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    MSP acusó a las autoridades del Casmu de ser responsables de la “asfixia” económica que sufre la institución

    El senador oficialista Sergio Botana acusó a jerarcas de la salud de querer “ahogar financieramente” a la mutualista, un modus operandi similar al que aplicaron con Casa de Galicia

    Satdjian, que al igual que la ministra Karina Rando venía de un tenso intercambio con el senador nacionalista Sergio Botana, señaló en la instancia del martes 9 que “desde 2021 a la fecha se manejó muy mal la ingeniería de la gestión humana”, con 400 trabajadores en el seguro de desempleo, cuando ese no era el objetivo del fideicomiso por US$ 20 millones dado en 2020. “También se fracasó en la deuda con los laboratorios”, algo que contemplaba ese fideicomiso y que aumentó en US$ 5 millones. “No olvidemos las inversiones de dudosa eficacia”, agregó en referencia a Medis Group, el servicio VIP del prestador, el que “es de un resultado paupérrimo”. También apuntó a un episodio de setiembre pasado, “cuando la directiva del Casmu tomó la decisión de afiliar, intempestiva y obligatoriamente, a todo el padrón social al servicio fúnebre y servicio de emergencia móvil”. Eso representó $ 150 mensuales adicionales que, enumeró, derivó en deudas de los usuarios, con lo que no podían retirar medicamentos “más allá de que se pagara el ticket”, un aluvión de denuncias al MSP y una gestión de este al Casmu para que devolviera el dinero. “Estos son solo algunos hechos que devienen en la situación a la que hoy estamos asistiendo”, concluyó.

    Las autoridades del MSP fueron a la Comisión de Salud del Senado, a la que también asistieron diputados que trabajan el tema, una semana después de que intimaran al Casmu, a través de una ordenanza con fecha 2 de julio, a subsanar su “desequilibrio económico financiero” bajo riesgo de “intervención u otras consecuencias que disponga la normativa". Esto fue motivado por la solicitud de la mutualista de acceder a otro fideicomiso (el Fondo de Garantías establecido por ley en 2019) por US$ 56 millones.

    Ante los legisladores, Rando señaló que el objetivo de la cartera es que la institución siga funcionando —algo compartido por todas las partes— y que “no es el MSP quien la asfixia”. De acuerdo con la ministra, la mutualista “tiene cedidos prácticamente todos los ingresos”, por lo que “no tiene liquidez” para afrontar “sus obligaciones en el día a día”. Además, advirtió que el prestador ha perdido 30.000 socios en los últimos nueve años y “no cumplió con lo que se comprometió” en anteriores fideicomisos (cinco, por unos US$ 121 millones).

    Según dijeron las autoridades, la deuda del Casmu es de alrededor de US$ 140 millones, de los cuales US$ 54 millones corresponden a los fideicomisos. El pasivo comercial proyectado a setiembre de este año asciende a US$ 58 millones; el pasivo financiero, a US$ 69 millones. La presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alicia Rossi, señaló a su turno que el pasivo por afiliado pasó de $ 37.638 pesos en 2020 a $ 46.609 en el cierre del balance de 2023. Y agregó: “Es más del doble del promedio del sector por afiliado”.

    El senador frenteamplista Charles Carrera dijo a la prensa que el gobierno pasó “de la reserva absoluta (en alusión a una comparecencia de las autoridades al Parlamento en marzo en la que se pidió que no quedara registro taquigráfico) a la intimación pública” y que ha sido “irresponsable” en el manejo de la información. “La ministra habla de falta de liquidez, y si eso se hace en una institución bancaria, hay una corrida bancaria”, expresó en alusión a los “antecedentes recientes” de Casa de Galicia. El también opositor Luis Gallo había apuntado en la comisión a las “reuniones secretas” de meses atrás, cuestionó la ausencia de “propuestas” por parte del MSP para resolver el problema y llamó la atención en que la intimación “saltara dos días después de las elecciones internas”. Sin embargo, los dardos más duros tuvieron lugar en la propia comisión por parte de Botana, un senador blanco.

    Nunca en cinco años

    Botana, quien había sido uno de los pocos legisladores que se opuso a la ley acordada por gobierno y oposición para el cierre de Casa de Galicia, señaló que “varios de los actores que hoy proponen la intervención de Casmu” son “los mismos” que estuvieron en “una directiva o en cargos gerenciales” previos en esa institución.

