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Debido “a la realidad criminal actual”, la Fiscalía pide casas de seguridad para víctimas y testigos
“Los dispositivos de protección actuales se han visto limitados por las nuevas formas delictuales”, advierte un informe presentado al Ministerio del Interior
La Fiscalía considera que la Policía debe ofrecer mayor custodia a las personas que declaran bajo amenaza.
La Fiscalía General de la Nación(FGN) advirtió que el Estado necesita mejorar la protección de testigos y víctimas de casos de narcotráfico, ante nuevas modalidades de grupos de crimen organizado que aumentan la presión a las personas antes de que estas declaren en su contra en la Justicia.
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Buscan “de forma violenta amedrentar y desestimular” a testigos y víctimas, lo que “pone en riesgo su integridad física” y el proceso penal, indica un documento enviado desde la FGN al Ministerio del Interior, al cual accedió Búsqueda. El documento contiene una propuesta que menciona en específico la necesidad de disponer, para testigos y víctimas, de “casas de seguridad con custodia policial durante los momentos previos a la declaración”.
La propuesta fue elaborada por Manuela Reguera, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, con la intención de que pueda ser incluida a partir del año que viene en el Plan Nacional de Seguridad Pública, que está en proceso de elaboración por parte de Interior. De acuerdo a Reguera, los mecanismos de protección actuales del Estado “no condicen” con el avance y la acción del crimen organizado, ya que fueron pensados en otro tiempo y quedaron desactualizados ante “nuevas formas delictuales, tecnológicas y de comisión de delitos”.
“Es por esto que es necesario otorgar dispositivos de protección con las suficientes garantías de seguridad a víctimas y testigos que, por el nivel de riesgo alto evaluado y la información que poseen para declarar ante el juez, deban tener medidas diferenciales que prevalezcan el cuidado de su integridad física y la de sus familiares cuando correspondiere”, afirma.
Información-Sede Poder Judicial-Bandera Uruguay-Mauricio Zina-adhocFOTOS
La iniciativa se enfoca en las personas con un nivel de riesgo alto por la información que tienen para aportar a un juez.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Según la Fiscalía, debe existir una custodia del Ministerio del Interior para proteger a testigos y víctimas de los delitos “en un espacio seguro en momentos previos y brevemente posteriores” a las declaraciones. Menciona en concreto que las “casas dispuestas especial y temporalmente para la medida de protección con el objetivo de salvaguardar la integridad física y el testimonio” son un modelo que funciona en otros países y que Uruguay puede imitar.
Una de las experiencias internacionales más conocidas es la que ofrece el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service, por su nombre en inglés), que opera un programa federal de seguridad de testigos. De acuerdo a la descripción oficial del programa, estas personas generalmente declaran contra miembros de grandes organizaciones criminales, como grupos tradicionales del crimen organizado, pandillas y organizaciones terroristas. Este dispositivo proporciona seguridad, protección y atención sanitaria a los testigos y a sus familiares, “cuyas vidas están en peligro como resultado de su cooperación con el gobierno de los Estados Unidos”. El Servicio de Alguaciles brinda protección las 24 horas a todos los testigos mientras se encuentran en un entorno de alto riesgo, incluidos los juicios y otras comparecencias ante la Justicia.
La protección actual de Fiscalía
La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía funciona desde la implementación del Código del Proceso Penal en 2017. Tiene como competencia el diseño de estrategias de atención, protección y acompañamiento a los testigos y víctimas de delitos y sus familiares, en coordinación con los equipos fiscales. El objetivo es “facilitar su intervención en el proceso penal y garantizar el acceso a la justicia con equidad”. La unidad tiene un equipo técnico integrado por psicólogos y trabajadores sociales y una asesoría jurídica y administrativa.
En su propuesta al Ministerio del Interior, la FGN señaló que existe un aumento en la demanda de acompañamiento de testigos que cuentan con información privilegiada para el esclarecimiento de hechos criminales. Parte de la razón es que son personas que están “seriamente intimidadas, amenazadas y estimuladas para desistir de colaborar con la Justicia”.
El planteo de la Fiscalía de mejorar su seguridad abarca también a los funcionarios públicos que denuncian delitos de corrupción contra la administración pública. Son testigos que están hoy comprendidos en el artículo 42 de la Ley 19.823 y para los cuales ya es obligatorio que dispongan de determinada protección, como la recepción reservada de denuncias, la reserva de su identificación y la preservación de su estabilidad laboral.
Las casas de seguridad buscan que testigos eviten ser encontrados por personas que quieren intimidarlos o agredirlos.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Según datos a los que accedió Búsqueda, en 2024 la unidad atendió a 4.050 víctimas y testigos, lo que significó un aumento de 27,5% en relación con 2023. Del total, 2.472 estuvieron relacionadas a casos de delitos sexuales, 737 a violencia doméstica y 374 a homicidios.
En 2023, del total de las personas atendidas, el 70% fueron víctimas y el 30% testigos. El porcentaje de testigos a los que se les da atención y protección ha ido creciendo en los últimos años. En ocho casos se tomó como medida la relocalización, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, que les otorga un subsidio de alquiler. Según informó El País el 16 de noviembre, desde 2018 a 2024 la Fiscalía relocalizó a más de 400 víctimas, testigos y familiares, en casos vinculados a narcotráfico, homicidios, crimen organizado y rapiñas complejas.
