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    El Estado uruguayo deberá comparecer ante la CIDH por "ataques permanentes" a la Fiscalía

    El organismo internacional convocó a una audiencia a pedido de la Asociación de Magistrados Fiscales, que también reclama por la falta de un fiscal de Corte definitivo

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos resolvió convocar al Estado uruguayo a una audiencia para oficiar de intermediaria en el asunto que denominaron “Afectaciones a la independencia del Ministerio Público y Fiscal de Uruguay”. La decisión fue tomada a partir de la solicitud que la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay realizó el pasado 10 de abril de 2024, según confirmaron fuentes del gremio a Búsqueda.

    En la instancia, que será el próximo miércoles 10 de julio, de forma virtual, comparecerán representantes del Estado, de la agrupación de fiscales e integrantes de la CIDH. Según se señala en la página web del organismo internacional, el propósito de las audiencias generales es “recibir informaciones” sobre la situación de derechos humanos y “emitir recomendaciones” para que sean respetados.

    Los fiscales resolvieron pedir la audiencia temática a partir de una “debilidad institucional” de la Fiscalía que consideraron afecta su trabajo, por el “acoso permanente”, el “hostigamiento” y un “sometimiento al descreimiento público” que realizaron representantes del sistema político, según había adelantado a Búsqueda el 17 de abril el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa.

    Estas situaciones comenzaron a ocurrir desde que entró en vigencia el Código del Proceso Penal (CPP) en 2017, que le dio un rol protagónico al Ministerio Público en el sistema acusatorio.

    Por esa razón, en el informe que los representantes de los fiscales entregaron, de 40 páginas, incluyeron una recopilación de diversas declaraciones de autoridades de los últimos gobiernos y de dirigentes políticos que abonan su posición. Señalan desde declaraciones de Eduardo Bonomi como ministro del Interior, cuando hacía referencia al “efecto noviembre” —por el mes en que entró en vigencia el CPP— para justificar el aumento de los delitos, o la cruzada que tuvo en 2019 Cabildo Abierto contra el fiscal Rodrigo Morosoli. Ese año el fiscal inició una causa por omisión contra el senador Guido Manini Ríos, por no denunciar ante la Justicia la confesión en un Tribunal de Honor por un delito cometido durante la dictadura y el partido anunció públicamente que analizaba denunciar a Morosoli. Guillermo Domenech opinó que hubo un “exceso” de Fiscalía, que “pretendió interferir” en las elecciones. Finalmente, no prosperó la acción porque el Parlamento no le quitó los fueros al legislador.

    El último episodio que motivó la actualización del documento que los fiscales entregaron a la CIDH fueron las conversaciones difundidas por Búsqueda entre el expresidente del Directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde y el exsenador nacionalista Gustavo Penadés, imputado por varios delitos sexuales. En una conversación que mantuvieron por WhatsApp luego de que se conocieron las denuncias en su contra, Iturralde le transmitió que había realizado declaraciones a los medios de comunicación, con el objetivo de condicionar a la fiscal que recibió el caso Penadés en un inicio para que lo abandonara. “Entendió el msj”, escribió. A su vez, habló de “presionarlo” al fiscal de Corte, Juan Gómez, y “empujarlo, porque se caga y se va”.

    Fuentes del gremio de fiscales indicaron a Búsqueda que las declaraciones de Iturralde “transparentaron” lo que consideran una “estrategia generalizada de hostigamiento”, porque si bien era público el “acoso” a la Fiscalía, se buscó que una fiscal actuara a su conveniencia.

    En el informe, también señalaron como problemático el respaldo que dio el exministro del Interior Luis Alberto Heber a dos policías que habían sido imputados por la muerte de un joven en Durazno, en 2022. Se trata de la cartera que es auxiliar de la Fiscalía en las investigaciones penales.

    A esos casos se suman los cuestionamientos en el marco del caso Astesiano, entre otros, y sucesivas críticas por la velocidad en la que avanzan las distintas causas. Por ejemplo, la calificación que hizo la senadora nacionalista Graciela Bianchi de “tortuga” a los fiscales Ricardo Lackner y Silvia Porteiro, por la investigación asociada a presuntas irregularidades en el uso del Hospital Policial, que incluso incluyó una reunión con el fiscal de Corte para consultarle por la causa.

    Los fiscales también plantearon ante la CIDH su preocupación frente a la falta de nombramiento de un fiscal de Corte definitivo, una situación que se extiende desde que Jorge Díaz renunció al cargo en octubre de 2021 para dedicarse a la actividad privada. En un principio, fue subrogado por Gómez y en la actualidad —debido a su licencia médica— está la fiscal de Estupefacientes de 1er turno, Mónica Ferrero, quien está al frente de la institución de forma interina, mientras también mantiene su otro cargo.

    En tercer lugar, los funcionarios del Ministerio Público cuestionan ante el organismo internacional que el Poder Legislativo le asigna recursos insuficientes, que, por ejemplo, habiliten la creación de una fiscalía anticorrupción, como había solicitado Gómez al Parlamento en 2023, u otra especializada en los delitos que se cometen en las cárceles.

    Búsqueda consultó al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales a raíz de la confirmación de la audiencia por parte de la CIDH, pero Rosa prefirió no hacer declaraciones. Señaló que buscan “concentrar las baterías” en la instancia y lograr que la intervención del organismo internacional “recomponga” la situación en la Fiscalía. Su objetivo es que el Estado “asuma compromisos” hacia su “normalización” y salir del “ataque permanente” hacia el trabajo de los funcionarios del Ministerio Público.

    Consultada la Cancillería por Búsqueda, confirmó que recibió la convocatoria del organismo internacional, pero omitió responder quién irá en representación del Estado uruguayo.