Con esta información —que no formó parte del juicio— la defensa de Mutio intenta poner en cuestión el relato expuesto por la Fiscalía de Estupefacientes de 1er turno, liderada por Mónica Ferrero, que, desde el principio del proceso, afirma que el imputado cargó la droga en el contenedor en un silo en el departamento de San José, antes del traslado al puerto. Williman considera “sustancial” esta diferencia de 990 kilos en las dos instancias en las que fue pesado el contenedor porque plantea la posibilidad de una manipulación de la carga, entre el puerto de Montevideo y su llegada al país europeo. El abogado sostiene que puede haber existido una maniobra para retirar toneladas de soja y cargar cocaína, en la que los autores cometieron un error de cálculo.
El trayecto del buque incluyó escalas en Zárate, Santos, Río de Janeiro, Vitoria y Dakar para luego llegar a Hamburgo. “Si el peso fuera exactamente el mismo, parecería que no fue tocado (el contenedor). Pero si hay una diferencia entre los pesos, ¿cómo lo explicás si no es por una manipulación?”, dijo Williman a Búsqueda.
Para que se alcance una condena en el ámbito penal, agregó, debe existir “la certeza, la plena prueba de la comisión del delito y la participación del imputado, más allá de duda razonable”. Entiende que esta información pone “en tela de juicio” que esté garantizado el “estándar necesario” para una condena.
Para lograr presentar un escrito en la instancia en la que se encuentra el caso en el máximo órgano del Poder Judicial, en el que solo se analizan errores vinculados a la aplicación del derecho, una de las alternativas que estudia la defensa de Mutio es apelar al principio de la doble conformidad. Se trata de una garantía fundamental establecida en el Pacto de San José, que fue suscrito en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en Costa Rica, en 1969, y fue ratificado por Uruguay en 1985.
Este tratado prevé el derecho de los ciudadanos a una segunda instancia que realice un examen general de la causa, que incluya el análisis de cuestiones fácticas y probatorias. Para Williman, en el caso de Mutio, debería ser en la SCJ, porque en primera instancia fue absuelto y en segunda instancia condenado. De ser interpretada la casación como una segunda instancia, como pretende la defensa, los ministros deberían analizar todo el caso.
l Absolución. El 18 de agosto de 2022, la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er turno, Adriana Chamsarian, consideró en su sentencia que “a pesar de los denodados esfuerzos desplegados por la Fiscalía” no se había “logrado incorporar (...) un cúmulo probatorio que holgadamente logre alcanzar el estándar (...) requerido y exigido por el ordenamiento jurídico” para una condena.
Luego, tras una apelación del Ministerio Público, Mutio fue condenado a 15 años de penitenciaría, por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno, integrado por los ministros Daniel Tapie, Ricardo Míguez y Ángel Cal. El 22 de junio de 2023 fue emitida la sentencia que recogió los argumentos utilizados por la Fiscalía General de la Nación.
Para el Ministerio Público, “la carga de los contenedores presentó opacidades que no se explican, si no es en el marco del desarrollo de una maniobra ilícita”. Por ejemplo, cuestionan que dos contenedores hayan sido cargados de soja en Canelones y uno en San José —el que estuvo depositado más de un día en el galpón y fue al que en Alemania se le detectó la droga— o que haya sido Mutio personalmente quien lo fumigó, según su explicación, para bajar costos operativos. De esa manera estuvo solo con el contenedor donde estaba depositada la soja.
Contrainvestigación
Durante las audiencias del juicio, que fueron 27 y tuvieron más de 50 testigos, el peso del contenedor fue uno de los puntos centrales de la discusión porque la Fiscalía entendía que al peso informado por Bélgica debía restarse la tara (peso) del contenedor, que eran 3.840 kilos.
“El peso bruto no es lo mismo que el peso neto”, señaló en representación del Ministerio Público la fiscal adscripta Cecilia Ronco, en la audiencia de los alegatos de clausura, el 28 de julio de 2022. En tanto, un empleado del despachante de Aduanas, José Difilippo, aseguró en otra instancia, el 17 de noviembre de 2021, que “la mercadería a granel no tiene embalaje, por lo que es lo mismo el peso neto que el peso bruto”. Eso es lo que finalmente la defensa alega que se prueba con la respuesta de Bélgica, porque el peso informado hacía referencia únicamente a la soja.
Esta información surgió de una “contrainvestigación” que hizo la esposa del imputado, María Sol Torres, a la realizada desde la Fiscalía General de la Nación. En el marco de ese trabajo, Torres elaboró videos —que publicó en YouTube— con varias instancias del juicio para dar a conocer declaraciones de testigos e incongruencias que señala existieron durante el proceso.
Sobre la información de Bélgica, Williman señaló que son elementos que “originalmente no se tomaron en cuenta” durante el juicio y, por eso, analizan distintas posibilidades para que sean estudiados en casación. “Es una teoría alternativa del caso muy fuerte, porque donde haya sido manipulado el contenedor, cambia todo y no tiene nada que ver Mutio”, afirmó. El abogado consideró que “la investigación debió ser más exhaustiva”, porque en general “no se agotaron todas las posibilidades” para determinar con “la mejor precisión posible qué fue lo que pasó”. También reclama que no se haya realizado una pericia de los precintos.