    Además de apuntar a un presunto conflicto de intereses, el exintendente de Cerro Largo deslizó sospechas sobre la velocidad del proceso. “El 17 de junio, a las cuatro de la tarde, se realiza la presentación de la solicitud de acceso al Fondo de Garantía por parte de la institución. El 18 de junio, a las 16.07, el Ministerio de Economía y Finanzas le pasa el número de expediente. El 27 de junio, a la hora 18.49, aparecen los informes de las veedoras del análisis preliminar del flujo de fondos presentado ante la solicitud de acceso al fondo. El 28 de junio, a la hora 15.38, menos de 24 horas después, tenemos el informe de la contadora Rossi referido a este informe preliminar respecto a la solicitud, pero el informe jurídico del ministerio que sugiere intimar a subsanar los desequilibrios económicos en 10 días, etcétera, es del 28 de junio a la hora 16.52, es decir, una hora y 14 minutos después. Esto es un récord de lectura, de capacidad de interpretación y de análisis de los datos”, ironizó.

    Botana agregó que en el Casmu se está haciendo “el mismo modus operandi” que en Casa de Galicia, “el mismo modo de ahogar financieramente a una institución”. En particular, dijo que “la contadora Rossi”, que fue interventora de esa otra mutualista antes de presidir la Junasa, “leyó 20.000 expedientes de Casa de Galicia en 20 días”.

    La respuesta de las autoridades, con notoria molesta, no se hizo esperar. “Que se dude de mi honestidad moral, que se piense que estoy haciendo una tramoya a propósito para que se funda Casmu, que se dude de la gente con la que estoy trabajando (...) realmente me parece una falta de respeto”, indicó la ministra Rando. Satdjian dijo que se solidariza con “los técnicos y profesionales” del MSP que fueron “aludidos y mancillado su honor” y que una “acusación de ese tenor” requiere pruebas, “en el Senado, en la Justicia, no en la pulpería”. El director de Jurídica de la cartera, Martín Thomasset, luego de retribuir la ironía con que debería “tomar más como un halago que una crítica” que Botana haya aludido a la “celeridad” de su trabajo, dijo que al existir “un expediente electrónico” los antecedentes ya podían ser analizados desde antes.

    La senadora colorada Carmen Sanguinetti, presidenta de la comisión, expresó en un momento que “es la primera vez” en cinco años que presenciaba un cruce de este tipo.

    Sobre el final, Rando enumeró las posibles acciones a llevar adelante por el gobierno una vez culminado. Estas podían ir desde permitirle al Casmu el “acceso a un nuevo fideicomiso”, una intervención “sin desplazamiento de autoridades”, darles “más potestades a los veedores”, la intervención con desplazamiento, o “no desplazarlas ni darles el fideicomiso”. La primera y la última le parecieron “bastante extremas”, aunque no se decidirán hasta “tener a la vista todas las respuestas del Casmu” ni “haber consultado al resto de las autoridades del Poder Ejecutivo”.

    Antítesis

    El miércoles 10 tocó el turno de las autoridades del Casmu para comparecer ante esa misma comisión. El presidente del prestador, Raúl Rodríguez, hizo un racconto histórico de la institución —que nació en 2009 con un patrimonio negativo de US$ 100 millones—, reconoció las dificultades financieras y puntualizó que entre setiembre de 2024 y mayo de 2025 terminarán de pagar dos fideicomisos por US$ 72 millones. También resaltó el avance edilicio, en los servicios y en la actuación durante la pandemia.

    Los representantes de la mutualista —entre quienes estaban el contador asesor Gastón Carámbula, el secretario general Juan José Areosa y el abogado Miguel Tomé— destacaron que se está al día con el pago de los funcionarios y los “resultados positivos” de los últimos tres años.

    En un tono mucho menos ríspido que el día anterior —solo el senador Gallo ironizó con que Rodríguez “pinta un panorama en el que poco más se está ante la Clínica Mayo” cuando él tiene “listas de usuarios” que reclaman medicamentos—, el presidente del Casmu señaló que el equipo económico y gerencial está trabajando con los gremios de trabajadores “para hacer una presentación sólida” ante el MSP al término del plazo otorgado.

    A su turno, el senador Carrera destacó “la fidelidad de los usuarios y de los trabajadores médicos del Casmu”, lo que ha impedido que la institución sufriera “una corrida”.

    El lunes 8 hubo en la mutualista una reunión informativa para médicos capitalizadores del Casmu a la que asistieron unas 200 personas. El encuentro tuvo momentos de tensión, donde los pedidos a actuar “con unidad” se sucedieron con las recriminaciones entre las agrupaciones Médicos Unidos (oficialista) y El Casmu que Queremos (oposición), reconstruyó Búsqueda. Al ingresar, los capitalizadores recibían un formulario para firmar que decía: “Como médico capitalizador de Casmu IAMPP rechazo cualquier intento de intervención que rompería con la historia y el espíritu de la institución, no ayudando a solucionar el problema histórico financiero”.