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Primera clínica para presos adictos a la pasta base se instalará en el Comcar en marzo
En el módulo 9 de la cárcel funcionará una residencia para entre 200 y 300 reclusos que ingresarán de forma voluntaria y convivirán con un grupo de médicos, profesores y terapeutas.
Complejo penitenciario Santiago Vázquez en Montevideo. Foto: Mauricio Zina, adhocFOTOS
Doctor en ciencia política y especializado en criminología, Diego Sanjurjo trajo al Ministerio del Interior una mirada integral y preventiva de la seguridad pública. Aunque es cuestionado por dirigentes más conservadores del oficialismo –que exigen una política más represiva y menos contemplativa de la delincuencia– su enfoque académico ganó predominio desde mediados de 2021 bajo la administración de Luis Alberto Heber y se mantuvo en la actual gestión.
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Entre otras iniciativas impulsó una estrategia multipartidaria que convocó a los partidos políticos con representación parlamentaria a presentar propuestas y cuyo documento de síntesis se transformó en una guía a seguir por el ministerio. Uno de los puntos de ese documento plantea trabajar las adicciones en los privados de libertad, “dado que el uso problemático de drogas explica gran parte de las transgresiones delictivas y de las dificultades de los liberados para no reincidir”.
En pocas semanas esta idea será anclada a la realidad. Mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con Sanjurjo como pieza clave desde su cargo de coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito (oficina que funciona dentro del ministerio bajo un programa del BID), se transformará el módulo 9 de la cárcel Santiago Vázquez (exComcar) en una clínica que atenderá a entre 200 y 300 presos que ingresen de forma voluntaria.
A partir de marzo Sanjurjo y un equipo de Interior, junto a integrantes de otros organismos del Estado, comenzarán a implementar esta nueva idea. La premisa inicial será trabajar en la infraestructura del módulo 9, definir el perfil de los reclusos a seleccionar y diseñar el tratamiento que recibirán. “Es un tratamiento integral de adicciones en cárceles que nunca se había hecho en Uruguay”, dijo Sanjurjo a Búsqueda. “Para tratar las adicciones no basta con ir a una clínica; abarca tantas problemáticas que a los pacientes tenés también que darles educación, habilidades laborales y sociales, mostrarles el día a día en convivencia. Es mucho más completo”, explicó.
En ese módulo de Santiago Vázquez estará presente un grupo de al menos diez psicólogos, psiquiatras y técnicos que serán los encargados de trabajar y monitorear el proceso de los pacientes. También asistirán médicos y profesores, en un proyecto conjunto del que también participarán el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
“Se trata de un programa histórico pero que se construye sobre otras iniciativas para presos con problemas de adicciones que ya están funcionando hoy”, dijo Sanjurjo; es un “esfuerzo adicional”, indicó.
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) controla 26 centros carcelarios y a casi 15.000 personas privadas de libertad, de las cuales 450 reciben tratamiento, en su mayoría por consumo de pasta base. El sistema penitenciario del país tiene graves problemas en sus unidades más pobladas, como Santiago Vázquez, donde los enfrentamientos y los homicidios ocurren con frecuencia.
“Este nuevo tratamiento ya está probado internacionalmente con su aplicación exitosa en otros países. Uruguay lo va a hacer de forma piloto y la intención es demostrar que aquí también puede funcionar y bajar los índices de adicción y de reincidencia en el delito”, señaló Sanjurjo.
La Plataforma de Evidencias del BID, un sistema que recopila datos sobre programas de seguridad y justicia en los cuales está involucrado el organismo, afirma que “las prácticas de tratamiento de la drogadicción aplicadas dentro de las prisiones en general pueden reducir la reincidencia delictiva y la recaída en el consumo de sustancias entre un 15% y un 17% en promedio”.
La información corresponde a programas contra el consumo de drogas desarrollados durante la ejecución de la pena y que pueden continuar tras la liberación. La evidencia se sostiene en tratamientos de distintos tipos ejecutados en España y Estados Unidos, como las intervenciones de terapia cognitivo-conductual, técnicas de entrevista motivacional, el uso de recompensas y las comunidades terapéuticas, que se caracterizan por la participación de todos los miembros del programa con el objetivo común de reducir la reincidencia en el consumo de sustancias. También hay tratamientos con abordajes farmacológicos, que prescriben a los pacientes drogas más livianas para romper la dependencia con drogas más duras al inhibir la euforia producida por el consumo y suprimir los síntomas de abstinencia; generalmente se tratan de medicamentos opioides sintéticos.
Según los datos del BID, la revisión más reciente sobre los programas, realizada en 2018, sugiere que las comunidades terapéuticas son eficaces para reducir la reincidencia y, en menor medida, el consumo de sustancias tras la puesta en libertad, mientras que el empleo de opiáceos sintéticos es eficaz para reducir el riesgo de consumo de drogas tras la excarcelación.
A fines del año pasado un think tank del Partido Colorado organizó una conferencia para discutir la estrategia de los gobiernos contra el narcotráfico. Uno de los invitados internacionales mencionó allí la experiencia estatal suiza de intentar reducir las cifras de crímenes al otorgar metadona (un narcótico sintético) a ciudadanos adictos a sustancias más potentes, como el fentanilo y la heroína. Sanjurjo, quien lideró ese seminario, se mostró dispuesto a probar experiencias similares en Uruguay. De todas formas, indicó que por el momento no está previsto que en la clínica del Comcar se vaya a proporcionar un consumo controlado de sustancias como método para mitigar la adicción a drogas como la pasta base.
