A 10 años de su creación, la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo (UVFPM) volvió a plantear su principal reclamo: que exista una norma que obligue a rotar las ferias alimentarias cada cinco años, con un plazo de 12 años de no retorno al mismo lugar. La organización considera que, sin esta obligación legal y sin un plan departamental con metas anuales de rotación, los vecinos afectados seguirán siendo “ciudadanos de segunda categoría” y las ferias continuarán instaladas en los mismos sitios por décadas, con un impacto desigual según el territorio.
El pasado sábado 6 de setiembre la UVFPM celebró su séptima reunión general con la participación de vecinos de distintos municipios. El presidente de la organización, Flavio Harguindeguy, explicó a Búsqueda que en esa instancia se discutieron tres ejes.
Por un lado, se planteó volver a impulsar el proyecto de “ley de descanso del hogar”, de manera que la iniciativa de rotación obligatoria “tome estado parlamentario”. El proyecto se presentó en la legislatura pasada, pero quedó estancado en la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales del Senado sin pasar nunca a ser tratado en el plenario.
En el encuentro, la UVFPM también planteó la posibilidad de promover un plan general de rotación de ferias, con la meta de mover 100 ferias en cinco años, entre dos y tres por municipio cada año. A su vez, decidió enviar una carta al intendente de Montevideo, Mario Bergara, para pedirle que limite por resolución o decreto departamental la permanencia de las ferias en un mismo sitio y fije la obligatoriedad de rotar las ferias al quinto año mediante una “simplificación y descentralización de procedimientos”. También que se garantice un plazo de 12 años de no retorno.
“No habrá una promoción con alcance significativo de los vecinos afectados si no se crea la obligación legal de rotar las ferias y si esta obligación no se acompaña de un plan departamental de rotación de ferias con metas y objetivos anuales”, señaló Harguindeguy.
En la carta a la que accedió Búsqueda, que fue presentada ayer miércoles 10 ante Bergara, los vecinos solicitaron al intendente que “apoye” su causa “de buscar el descanso de hogares que han sido afectados por el desarrollo de las ferias vecinales alimentarias”, comercio legítimo que si bien respetan, consideran que “es necesario limitar en el tiempo”. El texto agrega que tener una feria cerca puede ser una ventaja, pero que tenerla en la puerta del domicilio o comercio constituye “una pesada carga de molestias, perjuicios y daños que no es justo sea soportada siempre por los mismos vecinos”.
Harguindeguy explicó que el planteo no busca eliminar las ferias, sino distribuir de manera más justa sus costos. “La rotación es un derecho que tiene el vecino a recuperar la normalidad de su rutina. Hoy los alcaldes deciden entre comprarse un lío con los vecinos que no la quieren recibir o con los feriantes que no se quieren mover, y dejan al que ya la padece disciplinado, hasta que larga la toalla”, afirmó.
Promedio de permanencia: 20 años
Con la normativa vigente, no se incurre en ninguna infracción si se superan los cinco años de estadía de una feria en un mismo sitio, ya que este plazo no es más que una costumbre administrativa sin respaldo legal, explicó Harguindeguy. Sin embargo, hay pronunciamientos de la Defensoría del Vecino de Montevideo y la Institución Nacional de Derechos Humanos que respaldan el reclamo vecinal y los consideran una población vulnerada. “No es un invento nuestro: son organismos que han señalado que las ferias que se mantienen inamovibles en los mismos sitios generan daños”, dijo.
Los datos recopilados por la organización ilustran la magnitud del problema. Hasta agosto de 2025 existían 153 ferias alimentarias en Montevideo, con un promedio de estadía de 20,4 años en el mismo lugar. De ellas, 111 estaban fuera del plazo de cinco años (72,5%) y 68 tenían más de 20 años sin trasladarse (44,4%).
La situación varía según la administración. Las 118 ferias que están bajo la órbita de la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas registran un promedio de 18,5 años permanencia, con 80 ferias fuera de plazo y 43 con más de dos décadas. En tanto, las 35 ferias administradas directamente por la Intendencia de Montevideo alcanzan un promedio de 27 años, de las cuales 31 están fuera de plazo y 25 superan los 20 años.
Las diferencias se agudizan en la dimensión territorial, donde se evidencia una rotación de ferias “injusta y desigual”, comentó Harguindeguy. En los municipios del norte (A, G, D y F), donde funcionan 69 ferias, el promedio de estadía es de 25,2 años, con 61 fuera de plazo (88,4%) y 46 con más de 20 años (66,6%). En contraste, en los municipios del sur (C, B, CH y E) hay 84 ferias con un promedio de 10,8 años, de las cuales 50 están fuera de plazo (59,5%) y solo 18 tienen más de dos décadas (21,4%).
La carta enviada a Bergara advierte sobre esta disparidad y critica que “si se vive en los municipios de la costa de Montevideo el promedio de estadía de las ferias en un mismo sitio baja a 10 años, pero si se vive en los municipios del cordón norte el promedio asciende a 25 años de estadía de las ferias en un mismo lugar, con expedientes abiertos hace décadas que son desatendidos una y otra vez”.
Harguindeguy recordó que en el período de la exintendenta Carolina Cosse “se rotaron 32 ferias, 15 menos que en el período de Daniel Martínez, habiendo 116 ferias fuera de plazo”. De esas 32, solo tres correspondieron a municipios del norte (una en el F y dos en el D), habiendo 64 ferias fuera de plazo en estos municipios.
“El 91% de las rotaciones se dan en los municipios de la costa y solo el 9% de las rotaciones se dan en los municipios del norte (…). La desatención a los pedidos de rotación en los municipios A, G, D y F es casi que absoluta”, sostuvo. Puso como ejemplo la situación que se da en los municipios A y G, donde no se registró ninguna rotación en el período pasado.
En la misma línea, la carta al intendente incluye testimonios sobre el impacto cotidiano, donde los vecinos señalan que “es frustrante ver cómo se les pasa la vida” sintiéndose “ciudadanos de segunda categoría, que han perdido el derecho al descanso, a la intimidad del hogar, a la libertad de dormir de corrido sin ser abordados por ruidos molestos”.
“Padecemos daño material, porque se rompen nuestras veredas, fachadas y rejas, porque se dañan e invaden nuestros jardines, porque se orina en nuestros frentes, porque se deprecia el valor de nuestros inmuebles tanto para la venta como para el arriendo”, indica el documento, que también alude al “daño moral” que sufren.
A su vez, los afectados dicen temer las consecuencias en caso de necesitar el ingreso de móviles ante situaciones de emergencia y concluyen con un pedido de audiencia a Bergara. “Estamos hastiados de expedientes que duermen o expedientes que van y vienen en interminables secuencias, estamos hastiados de que nadie por sí pueda rotar una feria pero que cualquiera pueda trancarla”, mencionan.
