Los agentes lo apuntaron con escopetas por la espalda mientras intentaba levantarse del piso y, sin mediar palabra, le dispararon decenas de balines de goma a pocos metros de distancia. Luego le dieron una paliza.
Sebastián rompe el silencio al recordar que esa noche no estaba solo. Junto a él, dos chicas de 15 años que también vivían en el Himalaya fueron manoseadas, atacadas y humilladas por la policía. Los tres fueron sometidos, esposados y arrestados.
“Mandar a, no sé… como 30 policías para detener a tres personas creo que está mal. Y más todavía lastimándote de esa manera, dejándote así, que es algo que no se te va a ir nunca más del cuerpo y que no se te va a ir nunca más de la mente”, dice.
El operativo – no eran 30, sino entre seis y ocho policías, según testigos – no tuvo consecuencias penales. El fiscal Pablo Rivas dijo a openDemocracy no tener “elementos suficientes” de prueba, por lo que pidió a la justicia archivar el caso. Sobre las vejaciones a las dos chicas, no hay denuncia.
openDemocracy no pudo acceder a las actuaciones policiales, ni recibió respuesta del Ministerio del Interior (MI) a la pregunta de si se investigó y sancionó la conducta de los agentes.
El INAU abrió una investigación administrativa y encontró un “accionar negligente” del Himalaya. Sin embargo, mantiene el acuerdo con el centro, y le paga como si alojara el triple de menores que viven allí, incluso a sabiendas de otras acusaciones de abuso y explotación sexual a adolescentes que están a su cargo.
Las denuncias sobre este centro exponen una realidad bastante extendida.
Los adolescentes que llegan a centros como este después de haber transitado vericuetos del “sistema de protección” con la promesa de un cuidado que nunca recibieron, padecen negligencias y una lenta e inamovible burocracia que multiplica los daños. En el último refugio posible, estos adolescentes se ven condenados a un futuro todavía más doloroso.
Natalia Argenzio, integrante del directorio del INAU por la oposición, identificó la magnitud del dolor. Los intentos de suicidio de menores en amparo aumentaron 45% en los últimos tres años. En los primeros seis meses de 2024, al menos 750 niños, niñas y adolescentes se escaparon de los hogares unas 5.500 veces. A fines de 2023, durante salidas no acordadas, el 36% de los menores a cargo del INAU fueron explotados sexualmente.
El abuso o maltrato policial a la población infantil y adolescente institucionalizada son frecuentes, según varios reportes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Para reconstruir qué pasó la noche del 26 de enero de 2023 y los días y semanas previos y posteriores, openDemocracy revisó documentos internos del Himalaya y expedientes del INAU y entrevistó a una decena de personas que conocen el funcionamiento del centro y los hechos narrados. Para referirnos a las fuentes entrevistadas que pidieron anonimato, por temor a represalias, utilizamos el genérico masculino.
Dinero público para proyecto “innovador”
La Fundación Ave Fénix es un proyecto de Enrique Tomás Cervini Flores. Con 34 años, el coordinador general de la fundación contó a openDemocracy que su interés en la rehabilitación social surgió tras pasar por un tratamiento por adicciones a los 17 años. Luego hizo un curso de operador terapéutico y trabajó en una clínica de rehabilitación. En 2011 decidió “llevar algo para (su) zona, que no había nada”, dijo en referencia al balneario de Atlántida.
Cervini es el hijo menor de la maestra jubilada María del Carmen Flores Latorre y del coronel retirado Mario Daniel Cervini Loperena. La familia es propietaria de un grupo de empresas que emplea a 1.600 personas en servicios de taxis, seguridad y limpieza. Movidos por la gratitud por su recuperación, aceptaron financiar un servicio de rehabilitación ambulatoria y diurna en Atlántida, y representar legalmente a la fundación, hasta 2022. Según el coronel, el objetivo era trabajar en la "prevención, promoción y tratamiento de la salud mental y las adicciones" a través del "desarrollo cívico, educativo, personal, deportivo, cultural, social, moral y productivo de las personas.