Según surge de la sentencia de Apelaciones, la Fiscalía afirmó que “al momento de la apertura por parte de las autoridades alemanas los precintos que poseía el contenedor eran los originales”: uno de color blanco perteneciente a la empresa naviera y otro de color verde perteneciente al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, que “estaban intactos al arribo del buque a Hamburgo”. Sin embargo, durante el juicio, el representante de Grimaldi, la línea marítima en Uruguay, Ignacio Iturburu, leyó un documento que señalaba que “coincide con la denominación y modelo que sale de Uruguay, pero el precinto se lo quedó la Aduana alemana y el armador Grimaldi no puede certificar que sea el mismo”, afirmó en una audiencia judicial el 15 de noviembre de 2021.
Penal de Libertad
El viernes 24 de mayo de 2024 hubo una nueva audiencia por el caso, en la que se analizó la medida cautelar de la prisión preventiva mientras espera el pronunciamiento de la Suprema Corte, en la cual estuvo presente el imputado. La defensa, encabezada por Williman, solicitó que fuera enviado a prisión domiciliaria con tobillera electrónica bajo el argumento de que “no hay riesgo de entorpecer la investigación” porque está finalizada y, con respecto al peligro de fuga, se debía “determinar si efectivamente hay elementos de convicción suficientes de que existe”, porque “las circunstancias variaron desde la última audiencia”.
En esa instancia, que se realizó a finales de 2023, cuando todavía eran sus abogados Florencio Macedo y Pablo Donnángelo, que defendieron a Mutio desde el inicio de la investigación, el juez de Crimen Organizado de 1er turno, Fernando Islas, extendió la prisión preventiva. Consideró que los delitos de los cuales se lo acusan “son graves” y que la vinculación que realiza la Fiscalía con organizaciones criminales transnacionales “es una pauta” que “intensifica” la probabilidad de fuga. En la audiencia se hizo referencia también a que su esposa, el hijo de ambos y las dos hijas de la mujer viven en Argentina.
Por esa razón, en la última audiencia la defensa de Mutio presentó un contrato de arrendamiento que firmó Torres para vivir en Uruguay en un barrio de Maldonado “especialmente privado, donde para entrar y salir hay que pedir permiso”, dijo Williman, según surge del audio de la audiencia pública al que accedió Búsqueda. También se mostró el inicio del trámite de residencia definitiva de la esposa de Mutio y de la revalidación de su título como abogada. Por tanto, la defensa del imputado aseguró que no correspondía la prisión preventiva, porque cambió su situación de “arraigo”.
La Justicia rechazó la solicitud.
Por otro lado, Williman se refirió a la prisión preventiva que cumple en el Penal de Libertad y dijo que “las condiciones de reclusión siguen siendo lamentables”. A pesar de varios pedidos de la defensa para que sea trasladado a la cárcel Piedra de los Indios en Colonia, por la cercanía a su familia, el Instituto Nacional de Rehabilitación no habilitó su traslado. Para el abogado, “llama la atención” que esté en el Penal de Libertad, porque “no cierra con su perfil” y existen informes del INR que señalan que corresponde su traslado.
Un gesto polémico
Minutos antes de que finalizara la audiencia, Mutio solicitó permiso para hablar y, además de plantear su “preocupación” por la extensión de la prisión preventiva, dijo que desde hace cinco años soporta el “destrato” de la Fiscalía y que el Ministerio Público ha ocultado información. Desde la cárcel, se comunicó con Búsqueda, y aseguró que nunca antes había salido a hablar porque sus abogados anteriores le transmitían que “no era conveniente”.
“Me arrepiento totalmente”, afirmó, porque cree que eso le impidió defenderse.
En su opinión, la fiscal Ferrero se tomó “personal” el caso y desde el Ministerio Público “tergiversaron prueba”. Ferrero tiene el doble rol como titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1er turno y fiscal de Corte subrogante.
Mutio hizo referencia a un gesto que realizó la fiscal durante la audiencia del 15 de noviembre de 2021, la de los alegatos de apertura que introducen el juicio, y que quedó captado en el video y el audio del sistema Audire Pro del Poder Judicial, a los que accedió Búsqueda.
Mientras la fiscal adscripta relataba los hechos, en la instancia judicial que se desarrolló el 15 de noviembre de 2021, Ferrero, con su puño cerrado y el codo flexionado, movió su brazo hacia adelante y hacia atrás, mientras miraba en dirección a la mesa en la que estaban Mutio y sus defensores.
“Ahí te das cuenta que es algo personal”, afirmó el imputado a Búsqueda.
El video muestra que el imputado, tras ver el gesto, le pidió la palabra a la jueza y replicó el gesto y cuestionó: “¿Hay o no hay garantías? Que me esté provocando, haciéndome así, Ferrero…”.
Ferrero se defendió argumentando que había hecho otro gesto. Uno con la mano abierta vinculado al alegato de la fiscal adscripta que había aludido a un recibo y un cobro, y que era en respuesta a una mirada de uno de los abogados de Mutio. El video muestra que el gesto fue con el puño cerrado.
La jueza Chamsarian debió llamar al orden: “Les voy a pedir a todos los presentes que se comporten a la altura de la investidura que cada uno tiene. Yo no quiero entrar a mirar el video. (...) Creo que somos todos adultos y tenemos que comportarnos a la altura de la investidura”.
