—En Uruguay, el ITF hace todas las pericias, tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial y a los abogados.
—Que consulten a los mismos expertos resta cierta posibilidad de intimidad y de desarrollo de la investigación independiente y autónoma, de poder entender cuál es la teoría del caso de la Defensa o de la Fiscalía, y poder ir técnicamente a hacer un informe que puede o puede no sostener esa teoría del caso. También genera una gran cantidad de pedidos, un cúmulo de trabajo que no siempre se acompaña de los recursos de personal y técnicos que se requieren. Y esta imposibilidad de tener un diálogo fluido con la parte que solicita hace que todo termine en una pericia que quizás no sea necesaria para el caso concreto, y probablemente desgaste mucho los recursos porque los pedidos son inmensos. La prueba pericial en psicología y en psiquiatría es sobre todo la que más ha crecido en las últimas décadas. Probablemente haya una sobreabundancia de pedidos que no siempre son necesarios.
—¿No siempre tiene que haber un informe de un perito?
—No siempre. Es la parte quien decide si presenta o no ese informe, porque el experto de confianza podría decirle que no hay datos suficientes para abonar su teoría del caso y esa conversación ya la descarta. Entonces, que haya alguien independiente al que le lleguen consultas y que siempre tenga que emitir dictámenes por escrito hace que probablemente el sistema se vea muy tensionado y conspira con la calidad. Si uno tiene muy poco tiempo, muchísimo trabajo y para muchos casos no hay una sospecha sólida para pensar que alguien pudiera haber tenido afectación en su capacidad mental, termina necesariamente colapsando muchas veces los sistemas.
—¿Sería recomendable que Uruguay tuviera en la Defensoría un cuerpo de técnicos?
—En la Defensoría y en la Fiscalía. Pensándolo en un sistema de partes, que sean las partes independientes que presenten su propia prueba y después se discuta qué se va a admitir en un juicio.
—¿Cree que hay evidencias o informes que ingresan al juicio que no deberían ingresar, que tendrían que ser filtrados antes?
—Sí, pero eso pasa en todos los países.
—¿Cómo pueden evaluar los jueces si tiene que ingresar una prueba de una especialidad que ellos no tienen?
—Es una pregunta que nos hacemos en todo el mundo. ¿Quién le informa al juez que el informe que se está produciendo y que la parte quiere ingresar siguió las buenas prácticas de esa disciplina? ¿Cómo sabemos que la información es confiable? Sobre todo en el ámbito anglosajón han diseñado algunos criterios para pensar la prueba de expertos, que tienen que ver con que la técnica, la teoría, el procedimiento, los instrumentos hayan sido probados anteriormente, revisados por pares a través de publicaciones internacionalmente reconocidas. No sería recomendable que un instrumento que todavía no tiene el respaldo ingrese, porque todavía es una herramienta muy incipiente y no sabemos si eso tiene el grado de solidez para poder ser aceptado en la comunidad de expertos.
Lo que no tiene que pasar es que en una audiencia de admisibilidad de las pruebas estén los resultados, sino cuál es el método, es decir, explicar que lo que yo voy a hacer ha sido probado, hay una tasa de error conocida, y que estas técnicas, instrumentos o teorías tienen un amplio reconocimiento en la comunidad de expertos. Creo que en nuestros sistemas no hay una cultura organizacional y judicial de darles la entidad a esas audiencias y tenemos consecuencias muy negativas porque podrían ingresar algunas disciplinas consideradas como pseudociencias.
—¿Por ejemplo?
—Las evaluaciones realizadas de grafología forense, es decir, la determinación de los rasgos de personalidad a través de la letra manuscrita, tienen amplias críticas y distintas sociedades internacionales las han considerado directamente pseudociencia. Ahora, no es infrecuente que en nuestros países esas pruebas se ingresen. O cuando te mandan a hacer dibujos, en la parte forense está cuestionado el criterio o la confianza, pero en América Latina son de las técnicas más utilizadas. Nosotros ya presentamos los resultados de un trabajo que hicimos con una profesora de Uruguay y con otra profesora argentina sobre qué técnicas de evaluación psicológica utilizaban los psicólogos de Argentina y de Uruguay para evaluar distintas cuestiones en la forense, y lo primero que sale es la entrevista y, después de eso, las técnicas basadas en dibujos. En muchos países de Europa y también en los países anglosajones son técnicas que han quedado en desuso y los psicólogos forenses las desaconsejan.
—En delitos sexuales muchas veces se cuestiona la credibilidad de los relatos, sobre todo de las víctimas, porque son delitos que se dan en la intimidad. ¿Qué tan confiable es el trabajo ahí? ¿Cómo se puede lograr esa confiabilidad?
—Creo que ahí una de las cuestiones centrales es también reconocer las limitaciones de las disciplinas. Una cosa que sí sabemos es que en víctimas adultas no tenemos herramientas internacionalmente reconocidas para determinar la credibilidad de un testimonio en víctimas. No tenemos la posibilidad de decir si alguien dice la verdad o miente. Este es uno de los puntos importantes. Nosotros deberíamos responderle al sistema de justicia que lo que nos está preguntando no tenemos capacidad para responderlo, porque no hay instrumentos que se hayan diseñado específicamente o que cuenten con la validez suficiente para ser usados en lo forense. ¿Hay estudios de investigación que buscan esto? Sí. ¿Tienen la solidez suficiente para poder ser incorporados como prueba? En general no han logrado todavía eso.