Pero en 2017, la familia decidió cerrar ese servicio, porque “llegó un momento que ya era un montón de dinero (que demandaba), que se empezó a sentir a nivel empresarial”, dijo Cervini Flores.
La fundación quedó reducida al nombre, según Cervini Flores, hasta 2020 cuando firmó su primer convenio con el INAU. El acuerdo contó con el aval técnico de Martín Gedanke, psicólogo especializado en drogodependencia que coordina la atención médica en la clínica de salud mental Los Pirineos, en Montevideo, y dirige la clínica de rehabilitación de adicciones Aconcagua.
Ave Fénix empezó a ofrecer atención terapéutica a 30 niños, niñas y adolescentes que mensualmente son derivados por el INAU para su “cuidado, educación y asistencia” en su entorno familiar, según se lee en el acuerdo del programa Everest, por el que INAU paga hoy $ 2,2 millones de al mes.
El vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, que no formaba parte del organismo cuando se aprobó el convenio por el dispositivo Everest, votó en contra de su renovación en agosto de 2021 porque recogió información de que los acompañantes “no asistían regularmente, que los que iban no estaban capacitados y que los resultados no eran buenos”, según dijo a openDemocracy. Sin embargo, reconoció que las evaluaciones que realizaba el INAU eran positivas.
Cervini Flores sostuvo que los pacientes reciben “el mejor acompañamiento posible”, pero la experiencia le demostró que a veces se necesitan “otros pasos” en su atención. En 2021, “trabajando muy en contacto con INAU, conociendo mucho la temática, el funcionamiento y las complejidades que hay, propusimos a INAU esta alternativa de centro”, dijo sobre el Himalaya. Gedanke también estaba a bordo del nuevo proyecto.
Este centro se pensó para adolescentes “con trastornos asociados a la salud mental y otras interseccionalidades como violencias, situaciones de discapacidad, consumo problemático de drogas, entre otras”, dice el proyecto que la fundación presentó al INAU. El abordaje terapéutico sería integral e individualizado, con acompañamiento para garantizar la continuidad de actividades y la promoción de vínculos saludables con las familias y otras personas cercanas.
Velázquez también rechazó en primera instancia el acuerdo para el centro Himalaya porque proponía contratar a una de las empresas de los Cervini-Flores, lo que implicaba violar la prohibición de contratar organizaciones con fines de lucro. “Con diferencia de una semana, se eleva una nueva propuesta idéntica a la anterior con la única diferencia de que se elimina el párrafo que refiere a la contratación”, dijo.
La idea se materializó en un convenio de prueba por un año, concedido por el INAU mediante adjudicación directa en agosto de 2022.
Se respondía así a una carencia del INAU señalada desde 2016 por la INDDHH: no había atención para adolescentes de entre 13 y 18 años que egresaban o eran dados de alta de tratamientos en clínicas psiquiátricas por por crisis fìsicas y emocionales, o por desintoxicación. Al menos el 14% de los 1.745 adolescentes y jóvenes que viven en hogares de INAU necesitan atención en centros de salud mental y rehabilitación, según datos oficiales de julio de 2024.
Ave Fénix y el INAU acordaron que el centro Himalaya ofrecería residencia por unos seis meses a 20 adolescentes, permitiendo salidas acordadas y sin mecanismos de contención mecánica (camisas de fuerza, aislamiento ni inyecciones). Además, trabajaría con otros cinco menores en su contexto familiar o social. Los adolescentes recibirían apoyo para ingresar o regresar a hogares comunes de amparo, o para egresar del sistema de protección.
Se trataba de un proyecto “innovador”, por lo que el INAU se comprometió a pagar mensualmente 65 unidades reajustables (unos $ 94.039, según la cotización de agosto de 2022) por cada adolescente.
