España ofrecerá al gobierno uruguayo una asesoría técnica para la lucha contra la pobreza infantil

Además, su visita contempló a la comunidad española residente en Uruguay, que supera las 75.000 personas y constituye la mayor proporción de españoles en el exterior en relación con el tamaño de la población local. En política de migraciones, España reformó recientemente su ley de extranjería, y Saiz hizo énfasis en algunos aspectos novedosos de la normativa aprobada como la figura del arraigo, a la que describió como un mecanismo “más accesible y humano”. Mediante esa herramienta, destacó, se regularizaron en España 700.000 migrantes, un ejemplo del enfoque integrador que ese país busca promover frente a los crecientes flujos migratorios globales.

—Es muy importante estrechar lazos entre el gobierno uruguayo y el español. Tenemos una visión compartida de los diferentes desafíos a los que debemos hacer frente como gobiernos para nuestras sociedades. En el ámbito de mi competencia está todo lo relativo a la lucha contra la pobreza infantil. Pero también estamos desplegando una importantísima reforma del sistema público de pensiones. Y compartir experiencias siempre es una fórmula ganadora.

—¿Qué temas o acuerdos específicos buscó abordar?

—Una de las cosas que está encima de la mesa es, por ejemplo, el poner a disposición del gobierno de Uruguay una asistencia técnica de cara a afrontar el desafío de la lucha contra la pobreza infantil. En nuestro país, en 2020, pusimos en marcha el Ingreso Mínimo Vital, que es una política viva de rentas mínimas que da cobertura a todo el país. Hemos desplegado también otras políticas, como es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que ha llegado a más de 639.000 hogares. En ese sentido, buscamos compartir experiencias sobre cómo estas políticas sociales —junto a otros escudos sociales vinculados a revalorizar pensiones— están consiguiendo reducir la brecha de pobreza en más de 20 puntos. Evidentemente, el desafío sigue existiendo, pero es muy importante escuchar también cómo en otros países, en este caso en Uruguay, se llevan a cabo estas políticas desde esa visión compartida, desde el multilateralismo.

—España ha reformado recientemente el reglamento de la ley de extranjería. ¿Cuáles son las principales novedades de esta reforma y cómo podría impactar a la comunidad uruguaya en España, y a la realidad migratoria actual en general?

—No solamente pensamos en las personas que emigran de nuestro país, sino también en las que llegan. En ese sentido, es importantísima la relación que existe entre Uruguay y España, donde la presencia de españoles en Uruguay es de más de 75.000 personas. En proporción al volumen total de la población, es el primer país con presencia de españoles, que aportan y que contribuyen. También hay más de 15.000 uruguayos afiliados a la seguridad social española. Esa es la visión de la política migratoria que pone en el centro el aporte de la población extranjera y que supone el dar respuesta desde el respeto a los derechos humanos, poniendo en el centro a las personas y a los importantes flujos migratorios. Así que tuvimos también ocasión de poner encima de la mesa y analizar con el gobierno de Uruguay la importante reforma del Reglamento de Extranjería que ha visto la luz el 20 de mayo en nuestro país después de 13 años. Es nuestro manual de instrucciones para desplegar toda la política de extranjería, para las personas que están en nuestro país y que quieren hacer un proyecto de vida, pero también para aquellas que quieran venir a nuestro país.

—¿Qué cambios incorpora la reforma?

—Busca fundamentalmente facilitar y eliminar trabas desde el punto de vista burocrático que eran innecesarias y que hacían duplicidades o entorpecían. Abre puertas que estaban cerradas, pero poniendo el peso en tres palabras fundamentales cuando hablamos de flujos migratorios y de inmigración: familia, trabajo y formación. Tenemos una figura muy importante que es el arraigo, que en el contexto europeo es única, y a través de diferentes lazos, un trabajo, una red familiar o personas que quieran formarse en nuestro país, da respuestas. Desde la última reforma del Reglamento de Extranjería ha habido más de 700.000 personas que han visto su situación regularizada y esperamos llegar a un millón de personas en los próximos tres años.

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Elma Saiz Delgado en el Hotel Radisson en Montevideo

Mauricio Zina / adhocFOTOS

—Justamente, el arraigo se ha consolidado como vía para regularizar situaciones migratorias. ¿Cómo funciona esta figura?

—Depende de las situaciones. Por ejemplo, si una persona quiere venir a formarse, está el arraigo formativo. Si una persona tuvo una oportunidad de tener una situación regularizada, pero luego la perdió por una circunstancia sobrevenida, está el arraigo de segunda oportunidad; también el arraigo al tener vínculos desde el punto de vista social con nuestro país o el arraigo laboral. Además, somos muy conscientes de lo que supone tener familiares que están fuera de España cuando una persona ya está arraigada en nuestro país, por lo que también hay un estatuto específico para los familiares de españoles, entendiendo que las relaciones familiares no terminan cuando un hijo tiene 16 años. Por eso se prorroga la edad, para tener la posibilidad de hacer una reagrupación familiar. En definitiva, se amplían las vías y se da mucha más accesibilidad, siendo conscientes de que la realidad migratoria es diferente para cada persona.

