El Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía General de la Nación asignó al fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez, la denuncia que el 24 de abril presentó Martín Mutio contra Mónica Ferrero y otros tres funcionarios públicos y jerarcas de la Dirección General de Aduanas y Prefectura Nacional. Los denunciados formaron parte de un equipo conformado por Ferrero para investigar la causa, como titular de la Fiscalía de Estupefacientes que investigó a Mutio y obtuvo su condena en la Justicia, y declararon como testigos.
La demanda contra los funcionarios asegura que existieron declaraciones falsas, que se suman a otras conductas de apariencia delictiva, que “incidieron decisivamente” en el proceso judicial que llevó a Mutio a cumplir una condena de 15 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de activos. Fue por 4,5 toneladas de cocaína encontradas en uno de los contenedores de soja a granel que había exportado Mutio en junio de 2019.
En el marco de la investigación que realiza Rodríguez a partir de la denuncia, en los últimos días el fiscal solicitó diversas actuaciones a varios organismos, que están vinculadas al juicio, que esperará analizar antes de realizar las primeras citaciones. Entre la información que solicitó, está la investigación administrativa que realizó la Dirección Nacional de Aduanas en el marco del caso, que ingresó como prueba en el juicio contra Mutio, indicaron fuentes judiciales a Búsqueda.
Faltaron planos del barco
Según denuncia Mutio, el expediente administrativo fue incluido incompleto en el juicio por el encargado de realizar la investigación administrativa, quien es uno de los funcionarios denunciados, y le faltan cinco hojas en comparación al original. El escrito presentado por la defensa de Mutio, al que accedió Búsqueda, establece que en esas fojas había correos electrónicos del representante en Uruguay de la empresa naviera italiana Grimaldi, Ignacio Iturburu, con los planos de estiba de algunos de los puertos en los que había hecho escala el buque Grande Benín, donde luego fue encontrada la droga. Se trata del documento que muestra la ubicación de cada contenedor a bordo, y se actualiza en cada puerto en que hace escala a medida que se descargan contenedores.
Luego de salir de Montevideo, el barco hizo escala en los puertos de las ciudades de Zárate, Santos, Río de Janeiro, Vitória y Dakar, antes de llegar a Hamburgo.
“Esos planos fueron ocultados a las sedes judiciales”, y “no fueron incorporados a la causa porque no eran funcionales a la estrategia de fiscalía”, dice la denuncia. Durante el juicio, la fiscalía habló de un plano de estiba, de su salida del Puerto de Montevideo, y aseguró que “el contenedor donde fue incautada la droga iba entre otros dos contenedores, lo que hacía que las puertas quedaran trabadas y hacía imposible el acceso a las mismas, una vez cargado en el buque”, dice la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Eso imposibilitaba que la cocaína fuera cargada durante el trayecto.
Según la denuncia de Mutio, un oficial de la Armada, que trabaja en la División de Investigaciones de Prefectura y fue oficial del caso, declaró “falsamente que solo recibió un plano de estiba” cuando Iturburu dijo en audiencia que había entregado todos. El 16 de noviembre de 2021 dijo que “por el pedido de las autoridades uruguayas, cuando inició la investigación se le solicitó al armador los diferentes planos de los diferentes puertos que tocó el barco y ahí se les envió toda la información”.
Por tanto, para Mutio, los denunciados “son profesionalmente conscientes de la necesidad inexcusable de que sean agregados todos los planos de estiba de todos los puertos que tocó el barco, para tener la certeza absoluta de que el contenedor no fue contaminado en el viaje”.
Este punto había sido considerado por la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian, que en 2022, en primera instancia, absolvió a Mutio. En su sentencia, la magistrada planteó que la ubicación del contenedor que hacía imposible moverlo “no fue acreditada ni la información solicitada en ninguno de los distintos puertos en que zarpó el buque, ni con el libro de registro del buque, ni siquiera se agregaron los restantes planos de ubicación del contenedor, cuando llegaba y salía de los distintos puertos en los que incursionó”.
Diferencias con el peso
En la denuncia, Mutio también cuestiona otro de los elementos en los cuales se sustentó la acusación de la fiscalía: el peso del contenedor, uno de los puntos centrales de la discusión durante las audiencias del juicio, que fueron 27 y tuvieron más de 50 testigos.
Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que el condenado cargó la droga en el contenedor en un silo en el departamento de San José, donde estuvo antes del traslado al puerto. Una vez allí, se habían registrado 26.570 kilogramos, según estableció la boleta expedida por la Administración Nacional de Puertos que se incorporó como evidencia en el juicio.
Según la fiscalía, al peso informado por Bélgica, 25.580 kilos, debía restarse la tara (peso) del contenedor, que eran 3.840 kilos, y la diferencia entre el peso de salida de Montevideo y el informado por las autoridades belgas equivale a la sustancia incautada en Hamburgo.
“El peso bruto no es lo mismo que el peso neto”, señaló en representación del Ministerio Público la fiscal adscripta Cecilia Ronco, en la audiencia de los alegatos de clausura, el 28 de julio de 2022.
Sin embargo, la denuncia plantea que hubo un “error esencial” de la fiscalía, porque “si la mercadería se carga a granel”, como fue el caso de la soja, “significa que no va empaquetada, envasada, acondicionada” y “el peso bruto y el peso neto es el mismo”, y por tanto la diferencia de peso entre Montevideo y Hamburgo fueron 990 kilogramos. Mutio asegura que los funcionarios denunciados mintieron y “ocultaron el alcance conceptual y normativo del ‘peso bruto’ de la soja, para que fiscalía redondeara su acusación”.
En la denuncia, que comenzó a investigar el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Mutio también plantea que “la fiscalía ocultó en su momento un mail cursado por las autoridades alemanas, en el cual daban cuenta de que habían investigado al comprador final de la soja y llegaron a la conclusión que era un comprador real, sin vínculos con el narcotráfico”.
Ferrero fue “partícipe relevante”
Según plantea la denuncia, las actuaciones irregulares, como las “declaraciones falsas”, fueron realizadas “en concierto con la fiscalía”, y el Tribunal de Apelaciones que actuó en el caso y la Suprema Corte de Justicia fueron “engañados”.
En relación con Ferrero, que lideró la investigación preliminar y fue quien acusó en el juicio oral que terminó con la condena de Mutio, el escrito de la denuncia plantea que como titular de la fiscalía a cargo de la investigación “no pudo estar ajena a las conductas denunciadas, por lo que no hay lugar a dudas de su condición de autora, coautora o partícipe relevante de las mismas”.
“Si no instigó, a lo menos, consintió o acordó la prestación de las falsas declaraciones que he relacionado, así como el ocultamiento de los planos de estiba. (...) No pudo realizarse sino con el acuerdo y, seguramente, bajo las directivas de la propia fiscalía”, dice Mutio en la denuncia. En paralelo, su defensa analiza presentar un recurso de revisión, un recurso extraordinario contra la sentencia definitiva de condena que tiene varias causales específicas.
