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Inisa busca alianzas con empresas privadas que contraten a menores infractores a cambio de exoneraciones
Oddone dice que “es el camino” para avanzar en la reinserción, aunque el cambio legislativo “no es suficiente” porque requiere una “alta difusión” y “convencimiento” de empresarios “con preocupaciones”
Jaime Saavedra, presidente del Inisa y Gabriel Oddone, ministro de Economía.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) apuesta a un nuevo modelo para la reinserción social de los menores infractores, que incluya beneficios fiscales para empresas privadas que los contraten. El trabajo es muy importante para el egreso de la privación de libertad y prevenir la reincidencia, señaló el presidente de la institución, Jaime Saavedra, en el marco del conversatorio “Cooperación público-privada: una mirada a la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley”, que se realizó el 21 de noviembre en la Universidad Católica. De la mesa de diálogo participó también el ministro de Economía, Gabriel Oddone.
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Saavedra sostuvo que el objetivo es que los adolescentes “salgan del Inisa para no volver nunca más”. Para lograrlo, aseguró que es necesario que la institución colabore en el armado de una “mochilita” para cada uno de los 800 adolescentes que están bajo su cuidado, una metáfora sobre los recursos que deben incorporar para estar preparados para cuando recuperen la libertad. Esos recursos están relacionados a lo laboral, a fortalecer hábitos, terminar los estudios, a recibir afecto y tratar las adicciones. “Son chiquilines y chiquilinas que nacieron a la vida perdiendo 67 a 0”, graficó.
Para armar la “mochilita”, según Saavedra, el Inisa no necesita más presupuesto, porque cuenta con “recursos suficientes y funcionarios muy calificados”. Sí requiere, en cambio, “habilitaciones legales” que fueron aprobadas en el proyecto de Ley de Presupuesto que votó la Cámara de Diputados y tienen el visto bueno tanto del oficialismo como de la oposición en la Cámara de Senadores, adelantaron los legisladores en la comparecencia de las autoridades del organismo el 19 de noviembre.
Entre los cambios normativos se habilita al Estado a otorgar beneficios fiscales para las empresas privadas que se instalen dentro de predios del Inisa, como la Colonia Berro, que aloja a casi 500 adolescentes, y contraten internos para trabajar. También la autorización para que los mayores de edad que permanecen en el Inisa hasta cumplir su sanción penal trabajen formalmente y cobren un salario, además de recibir aportes correspondientes, así como la creación de una fundación que incorpore conocimiento empresarial y permita actuar con mayor agilidad que el Estado. “Esta habilitación jurídica y política no tiene ningún costo, es intentar recorrer un camino distinto”, dijo Saavedra.
“Nuestra sabiduría tiene que ver con el trabajo del educador, pero no somos empresarios y no tenemos la más mínima idea de los negocios. Entonces, tenemos que ir a buscar a la mejor empresaria y al mejor empresario, al que tenga más vínculos, y que se consustancie con la causa, para poder desarrollar esta experiencia”, añadió. Como ejemplo, planteó que, si una empresa o una organización de la sociedad civil quiere instalar un aserradero dentro de un predio del Inisa y precisa mejoras de infraestructura, el organismo debería poder resolverlo de inmediato y tener “una velocidad que el Estado no tiene”.
“Tengo que poner una alfombra roja”, dijo.
El "núcleo de la cohesión social"
Oddone, por su parte, transmitió el apoyo del gobierno a la iniciativa y dijo que las acciones del Inisa incluidas en el presupuesto “están en el corazón de cosas que es todo lo que está bien”. La reinserción juvenil, sostuvo, está en el núcleo de la cohesión social y vinculó el tema a uno de los problemas estructurales más graves del país: la pobreza infantil. “Por cada adulto mayor pobre que tenemos, tenemos 10 niños pobres”, apuntó el ministro de Economía. Por esa razón, señaló que al gobierno le parece importante priorizar las acciones hacia la población vulnerable, y en particular a los jóvenes, porque “algunos están próximos a ser progenitores, y eso genera una reproducción de un conjunto de situaciones de exclusión”.
Oddone dijo que las iniciativas del Inisa son “estímulos” para que las actividades entre lo público y lo privado se puedan ejecutar, pero que requieren un esfuerzo “alto” de “difusión y de convencimiento” porque le consta que “en el sector privado hay mucha gente con inquietudes, con preocupaciones”. “La ley es una condición necesaria, pero no es suficiente”, afirmó. Y agregó: “Ahora empieza el verdadero partido”.
La segunda parte del conversatorio mostró cómo algunas empresas ya están dando el paso de contratar a privados de libertad adultos y a liberados, aunque el camino no está libre de dificultades. Jorge Penedo, director de Recursos Humanos en Teyma, dijo que, desde 2018, la empresa constructora ha contratado a 954 personas privadas de libertad en la cárcel de Punta de Rieles, todas en condiciones formales, y desde hace 18 años incorporan a personas liberadas del sistema penitenciario. Aludió a buenas experiencias y también planteó que existen empresas que “no se animan a contratar personal liberado”.
“Si no le damos trabajo porque sospechamos de esa persona, lo seguimos castigando y no es justo que sigamos castigando a una persona que ya cumplió su pena”, dijo la presidenta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Elisa Facio señaló que “es un cambio de mentalidad” y de mirada, y contó que cuando se sientan con empresarios para tratar de sensibilizarlos, lo primero que les dicen es que la persona “ya cumplió con la sociedad”.
“Si nosotros no les damos trabajo, les da trabajo el narcotráfico”, aseguró. Desde hace tres años que ACDE empezó a trabajar en un programa de reinserción de liberados del sistema carcelario, con acompañamiento desde el penal, voluntariado empresarial y talleres mensuales para sostener la inserción laboral en el tiempo.
En el marco del conversatorio, Facio reclamó que sea reglamentada la ley de promoción de empleo, que se aprobó en febrero de 2025, que tiene por objetivo incentivar la contratación de personas liberadas del sistema penitenciario.
Por su parte, el exdirigente sindical Richard Read —que este lunes 24 de noviembre presentó en el Palacio Legislativo la iniciativa Cosechando Esperanzas para promover el acceso al estudio, la capacitación y el trabajo de adolescentes del Inisa— señaló que la alternativa para solucionar la problemática “es educación y empleo” y no “más bala y más cárcel”, como dicen algunas personas.
Read relató que en los programas de apoyo educativo y talleres de oficio impulsados por la Federación de la Bebida, con adolescentes de contextos críticos, “la importancia no es que salgan carpinteros”, sino “que salgan buena gente, que tengan conducta, que tengan cultura del trabajo, que aprendan a convivir con compañeros, con mucha disciplina”.
“Si rescatamos a un gurí, es una vieja que duerme tranquila; por lo tanto, vale la pena”, dijo Read.