—En un contexto global de creciente hostilidad hacia los migrantes, ¿cómo defiende el gobierno español su modelo de integración frente a los discursos xenófobos? ¿Este modelo es una forma de ofrecer más oportunidades a los migrantes?

—La política migratoria del Gobierno de España va desde la atención humanitaria a las personas que llegan a nuestras costas hasta los despachos con importantes normas como el Reglamento de Extranjería, que también está acompañado por un plan de integración y convivencia que va a ver la luz después del verano. Y es muy importante que seamos contundentes. Un reciente estudio en nuestro país pone números al impacto de la xenofobia y el racismo, que inciden directamente en nuestro crecimiento económico; por primera vez vimos que el racismo y la xenofobia tienen un impacto de 1,4 puntos en el PIB de España, lo que supone 17.000 millones de euros al año. La población extranjera aporta a nuestro país. De hecho, en cifras de afiliación, hay más de 3 millones de extranjeros trabajando en España que aportan todos los días, que desarrollan su proyecto de vida y que enriquecen nuestro país. Por eso es importante esa visión positiva de la migración y luchar con contundencia contra la xenofobia y el racismo, que intentan vincular la migración a aspectos negativos.

—¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la comunidad española en Uruguay y qué medidas concretas piensa impulsar para reforzar el vínculo con España?

—Cada vez que hemos tenido que hacer frente a desafíos la respuesta que ha elegido el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha sido la protección social, el desarrollar y desplegar un escudo social que va desde revalorizar las pensiones hasta el cese de actividad. Desde ese punto de vista, es importante entender que la protección social no termina en las fronteras de nuestro país. Queremos dar protección también a la importante colectividad de españoles que se encuentran en otras latitudes. En ese sentido, teníamos una norma que se refiere a los españoles en el exterior que tiene más de 20 años y tenemos un reto importante que es desarrollar ese reglamento para la ciudadanía en el exterior, reactivando una oficina de atención y retorno, siendo muy conscientes de que hay españoles que quizás quieran volver a nuestro país. Y es importante escuchar a la colectividad que hay en Uruguay.

—¿Cómo valora la llegada del nuevo gobierno encabezado por Yamandú Orsi y qué expectativas tiene respecto al vínculo bilateral bajo esta nueva administración?

—Hay una relación muy fluida, muy buena. Es un país donde destaco la estabilidad, la institucionalidad y donde las relaciones son muy fructíferas.

—El nuevo gobierno uruguayo ha manifestado su intención de revisar la reciente reforma de la seguridad social. ¿Qué opinión tiene al respecto?

—En España hace 30 años se estableció un documento de desafíos y retos que tendría el sistema público de pensiones a medio y largo plazo, y se dictaron una serie de recomendaciones. Le llamamos recomendaciones del Pacto de Toledo. Y esta reforma de las pensiones que se aprobó la pasada legislatura, y que todavía está desplegándose en 2025, emana de esas recomendaciones. Es una reforma que tiene un compromiso con la sostenibilidad y me parece esencial compartir con el ministro de Trabajo y Seguridad Social cuáles son los hitos más importantes. Porque es una reforma que afronta la jubilación de los baby boomers y un incremento del gasto, porque se ha garantizado por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Pero también alimenta los ingresos con mecanismos para que la sostenibilidad esté garantizada. Como el mecanismo de equidad intergeneracional. En España, los salarios para cotizar estaban topeados, entonces, a los que estén por encima de un salario topeado para cotizar se les exige un poco más; es un sistema en el que se pide un esfuerzo adicional a quien más tiene, pero una fortaleza clave son las cifras del mercado laboral. La reforma laboral, el salario mínimo profesional y los buenos datos de empleo muestran que vamos en la senda correcta, corrigiendo problemas que había en nuestro mercado laboral. Son buenos indicadores que fortalecen y dan certidumbre de cara a la sostenibilidad de las pensiones.

—¿Cree que es posible compatibilizar un sistema justo con criterios de sostenibilidad económica? ¿Qué rol juegan los mecanismos de solidaridad intergeneracional?

—Estamos demostrando que es perfectamente posible garantizar las certidumbres a los pensionistas de hoy, también pensando en esa sostenibilidad a largo plazo. Y hay un dato muy importante que es el ratio cotizante pensionista en nuestro país, que está en cifras muy positivas. O cómo estamos llenando nuestro fondo de reserva de las pensiones, que va a empezar la siguiente legislatura en torno a los 27.000 millones de euros.