Joaquín Martínez Gómez tenía 38 años cuando murió, el 18 de marzo de 2023, en la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja. Desde un inicio, la Policía lo consideró como un caso de suicidio, y así fue catalogado en el certificado de defunción, pero la familia cuestiona que faltó una investigación y reclama que sea considerada una muerte accidental.
Joaquín falleció en un hotel mientras dormía. Tenía un trastorno mental grave y, por épocas, consumía de drogas. Por ambas cosas recibía tratamiento médico. Por eso a la familia no le llamó la atención que en su habitación la policía encontrara medicamentos de venta controlada y blísters vacíos en la papelera. “Era normal, a nosotros no nos llamaba la atención”, dijo a Búsqueda su madre, Mónica Francisca Gómez.
Estaba en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde hacía 20 años, y su último diagnóstico había sido esquizofrenia, además de sufrir un insomnio severo, debido a lo cual podía pasar dos o tres días sin dormir, según relata su madre. “Él empezaba tomando su medicación para dormir, con indicación médica, y como no se dormía tomaba más, hasta que lograba dormir y podía hacerlo por dos o tres días seguidos. Eso para nosotros era su funcionamiento habitual”, asegura.
Pero la información médica no fue incorporada a la investigación inicial, según aseguró la familia y surge de un análisis forense posterior.
Catalogado como suicidio
La primera página del informe criminalístico de la oficina departamental de policía científica de la Jefatura de Policía de Lavalleja, que tiene fecha de 23 de marzo de 2023, señalaba que el hecho investigado era un suicidio.
En el mismo sentido, el informe definitivo del médico forense Rodrigo Tais, del Poder Judicial, realizado el 21 de junio de ese año, concluyó que fue una “muerte compatible con suicidio por consumo de psicofármacos”.
El texto, al que accedió Búsqueda, indicó que en el estudio toxicológico se detectaron tres sustancias (quetiapina, clonazepam y flunitrazepam) en “dosis mayores a las terapéuticas” y que el primer fármaco mencionado, la quetiapina, “produce arritmias cardíacas” que “pueden producir un paro cardiorrespiratorio”.
La familia del fallecido, sin embargo, lo discute y desde un inicio sostiene que no había indicios para afirmarlo.
“Ni la policía ni el forense recabaron testimonios en el lugar del deceso a los empleados ni a las personas que se hospedaban allí, no se filmó la escena, no hablaron con los familiares, con los psiquiatras tratantes ni buscaron ninguna información que pudiera ser relevante”, como la historia clínica, dice un escrito que la familia de Joaquín entregó el 19 de febrero de 2025 a la fiscal Marlene Canosa.
Un informe que controvierte la versión policial
La familia solicitó un informe al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, de 2024, que aceptó el caso, y concluyó que la muerte se produjo por una intoxicación aguda por psicofármacos y que, con los elementos disponibles, hay una “muy alta probabilidad” de que se tratara de una muerte accidental.
Además, señalaba que la autoeliminación, aunque posible, solo podría mencionarse como una conjetura, “sin un sostén concreto” en las singularidades del caso. Ese fue el informe que presentaron a la fiscal para pedir la reapertura de la investigación, basados en el artículo del Código del Proceso Penal que habilita a hacerlo si se producen hechos nuevos o surgen nuevos medios de prueba que lo justifiquen. Su pedido recibió la respuesta negativa de la fiscal.
El análisis, que fue firmado por Hugo Rodríguez Almada y Jessica Filosi Piedrahita, se hizo “con finalidad humanitaria y a título pro bono”, aclara el documento, al que accedió Búsqueda. Para su elaboración, accedieron a la carpeta de Policía Científica de Lavalleja, a los informes forenses, a información del Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense y al certificado de defunción.
De la revisión, el documento establece que, al ser un consumidor de psicofármacos de larga data, era esperable que desarrollara tolerancia, lo que hace que se requieran mayores dosis para obtener el mismo efecto, además de que eso, a su vez, “hace que se alcancen las concentraciones tóxicas”.
“Pese a la limitación insubsanable” de no contar con datos que pudo haber aportado la autopsia, “se puede sostener que todos los elementos disponibles son consistentes” con que la muerte se debió a una intoxicación aguda por psicofármacos, pero con los datos disponibles “se está muy lejos de poderse afirmar el diagnóstico de suicidio”, porque “no se advierte algún elemento situacional concreto que oriente a una ideación suicida consumada”, concluye el informe. La muerte accidental “es la causa más probable de la manera de muerte”, afirma.
Un duelo más difícil
La familia sostiene que la calificación de la muerte como suicidio agravó el duelo de sus integrantes, especialmente el de los dos hijos de Martínez Gómez, que tenían 18 y 19 años cuando murió.
Es una “revictimización importante para nosotros, porque no es lo mismo cursar un duelo con la carátula de suicidio que de muerte accidental”, dijo Gómez. Y agregó: “Realmente hay un agravio, es un duelo que no terminamos de hacer, porque estamos todo el tiempo peleando y nos damos contra un muro. Queremos que los documentos reflejen la verdad de la muerte de mi hijo y que sea un cierre justo”.
Entre las razones para solicitar la búsqueda de la verdad en el escrito enviado a la Fiscalía, y que no se catalogue como suicidio la muerte, la familia sostuvo que en la aplicación del banco había pedido un préstamo de US$ 2.000 hacía pocos días, había hablado con varias personas, para pedirles trabajo y obtener mayores ingresos, y con su tía, para decirle que estaba buscando un lugar para alquilar. También “se compró en esos días ropa, medias, un perfume, mate, termo”, dice el texto.
“Había puesto a cargar el teléfono y había puesto la alarma para despertarse temprano. Todo esto no hubiera sido posible si hubiera estado en un consumo de drogas problemático, ya que no hubiera mantenido estos comportamientos ordenados”, agrega, “además de que nadie pondría la alarma si se acuesta pensando en quitarse la vida”.
A su vez, aseguraron que, en opinión de sus médicos tratantes, los rangos terapéuticos de referencia en los resultados de los análisis toxicológicos no aplicaban para él en sentido estricto.
Tras fracasar en sucesivos pedidos a la Fiscalía, decidieron recurrir a los medios y analizan otras posibles acciones, como elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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