• Cotizaciones
    sábado 13 de julio de 2024

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    En audiencia ante la CIDH, el gremio de magistrados y el gobierno dieron visiones opuestas sobre la Fiscalía

    Representantes del oficialismo dijeron que las críticas a la institución son parte de la “libertad de expresión”; “esperábamos otra respuesta”, afirmó el fiscal Perciballe

    Quienes hablaron en nombre de los funcionarios del Ministerio Público dieron su visión, y lo mismo hicieron los representantes del Estado, pero prácticamente no hubo coincidencias. Mientras que para los fiscales existe un “acoso permanente” del sistema político, un “ataque” a su independencia técnica y una “estrategia deliberada para degradar la institución”, para el director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Gastón Gianero, son reproches “injustificados” y las críticas que han realizado —desde ministros hasta el presidente Luis Lacalle Pou— sobre la labor de los fiscales son parte de la “plena vigencia de la libertad de expresión”.

    El gremio de fiscales fue el primero en dar su posición frente al organismo internacional, durante 20 minutos que estuvieron cronometrados. Los funcionarios públicos realizaron la transmisión desde la sala Idea Vilariño de la Torre de Antel, y quienes hablaron fueron el presidente del gremio, Willian Rosa, la fiscal de Flagrancia de 4º turno Brenda Puppo, el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe y la fiscal de Delitos Sexuales, Claudia González. Estaban sentados en la misma mesa que otros fiscales que fueron “blancos de los ataques” —Silvia Porteiro, Rodrigo Morosoli y Sabrina Flores— y de frente a cerca de 30 que formaron parte del público.

    “Existe una campaña de hostigamiento que incide en la credibilidad que la ciudadanía tiene que tener” sobre la Fiscalía, dijo Perciballe. Y profundizó: “No son simples críticas, las que serían aceptables. Constituyen un auténtico acoso que se complementa con una persecución formal destinada a minar la independencia de los fiscales”.

    Su declaración se dio luego de compartir un video donde recuperaron del archivo de los medios de comunicación declaraciones de Lacalle Pou, legisladores oficialistas, el exministro del Interior Eduardo Bonomi y Jorge Díaz como abogado de Yamandú Orsi, en las que se criticó el trabajo de fiscales, por ejemplo, por diferencias en la velocidad del avance de diversas causas y una supuesta intención política detrás.

    “El Estado no va a censurar dichos y opiniones de los habitantes ni de los representantes del cuerpo electoral. Es más, defenderá a ultranza el derecho a la libre expresión”, afirmó Gianero. Para el representante del MEC, “las manifestaciones y el accionar de actores políticos o sociales son a título personal” y “no pueden ser atribuidas al Estado”.

    Las críticas desde el sistema político fueron uno de los ejes de la denuncia que hicieron los fiscales ante el organismo internacional. También reclamaron por la omisión de designación de un fiscal de Corte —desde la renuncia de Díaz en 2021— y la falta de recursos asignados al Ministerio Público. Sobre este último punto, González hizo referencia a que, en la última Ley de Presupuesto, el Parlamento le aprobó el 5% de lo que había solicitado Juan Gómez como titular de la Fiscalía, con el “agravante” de que “no hay posibilidad de reforzarlo” hasta 2026, porque los presupuestos son quinquenales. “Hay una “desatención del sistema político” en el “detrimento financiero”, afirmó.

    En relación con la asignación de recursos, quien representó al Estado desde el Ministerio de Educación y Cultura justificó la situación en el contexto de pandemia. “Uruguay adoptó un conjunto de medidas para enfrentar la situación, que permitieron disminuir algunas de las consecuencias negativas de la pandemia, pero en materia presupuestal generó un esfuerzo bien importante en apoyo a determinadas realidades sociales y económicas que determinaron restricciones en otros ámbitos”, dijo Gianero. Agregó que el 2023 los “sorprendió con una sequía sin precedentes en muchos años” que los “obligó nuevamente a importantes medidas paliativas”. Esta situación provocó que “nuevamente” se “achicaran” los “márgenes presupuestales” para atender solicitudes de refuerzos de rubros.