El centro Himalaya recibió la primera derivación de adolescentes del INAU en noviembre de 2022. Muy pronto la Fundación Ave Fénix demostró su incapacidad para cumplir lo acordado.
Según los testimonios recabados, la desidia es evidente en las malas condiciones del lugar: ratas, goteras, revoques mal hechos, suciedad; falta de iluminación, calefacción y mobiliario. Es frecuente que también falten insumos básicos, como papel higiénico o productos de limpieza, que a veces reponen los propios empleados con dinero de sus bolsillos.
Aunque el centro Himalaya nunca tuvo más de una docena de adolescentes a su cargo, la fundación recibe por mes unos $ 2,8 millones, como si atendiera a 25 personas.
A la entrada de dinero por ambos convenios ($ 5 millones), se suman los recursos que, por lo menos desde 2022, la fundación volvió a recibir de las empresas de los Cervini-Flores. En 2021, la fundación empezó a figurar entre un puñado de cuatro organizaciones de “rehabilitación social” autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para recibir donaciones de empresas que, a cambio, logran exoneraciones fiscales. Entre 2022 y 2023, Ave Fénix recibió $ 13.155.276 de MD Cervini SA, que ofrece servicios de seguridad y de taxis.
En agosto de 2023, Kensen SA, la empresa de limpieza de los Cervini-Flores, fue demandada en Canelones por $ 165.227 en un juicio laboral. En mayo de 2024, la Dirección General Impositiva impuso al coronel y a MD Cervini SA un embargo preventivo por $ 304.020.573. Un mes después, un juzgado de Maldonado también dispuso un embargo cautelar por $ 1.557.647 a la misma empresa en el marco de otra demanda laboral.
Una vida registrada en archivos del INAU
Sebastián llegó al Himalaya unos días después de la inauguración, con un arete pequeño y brillante en cada oreja, una cadena en el cuello, las uñas teñidas de amarillo tabaco, tatuajes y cicatrices de cortes autoinfligidos en ambos brazos. Y una vida registrada en archivos del INAU.
Un padre ausente; una madre biológica y otra de crianza cuya pareja lo golpeaba; un tío al que vio morir en un tiroteo. Un hermano – que también estuvo bajo cuidado del INAU – encarcelado; una hermana con la que vivió un tiempo, mientras disfrutaba jugando al fútbol. Más de tres años en distintos hogares en el interior del país, cuando abandonó sus estudios secundarios. Una amistad con un cura de su pueblo natal, que le dio albergue en su parroquia. Un breve período en una cárcel para adolescentes en Montevideo y tres meses en la clínica psiquiátrica privada Los Robles – donde el INAU interna a menores con ‘problemas agudos’ por un período que no debería exceder los 30 días – para tratar una adicción a las drogas que arrastra desde los 12 años.
Pero Sebastián conservaba la frescura adolescente, que expresaba en los videos que subía a TikTok cantando rap, y en las fotos de Instagram en las que posaba con una gorra Nike Jordan Pro cuidadosamente torcida sobre el pelo corto y rapado en los costados. Hasta que empezó a pasarla mal.
En el Himalaya, “las primeras semanas no podíamos salir a ningún lado, y como que quedábamos estresados”, cuenta. Había muy pocos adolescentes ingresados. “Yo tenía problemas de consumo, y a cualquier lugar que me llevaran yo no quería estar ahí. Siempre quería estar en la calle”.
A veces, miraban la tele, escuchaban música, jugaban a las cartas, paseaban con los educadores. A veces se pegaban entre ellos y a los trabajadores, cortaban los cables de la luz, defecaban la ropa de sus compañeros, se escapaban, se subían al techo, se cortaban los brazos, intentaban quitarse la vida.
La fundación no contaba con personal experimentado para atender perfiles tan complejos, ni ofrecía las actividades ni los cuidados que había prometido en el proyecto entregado al INAU.
En la noche del miércoles 25 de enero de 2023, había cinco adolescentes en el centro. Mientras un par se aprontaban para tomar la medicación e irse a dormir, Sebastián y dos chicas se vestían para salir sin autorización.