—¿Qué cosas pueden responder?
—La evaluación del estado mental de alguien que viene como víctima, y que después el sistema de justicia buscará determinar y relacionar ese estado mental como daño psicológico con el hecho que está investigando. Pero lo complejo es que las personas atraviesan a lo largo de su vida múltiples situaciones eventualmente estresantes, traumáticas o adversas. Entonces, no siempre tenemos una relación de causalidad directa tan clara. Una persona pudo haber sufrido violencia en su infancia, después durante su noviazgo, después con su pareja, pero está denunciando por la última pareja. Entonces, lo que se está viendo, ¿es el último evento o es todo eso junto? La complejidad está en que en el mundo de la salud mental delimitar la relación causal en muchas situaciones es extremadamente compleja y no podemos dar con ese nivel de certeza que a veces el sistema solicita.
—Hizo énfasis en los adultos. ¿Con los niños es distinto?
—Hay algunas herramientas que se han diseñado para niños de determinada franja etaria, para algunos hechos concretos, que sí tienen estudios sobre su validez y su fiabilidad. Por las características que tienen los niños, determinados relatos de los hechos y la forma en que los relatan y los detalles que dan no podrían darlos si no vivieron esa experiencia.
—¿Y si se los contaron?
—Bueno, hay situaciones que tienen que ver con eso. Hay que analizar qué otros canales de información podría haber tenido sobre ese hecho concreto que no sea haberlo experimentado de forma directa. A veces existen esas complejidades.
Hay muchas investigaciones que buscan determinar a través de un escáner cerebral si una persona dice la verdad o miente, y hay algunos indicios sobre que algunas áreas del cerebro podrían estar vinculadas con el engaño. Pero en general no se ha podido incorporar esa prueba, porque los jueces han preguntado: ¿esta técnica es falsable? Sí. ¿Tiene publicaciones? Sí. ¿Tengo una tasa de error? Sí. ¿Hay en la comunidad de expertos internacional una opinión generalizada de que esta técnica sirve para detectar mentiras? Todavía esa respuesta no está. Entonces, la decisión es: todavía eso no está en condiciones de ingresar como prueba. Yo creo que eso, en general, es un buen ejercicio para todas las pruebas de expertos.
—Desde su experiencia, ¿cuál es el mayor desafío de un perito en la intervención en los procesos penales?
—Es buscar controlar sus sesgos para poder garantizar lo complejo que es la objetividad.
—¿Cuáles serían los sesgos típicos?
—El sesgo de confirmación es el más frecuente. Uno tiene una idea a priori, no conscientemente explicitada, y solamente termina viendo aquella documentación o evidencia que le permite concluir lo que había concluido previamente. Entonces, eso hace que se dejen de lado y no se tengan en cuenta informaciones que van en contra de esa conclusión. Creo que en parte el desafío es que el sistema de justicia también tenga incentivos para alentar buenas prácticas y que los peritos tiendan a buscar información de alta calidad y bien fundamentada.
—En el Poder Judicial uruguayo faltan. Se hacen llamados, pero no son atractivos por los salarios que se ofrecen.
—Es uno de los temas en muchos países. En Argentina los peritos, sobre todo en el sistema federal, tienen un sueldo muy atractivo, y eso hace que haya incentivos para generar concursos, y tener y buscar a los mejores peritos. Tienen un buen incentivo salarial, tienen un buen reconocimiento institucional y prestigio en cuanto a poder formar parte.
—Un tema central en su trabajo es la inimputabilidad y las herramientas que se usan para declararla. A veces esto se interpreta como impunidad para los delincuentes.
—Sí, y hay que desmitificarlo. La mayoría de las personas tienen la idea de que la inimputabilidad es una especie de eximisión del castigo y en la práctica no es necesariamente así, sino que es mucho más grave. Declarar inimputable a alguien, dependiendo del país, y Uruguay es uno de esos, podría conllevar a una medida de seguridad, una forma de privación de libertad en un hospital psiquiátrico o en una institución psiquiátrica de forma indeterminada. Entonces, se evitará la cárcel en términos concretos, pero no se evita la privación de libertad, porque hay muchos casos de personas que han sido declaradas inimputables que han pasado más tiempo en privación de libertad por medida de seguridad que si las hubieran condenado.
—¿Qué se valora para declarar a una persona inimputable?
—Es sin duda de lo más complejo. La inimputabilidad lo que busca determinar es cuál era el estado mental de esa persona en el momento del hecho, cuando ninguno de nosotros estaba. Entonces, tenemos que usar múltiples fuentes de información: la entrevista, qué dijeron los testigos, la policía, qué contaba la víctima o la historia clínica. Si la persona estaba en un estado de descompensación psíquica, son los jueces quienes deben determinar si ese estado le alcanza jurídicamente para no comprender la criminalidad del acto. Quienes definen si alguien es culpable y punible son los jueces, y esas categorías no son médicas.