    Frente a la respuesta del representante del Estado, Perciballe consideró que “no se puede decir” ante un organismo internacional que los recursos no se brindaron por la pandemia y la sequía. “Seamos responsables”, cuestionó.

    Faltaron respuestas

    Para el gremio de fiscales la falta del nombramiento de un fiscal de Corte definitivo “agrava” la situación institucional de la Fiscalía y la “debilita”. Actualmente es la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero, quien además de ocupar su rol se desempeña desde diciembre de 2023 como subrogante de Juan Gómez en su rol de fiscal adjunto de Corte y fiscal general. “Una sola persona está ocupando tres cargos tan importantes en la Fiscalía” y es un “debilitamiento” porque genera que no pueda “poner en práctica ninguna política institucional”, afirmó Puppo.

    Sobre esta cuestión, Gianero señaló que la designación definitiva de un sucesor “ocurrirá cuando se alcancen las mayorías parlamentarias requeridas por la Constitución”. Agregó que “es irracional considerar que los legisladores de los partidos del gobierno, así como los de la oposición se hubieran puesto de acuerdo para no ponerse de acuerdo en un nombre y dejar acéfala la Fiscalía”.

    “Lamentablemente esperábamos otra respuesta del Estado uruguayo”, afirmó Perciballe en la audiencia, luego de escuchar a Gianero.

    En diálogo con Búsqueda, Rosa señaló que quedaron “decepcionados” y con una sensación de “desesperanza” tras la instancia ante el organismo internacional. Consideró que Gianero fue “negacionista” sobre los ataques a la institucionalidad de la Fiscalía, y esperaban que el Estado se comprometiera a iniciar el proceso para designar un fiscal de Corte. “Eligieron no responder a los problemas institucionales que claramente hay”, afirmó.

    Durante la audiencia, la abogada colombiana María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva de la CIDH, le preguntó al Estado acerca de las “medidas” que está “adoptando para contar con una persona como titular de la Fiscalía”. Su consulta no tuvo respuesta.

    En tanto, la comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Uruguay, señaló que “es una audiencia importante, porque puede funcionar como una alerta temprana” para que los “ruidos no sean mayores”, y celebró “que los fiscales no actúen solo para defender intereses corporativos”, porque “es importante para el debate democrático”. También puso sobre la mesa la discusión sobre “hasta qué punto el nivel de crítica permanente puede erosionar la confianza en la institución” y se preguntó: “¿Cuáles son los antídotos? ¿Han salido funcionarios públicos a rebatir y contradecir las críticas o están limitados?”.

    Por otro lado, quien también habló durante la audiencia en representación del Estado fue Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA, que consideró que no ha habido repercusiones “como para afectar a ningún fiscal”, sino que “son voces contra voces” y “eso es muy bueno para una sociedad democrática”. Señaló que “el tema de las filtraciones” de información que surge de las investigaciones “ha preocupado”, pero “más ha preocupado el tema de las dilaciones”.

    “Hay una enorme cantidad de casos que tienen una dilación descomunal”, afirmó Abdala, y listó varias causas: “Hay un caso muy famoso, un mafioso narcotraficante, (Rocco) Morabito, que lleva cinco años. Un caso de una construcción edilicia, el Antel Arena, es un lugar de espectáculos; dos años y siete meses. El caso del Hospital Policial y un senador Carrera que habría utilizado lleva dos años de investigación y aún continúa sin ningún resultado”, indicó. Al respecto, Rosa cuestionó que “continuó con la estrategia de embate” y que —junto a Gianero— dieron “respuestas políticas”, aunque debían ser “por el Estado”.

    Luego de la audiencia, la CIDH pedirá informes por escrito al Estado y desde el gremio esperan que emitan “recomendaciones” sobre las temáticas. En paralelo, habían realizado otra solicitud a la Organización de las Naciones Unidas, que se encuentra en proceso.

    Embed