Confusión, balazos y golpes.
Sebastián y las dos adolescentes fueron a la Aduana donde estuvieron consumiendo pasta base toda la noche. Volvieron al Himalaya en la tarde del día siguiente, drogados y alcoholizados y con la intención de volver a salir.
El personal intentó convencerlos de que se quedaran, comieran algo y tomaran su medicación. Sebastián le dijo a un educador que llevaba un cuchillo que había levantado de una volqueta, pero no quiso entregarlo.
El educador llamó a las autoridades del centro y alertó a los demás trabajadores, entre ellos a la psicóloga Macarena Casales, que intentó calmarlos, aunque su intervención tuvo el efecto contrario según fuentes presentes en el lugar. Casales fue consultada sobre estos hechos y su trabajo en el Himalaya, pero prefirió no realizar declaraciones.
También se llamó al servicio de emergencia médica SEMM que, debido a casos anteriores de agresiones en centros del INAU, solo ingresa con acompañamiento policial. El protocolo del INAU para situaciones de conflicto y crisis en los hogares de 24 horas, vigente desde 2019, no menciona la intervención policial. Según dijo a openDemocracy la directora general del INAU, Dinorah Gallo, este protocolo está siendo “actualizado”.
Antes de que llegara la policía, las chicas amenazaron con quitarse la vida, lastimar a sus compañeros y a Casales, y con romper todo. Sebastián, llorando, pedía hablar por teléfono con su madre biológica, enferma de cáncer. “Empecé a recordar todo lo que me estaba pasando y lo que me había pasado. Y se me pasó por la mente decir, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí fue peor todavía”, cuenta.
Las adolescentes dieron vuelta los muebles y tiraron un bidón de agua; el piso del comedor y del living se fue llenando de pedazos de muebles rotos y mojados. Tras un largo tira y afloje, los educadores lograron tranquilizarlos y se sentaron con los tres en el patio del centro a fumar tabaco. Estaban en relativa calma cuando llegó la policía.
Casales abrió la puerta de calle y la policía entró hasta el zaguán, iluminado con una sola luz y cerrado con una reja en el lugar de la puerta cancel. Según fuentes relacionadas al caso, varios agentes insultaron y provocaron a los adolescentes. Sebastián, ahora con el cuchillo en la mano, y las chicas amenazaron con agredirlos si entraban.
Sin éxito, un policía veterano intentó dialogar con Sebastián, instándolo a soltar el cuchillo y a “liberar” a los trabajadores. Los policías interpretaron la situación como una toma de rehenes, pero según el expediente del INAU y los testigos que hablaron con openDemocracy, los educadores nunca se sintieron amenazados.
Sin luces que iluminaran los espacios comunes, una de las chicas abrió la reja y los agentes irrumpieron en la casa apuntando con escopetas calibre 12 cargadas con cartuchos de balines de goma. Detrás entró la directora del centro, Micaela García, quien acababa de llegar y, según dijo a openDemocracy, había preguntado a la policía por sus armas: “Son de estruendo”, le contestaron.
La segunda chica, al ver entrar a los agentes, empujó a Sebastián para que soltara el cuchillo. Él tropezó y cayó. Mientras intentaba levantarse, sin orden de alto ni previo aviso, los agentes le dispararon por la espalda.
“No fue que ‘te asusto, te reduzco’. No, no, le tiraron.’ No te voy a hablar ni te voy a buscar de buenas’, le tiraron hasta que soltó el cuchillo por el dolor”, relató a openDemocracy uno de los testigos.
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Cicatrices de balas de goma en el brazo derecho de Sebastián Silva
Angelina de los Santos/openDemocracy
Cicatrices de balines de goma en el brazo derecho de Sebastián Silva| Angelina de los Santos/openDemocracy
“La situación – diría el expediente de INAU – ante la que no ameritaba mayor riesgo que una reducción simple y atención médico psiquiátrica, se dio en el caso una grosera agresión, lesiva de los derechos humanos”.
