridad la concentración de la violencia más extrema en ciertos establecimientos de reclusión”.
Muertos por negligencia
El informe aporta un análisis realizado por el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que plantea que en el 28% de las muertes violentas “se detectaron negligencias o fallas institucionales y/o asistenciales con manifiesta relación con el resultado letal”. Entre ellas hubo siete suicidios de personas privadas de libertad de “alto riesgo”, situaciones que eran conocidas por el sistema y en las cuales “no se tomaron medidas” preventivas.
Según los testimonios recabados por la Oficina del Comisionado Parlamentario, una de las víctimas fue una reclusa de 40 años, que requería medicación psiquiátrica pero no se le estaba administrando, por lo que se descompensó y provocó un incendio. También se incluye el caso de otra persona privada de libertad de 25 años que, según los relatos de sus compañeros de celda, estaba angustiada tras enterarse del fallecimiento de su hermano. Aunque tenía antecedentes de consumo problemático e intentos de autoeliminación previos, no se le había hecho una evaluación de riesgo.
“Surge de la información disponible que no se protegió la vida de esta persona pese a sus antecedentes”, dice el informe.
Sobre las muertes naturales, también se señala que son un motivo de preocupación, porque representan un 37% del total, lo que puede indicar un deficiente estado de la salud de la población carcelaria, malas condiciones de vida y falta de acceso a una atención médica oportuna y de calidad.
El documento incluye un caso de un recluso que ingresó al Hospital de Maldonado por un cuadro de un mes de tos. Los resultados de la tomografía fueron “altamente sugestivos de tuberculosis pulmonar en actividad”, y fue trasladado al Hospital de Treinta y Tres, donde falleció tres días después. El informe concluye que “los datos indican que no hubo una captación, tratamientos y derivaciones oportunas a nivel asistencial”.
Entre las recomendaciones, por la “urgente necesidad de reforzar la prestación de salud penitenciaria”, se propone crear un módulo especializado en salud mental e implementar carné de salud penitenciario, que facilite el seguimiento y la continuidad de la atención médica.
