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Gobierno decretó intervención del Casmu sin desplazamiento de autoridades y envió proyecto de ley al Parlamento
La comisión interventora está compuesta por un contador, una médica y un abogado; en 60 días deberán elevar un diagnóstico de situación a las autoridades.
Fachada de policlínica del Casmu ubicada en 8 de Octubre
Tras un plazo mayor al anunciado y de reuniones canceladas y reprogramadas, el gobierno finalmente decretó la intervención sin desplazamiento de autoridades del Casmu por el plazo de un año. El lunes había enviado al Parlamento un proyecto de ley para otorgarle por única vez y de forma inmediata acceso al Fondo de Garantías para las mutualistas establecido por ley por US$ 56 millones.
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Según un decreto con fecha lunes 29 de julio y firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud, Karina Rando, la comisión interventora estará integrada por el contador Juan Carlos Simonelli, que se desempeñaba en la gerencia del Hospital Pereira Rossell, la doctora Sandra Lorenzo Pousa, exsubdirectora general del Ministerio de Salud Pública (MSP), y el abogado Gerardo Lorente, exgerente general de la Secretaría Nacional de Deportes. El texto agrega que su remuneración será de $ 380.000 mensuales más IVA.
La intervención sin desplazamiento de autoridades está establecida en el decreto 139/004. Según esa norma, si bien los interventores "no sustituirán la voluntad de las autoridades de la Institución", en este caso el directorio presidido por Raúl Rodríguez, sí tendrán entre "sus más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación", la posibilidad de: "inspeccionar y comprobar los aspectos externos de las operaciones de la Institución", "inspeccionar y comprobar documentación", "auditar la contabilidad", "inspeccionar comprobantes", "participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, pudiendo observar las decisiones de las autoridades naturales de la Institución que consideren irregulares, dando cuenta al Ministerio de Salud Pública", y "sugerir los correctivos que estimen pertinentes", sin que esto sea taxativo.
A los 60 días de la intervención, las personas designadas deberán elevar un diagnóstico de situación a las autoridades. De acuerdo con el decreto, si este siguiera detectando las graves irregularidades podrían ser desplazadas las autoridades naturales de la institución o incluso se podría "disponer su liquidación".
Todos los actores en el tema han señalado que el Casmu, que con unos 180.000 socios es la tercera mayor mutualista por afiliados del país, tiene que seguir en funcionamiento.
En la mañana de este martes, el MSP era sede de reuniones con autoridades del Casmu, del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y el gremio de funcionarios de la mutualista (Afcasmu), que había anunciado ocupación y paro en caso de que se concretara la intervención.
Proyecto de ley
El proyecto de ley enviado por el gobierno consta de un único artículo que señala que "por única vez y en forma provisoria" el Poder Ejecutivo concederá al Casmu acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las mutualistas por "hasta la suma" de $ 2.184.367.134. El texto llegó al Parlamento en la noche del lunes 29.
Esto equivale a unos US$ 56 millones. Es la suma por la que el Casmu había pedido acceso a ese Fondo el 17 de junio, lo que motivó la intimación del gobierno, establecida en una ordenanza el 2 de julio, a que regularizara su desequilibrio económico, o cabía la posibilidad de intervenirlo, lo que se terminó de concretar este día.
Desde la oposición se señaló que el presidente tiene la potestad de darle acceso a este dinero sin pasar por el Parlamento, lo que fue interpretado como la búsqueda de un mayor respaldo político a la decisión. El senador frenteamplista José Nunes dijo a Búsqueda que "en ninguno de los diálogos mantenidos con la ministra (de Salud, Karina Rando) por este tema se dijo que se fuera a presentar un proyecto de ningún tipo". Otro legislador del FA fue más gráfico: "El presidente quiere meternos a todos en el baile por la decisión que tomó".
En la exposición de motivos, el proyecto señala que "resulta imprescindible la continuidad en el funcionamiento" del Casmu, una institución que "presenta riesgo de liquidez a partir de julio de 2024", con el consiguiente "riesgo asistencial" que eso conlleva. También se indica la pérdida de socios "que no ha logrado revertir", destacando que en 2015 contaba con 208.743 afiliados, número ahora reducido a 179.912. Por todo eso, se indica, es necesario el "acceso inmediato" a ese monto.