Sebastián recibió de la policía 31 impactos de bala en la espalda y el brazo derecho, culatazos que le cortaron el cuero cabelludo y golpes en todo el cuerpo.
Dos mujeres policías agarraron a las chicas del pelo y de las manos, les levantaron los vestidos, las manosearon y revisaron su ropa interior; les metieron cachiporras entre las nalgas. Ellas lloraban. Las esposaron, las llevaron a la vereda, las pusieron contra la pared con los vestidos todavía levantados, antes de trasladarlas a la seccional junto con la directora del centro, y luego solas al Hospital Español para constatar si tenían lesiones. Las dos volvieron al Himalaya ya entrada la madrugada del 27 de enero.
A Sebastián lo rescató de la paliza el policía veterano, que lo llevó en un patrullero al Hospital de Clínicas 45 minutos después de la medianoche. Allí quedó custodiado por otro agente de la seccional 2, compañero de sus agresores.
Mientras, un policía se limpiaba la sangre de las manos en los lavabos del centro Himalaya y otros levantaban los cartuchos del piso. Solo entonces llegó la ambulancia del SEMM cuyo personal pidió revisar fuera del centro a los otros dos adolescentes que permanecían allí.
Según fuentes con conocimiento del incidente, los trabajadores limpiaron y ordenaron el lugar, tiraron las maderas de los muebles destrozados y taparon con enduido los agujeros que dejaron en las paredes las balines de goma, siguiendo órdenes de la dirección. La psicóloga Casales les pidió que “ordenaran” lo que iban a decir en la seccional policial esa misma madrugada.
El parte médico del Hospital de Clínicas, al que accedió openDemocracy, registra que la policía informó que Sebastián se resistió al arresto estando drogado. Nadie en el hospital evaluó si las heridas eran resultado de una situación pasible de ser denunciada ni tomó fotografías para recabar evidencia.
Los responsables del centro Himalaya pasaron más de 12 horas sin saber el paradero de Sebastián. La entonces directora García dijo a openDemocracy que la policía no quería informarle dónde estaba, y que solo cerca del mediodía del 27 de enero la pusieron al tanto. Según el expediente del INAU, solo entonces ella notificó el incidente. Pero García aseguró que la misma tarde del jueves 26 de enero de 2023 avisó a las autoridades del organismo.
El INAU dispuso que alguien del centro acompañara a Sebastián en el hospital, porque no podía estar solo. Primero fue Gedanke, después un educador, y brevemente una psiquiatra que estaba a cargo de su medicación.
— Me vieron que estaba lastimado y me dijeron que por qué había pasado todo eso y ta’ — cuenta Sebastián.
—¿Cómo qué “por qué” había pasado todo eso?
— Que por qué yo había provocado todo eso.
Solo cuando lo trasladaron a la clínica Los Robles, 30 horas después de la agresión, personal médico dio cuenta de sus heridas, envió fotos y un informe al INAU sobre el estado en que se encontraba: sin alta médica y con “múltiples lesiones, según relato serían de balines de goma, 23 en dorso de tórax, seis en brazo derecho, y una en axila derecha”.
Desde el INAU se comunicaron con el Himalaya para preguntar por qué Sebastián estaba lastimado. García – que había entrado esa noche justo detrás de los policías que lanzaron los disparos – contestó lo mismo que a openDemocracy un año y medio después: “Yo no había visto las heridas en la espalda”. Y agregó que, cuando lo vio ya en el hospital, “estaba todo vendado y no pude ver la dimensión de las lastimaduras”. García renunció a la dirección del centro en noviembre de 2023.
La directora del servicio de salud del INAU, Mónica Silva, sostuvo en el expediente administrativo del caso que los disparos que recibió Sebastián implican “un enorme riesgo para su salud, ya que la munición no letal en tórax puede provocar la muerte por paro cardíaco, y en abdomen puede provocar lesiones de hígado o bazo con sangrado importante, en rostro puede provocar la pérdida de visión”.
El 30 de agosto de 2023, los abogados del INAU concluyeron que “la actuación del proyecto Himalaya en su conjunto no fue la que correspondía”, y verificaron “un accionar negligente no solo en diferentes aspectos del abordaje de este episodio, sino también al valorar e informar a las autoridades competentes del INAU sobre las consecuencias del mismo”, según se lee en el expediente.
El INAU presentó denuncia a la fiscalía el 8 de febrero de 2023. A inicios de abril de este año, la directora general del INAU, Dinorah Gallo, dijo a openDemocracy que el INAU actuó como correspondía.
“Yo no puedo prevenir que la policía que tenemos ahí abajo (en la entrada del edificio de INAU), si se le antoja pegarte porque no le gustó tu cara... Lo que debo hacer es, acaecido el hecho, denunciarlo inmediatamente y trabajarlo con el MI a los efectos de que no vuelva a ocurrir, y en lo que tiene que ver con niños, trabajar en un protocolo” para casos de crisis.
A pesar de que, según Gallo, “hay reiterados informes técnicos y jurídicos sobre Himalaya que están para decisión del directorio”, openDemocracy corroboró con fuentes oficiales que desde noviembre de 2023 el directorio no ha vuelto a tratar el asunto.
El titular de la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia y 6° Turno, Pablo Rivas, no contestó si había reunido evidencias u ordenado interrogatorios o pericias antes de pedir el archivo del caso. Se limitó a contestar por Whatsapp: “Sabía que hubo un motín de internas, que el joven reconoció que estaba con sustancia y un cuchillo en su mano”. “El INAU no aportó nombres, cámaras del lugar, información administrativa interna, nada”. “Nunca se pidió una entrevista con el equipo fiscal por parte del propio INAU o familiares de la víctima”.
El fiscal agregó: “A mi juicio no hay elementos suficientes de prueba ni para identificar responsables ni para hacer efectivas responsabilidades penales”.
El maltrato contra las dos chicas compañeras de Sebastián no fue identificado por el INAU ni denunciado.
El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, que presidió el INAU hasta fines de octubre de 2023, no contestó una serie de preguntas detalladas sobre el incidente en el Himalaya y las eventuales responsabilidades de la policía y del organismo estatal.
“Casos absolutamente marginales”
openDemocracy relevó al menos otros cuatro episodios de presunto abuso policial contra niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal en 2023. En Artigas, un policía golpeó a un chico de 17 años que poco antes había pasado por una cirugía de corazón. La agresión le “provocó una afectación en la salud emocional al punto de no querer circular por espacios públicos por temor a la policía”, se lee en documentos oficiales.
En los centros de breve estadía de Montevideo, a los que llegan adolescentes por primera vez cuando quedan bajo el amparo del INAU, son frecuentes las quejas de golpes de cachiporra propinados a los menores por policías que vigilan las puertas de entrada.
En un hogar de madres con niños, un policía agredió física y verbalmente a una usuaria y a los funcionarios que intentaron evitarlo.
En Maldonado, la policía se llevó esposados y sin acompañamiento adulto a tres niños de 11, 12 y 13 años que habían denunciado a un educador por abuso sexual.
Sin embargo, Abdala dijo a openDemocracy que “son casos absolutamente marginales”. “Desmentiría cualquier versión en el sentido de que hay abuso, de que hay represión, todo lo contrario”, agregó.
“Dios los perdone”
El centro terapéutico integral que pretendía ser el Himalaya es un lugar de abandono.
El psicólogo Gedanke contrató como educador a una persona cuyo antecedente era haber pasado por un tratamiento en una de sus clínicas, porque consideró que tenía el “perfil” adecuado, aunque nunca hubiera trabajado en nada similar. Otros educadores tenían experiencia en hogares infantiles o de madres con hijos, pero pocos tenían conocimientos de salud mental o adicciones.
"Los adolescentes no tienen psicoterapia. Hay psicólogos, pero lo único que hacen es guiarlos", dijo un empleado. En varias ocasiones desaparecieron hojas de la bitácora; después de que una psicóloga arrancara una a pedido de una adolescente que no quería que sus autolesiones quedaran registradas, se empezaron a numerar las hojas.
El ambiente era caótico. No había rutina para los trabajadores ni para los adolescentes, que deambulaban ociosos. Los talleres, de maquillaje, cocina y limpieza, eran improvisados por los educadores.
“La casa se cae a pedazos” y hay una “invasión de ratas”, dijo un trabajador. "Hemos tenido que hacer talleres de limpieza para limpiar el centro porque estaba todo mugriento".
En invierno, los adolescentes se refugiaban en el living envueltos en acolchados porque no había calefacción. Los colchones eran tan finos que una educadora protestó en una reunión con directivos de la fundación, y recibió por respuesta una burla de María del Carmen Flores Latorre, lo que la llevó a renunciar.
Cervini Flores dijo a openDemocracy que las malas condiciones de la casa obedecieron a falta de dinero. “Por un error de sistema” del INAU, este dejó de pagar por el total de cupos para hacerlo solamente por la cantidad de jóvenes realmente atendidos. “Por unos tres o cuatro meses cobramos menos. No es lo mismo que te paguen por los 25 cupos y tener todas las condiciones, a que te paguen por cinco o por 10, que son los que te derivan, y mantener toda la misma estructura de recursos y seguir mejorando ediliciamente”, explicó. “Hoy en día está todo solucionado”, agregó.
Sin embargo, en mayo de 2023 el INAU modificó el convenio, estableciendo que pagaría solamente por la cantidad de adolescentes atendidos si durante tres meses la ocupación permanecía por debajo del 75% de la capacidad. Pero esta cláusula no se cumple: al menos en junio de este año el INAU transfirió al centro Himalaya fondos por ocupación plena, unos $ 2,8 millones.
Las fuentes también mencionaron que la familia Cervini y Gedanke estaban desconectados de lo que pasaba en el centro. "A Cervini (Loperena) nunca lo conocí. Conocí a María del Carmen, que dos por tres iba, pero vivía en un mundo paralelo, no tenía idea de nada de lo que vivíamos ahí”, dijo uno de los trabajadores. “Me acuerdo de una vez que llegó con ropa para niños de cinco años, ¡y el centro es para adolescentes!".
Otro empleado sostuvo: "Los Cervini nunca se preocuparon por lo que sucedía aquí". Y otro agregó: "Solo les importa lucrar con los chicos. Dios los perdone".
Entre abril y mayo de 2024 renunciaron ocho educadores. “En la cancha vas viendo realmente a quiénes querés en el equipo y a quiénes no", dijo al respecto Cervini Flores. “Es natural en casi todo negocio”, agregó. Además, se quejó de que los “perfiles” de los adolescentes que derivaba el INAU no coincidían con lo acordado en el convenio, y por eso “fue muy complejo el armado del equipo”.
El vicepresidente del INAU, Velázquez, dijo que encomendó a uno de sus asesores una “investigación interna” sobre la Fundación Ave Fénix, y detectó “varias presuntas irregularidades en cuanto al personal y al uso de los dineros públicos, tras lo cual realizamos un informe y lo elevamos a directorio solicitando una investigación administrativa”.
“No tendría que haber sido así”
Sebastián y una de las dos chicas que, según testigos, habían sufrido maltrato de la policía, fueron trasladados a Los Robles, y después a otros centros. En el segundo semestre de 2023, la segunda adolescente aún vivía en el Himalaya. Con 16 años recién cumplidos, empezó a frecuentar una boca de drogas en la Aduana junto a otras tres menores que ella, que habían ingresado poco antes al Himalaya.
“Iban entrando gurisas con procesos relativamente lindos, pero no había rutina ni nada y todas terminaban dejando el centro de estudio, después terminaban fugándose y saliendo a consumir. Cada dos por tres volvían al hogar a bañarse, a comer algo, y se volvían a fugar”, contó un testigo.
“En una de esas idas y venidas, una de ellas, la más reciente en el hogar, que tenía 14 años, cuenta que estaban en una boca. Había ido al hogar pidiendo llamar a la madre. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que en la boca la habían amenazado por robar droga. Ella en realidad no había sido, pero estaba asustada porque la estaban amenazando de muerte básicamente. Ahí fue cuando ubicamos el lugar. Todos estábamos al tanto de dónde estaban las chiquilinas y en qué condiciones”, agregó esta fuente.
La entonces directora del Himalaya, García, denunció esta situación al INAU en septiembre de 2023, poco antes de renunciar. “Quienes ocupan la finca [donde funcionaba la boca de droga] y se encargan de la venta de sustancias, se han involucrado diariamente con jóvenes menores de edad, ofreciendo tales sustancias a cambio de actos sexuales, entre otras cosas”, se lee en su informe.
Otras dos fuentes cercanas al caso aseguraron que también se había hecho la denuncia policial. ”Se fue a la seccional 2 a hacer la denuncia, a pedir para sacarlas de ahí, y desde ahí dijeron que ellos no se podían meter. Les dijeron que eran menores las que estaban ahí, y ellos contestaron que no”.
El INAU no llevó este caso a la justicia porque sus abogados están saturados de expedientes, y tampoco actuó para ponerle fin porque no tiene ni estrategia ni lugares a los que trasladar a las adolescentes afectadas, dijo a openDemocracy una fuente oficial que pidió no revelar su nombre.
A mediados de 2024, una de esas cuatro chicas contó en el Himalaya que había sufrido abuso sexual por parte de un trabajador del centro, que también es funcionario del INAU. Este hombre ya había sido acusado por otra adolescente, según testigos. Los responsables del centro convencieron a la primera víctima de que había inventado el abuso por sus problemas de salud mental. La adolescente escribió dos cartas disculpándose. La segunda vez, también culpabilizaron a la adolescente.
Las autoridades del centro no tomaron medidas sobre el trabajador acusado. “No lo quisieron despedir porque María del Carmen expresamente dijo que no quería pagar despidos”, contaron trabajadores del centro, y aseguraron que fue trasladado a Aconcagua, otra clínica gestionada por Gedanke. Ni los Cervini-Flores ni Gedanke contestaron nuestras preguntas sobre esto.
Poco a poco, las cuatro adolescentes afectadas por la explotación sexual fueron trasladadas a Los Robles. Tres pasaron luego a otros hogares, pero sin que se pusiera fin a las situaciones de daño, abuso y explotación.
La cuarta, que acababa de cumplir 18 años, fue expulsada del INAU un día después de manifestar que había sido violada en una salida no acordada. Las autoridades se negaron a que siguiera viviendo en residencias del sistema.
Es frecuente que la prensa reporte denuncias de adolescentes en amparo que son víctimas de explotación o trata sexual; algunas terminan incluso muertas.
Las dos chicas que fueron arrestadas junto a Sebastián todavía son menores de edad y continúan en la órbita del INAU. Él, que ya tiene 18 años, estuvo viviendo un tiempo en la calle y en refugios luego de salir de Los Robles. Por entonces, se cruzaba con otros adolescentes que habían pasado por el Himalaya o la clínica psiquiátrica. Todos, como él, cargando dolores y sin rumbo.
“Nosotros éramos unos niños y seguimos siendo unos niños. Aunque no lo crean, ¿ta?”, dice. “Aunque hayamos hecho todo lo que hayamos hecho, para mí, no tenía que haber sido así”.
*Los nombres de adolescentes fueron cambiados u omitidos para proteger su privacidad y seguridad.
