El Poder Ejecutivo decidió que no enviará al Parlamento la solicitud de venia para designar al general retirado Carlos Sequeira como integrante del Tribunal Supremo Militar, dado que su nombre provoca resistencias en organizaciones de derechos humanos.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo a Búsqueda que este jueves 4 le pidieron al tribunal que proponga otro candidato, dadas las críticas que recibió sobre la eventual designación de Sequeira. Es que el general retirado es uno de los oficiales que el gobierno de Tabaré Vázquez intentó pasar a retiro obligatorio por integrar el Tribunal de Honor de Alzada que intervino en el ”caso Gavazzo“ y que entendió que ese militar no debía ser castigado pese a confesar delitos.
El documento oficial estaba publicado en la página de la Presidencia de la República, en el apartado “Proyectos de ley” y tenía como descripción: “Mensaje solicitando una venia para designar a Carlos Sequeira como Ministro del Supremo Tribunal Militar por el Ejército Nacional”.
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Captura de pantalla de búsqueda en Google.
La difusión de la noticia por parte de Búsqueda llevó a que organizaciones vinculadas a los derechos humanos plantearan sus reparos ante el Ministerio de Defensa, confirmó Lazo.
La diaria informó en la tarde del jueves que la asociación de expresos políticos en la dictadura Crysol estaba “conversando” en la interna y con “organizaciones amigas” sobre qué acciones tomar ante la propuesta del gobierno de que Sequeira integre el Supremo Tribunal Militar. Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, declaró a ese medio que no están “de acuerdo” con lo que plantea el Poder Ejecutivo.
La senadora Bettiana Díaz (Movimiento de Participación Popular) publicó en la tarde del jueves, en su cuenta de X, que el Poder Ejecutivo no había enviado la venia de Sequeira al Parlamento y “por lo tanto no está en consideración” de la Comisión de Defensa del Senado.
En tanto, tras las repercusiones de la noticia de Búsqueda, Presidencia de la República decidió eliminar de su página web la solicitud de venia firmada por el presidente y la ministra. Ahora, el enlace a esa información, que se puede conseguir a partir de una búsqueda en Google, lleva a una página de Presidencia con el mensaje “no tiene permiso para visitar esta página”.
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Búsqueda en Google sobre venia a Carlos Sequeira.
El enlace directo a la resolución, que había sido subida a la web en formato PDF, tampoco funciona más.
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El enlace que llevaba al PDF también da error
La ministra de Defensa dijo a Búsqueda que, pese a que el documento fechado el 2 de setiembre tenía su firma y la del mandatario, la decisión sobre Sequeira todavía no estaba tomada. Antes de hacerlo, acotó, querían recabar la opinión de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos, una práctica que describió como habitual de su gestión antes de tomar ese tipo de decisiones.
Consultada sobre si es habitual que el presidente firme una resolución que todavía debe pasar por la consulta a las organizaciones, respondió que ese es el proceso que se siguió en esta ocasión. Añadió que la resolución no debió haber sido publicada por la Presidencia de la República en su web.
Entre grupos de WhatsApp de dirigentes del Frente Amplio circula por estas horas un mensaje, atribuido a Lazo, en el que la ministra da una versión diferente de los hechos y asegura que la resolución estaba “encajonada” y que “alguien la hizo llegar a la prensa”. Esto es falso, debido a que, tal como informó Búsqueda, la resolución tenía fecha del 2 de setiembre y fue publicada en el portal de Presidencia.
El mensaje, que fue publicado por Uypress, motivó a que algunos dirigentes frenteamplistas utilizaran sus redes sociales para afirmar, erróneamente, que el pedido de venia de Sequeira era falso.
El candidato fallido
Ahora el Tribunal Supremo Militar deberá hacerle al ministerio una nueva propuesta para integrar el organismo, indicó Lazo. La ministra no entró sobre el fondo de las críticas a Sequeira, más allá de admitir que el antecedente de 2019 era complejo.
A inicios de 2019 el segundo gobierno de Vázquez vivió semanas críticas después de que, el 30 de marzo de ese año, el periodista Leonardo Haberkorn publicara en El Observador que los represores José Gavazzo y Jorge Silveira habían narrado a un Tribunal de Honor del Ejército diversos delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la última dictadura (1973-1985). Entre los crímenes de ambos coroneles retirados se encontraba el asesinato en democracia del militante tupamaro Roberto Gomensoro. Ni ese tribunal ni uno posterior de alzada, que integraba Sequeira, fallaron que esas conductas hubiesen afectado el honor del Ejército. En conocimiento de un presunto delito, los funcionarios eludieron notificar a la Justicia, como disponen tanto el Código Penal como el reglamento de los tribunales de honor.
El tribunal, que sesionó en 2018, entendió que Gavazzo y Silveira sí habían faltado al honor del cuerpo de oficiales al no haber dicho a la Justicia que el coronel Juan Carlos Gómez, que permaneció tres años preso por el asesinato de Gomensoro, era inocente. Ambos represores apelaron ese fallo, que fue ratificado ese mismo año por el Tribunal de Honor de Alzada.
La difusión de la información provocó una crisis en el Poder Ejecutivo liderado por Vázquez, que incluyó la remoción del ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez, del subsecretario Daniel Montiel, del comandante en jefe del Ejército general José González y del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) general Alfredo Erramún. Tanto González como Erramún habían integrado el Tribunal de Honor, junto con el general Gustavo Fajardo.
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Tabaré Vazquez y José González durante la ceremonia de posesión del cargo del Comandante en Jefe del Ejército en la Plaza de Armas del Comando General del Ejército de Montevideo, 18 de marzo de 2019.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Ante la gravedad del caso y los cuestionamientos internos sobre el rol del Poder Ejecutivo, en abril de 2019 Vázquez decidió enviar una venia a la Cámara de Senadores para que se aprobara el retiro obligatorio de Fajardo y de los tres generales que formaron el Tribunal de Honor de Alzada: Sequeira, Claudio Romano y Alejandro Salaberry. “Omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985, que dispone comunicar de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”, indicó parte de la fundamentación enviada por la Presidencia de la República al Parlamento.
Sin embargo, el retiro obligatorio de los cuatro generales no fue aprobado en el Senado, donde se necesitaba una mayoría especial.
El Frente Amplio, casi de manera unánime, había insistido tanto en el Parlamento como en declaraciones públicas en la salida de Sequeira, Romano, Salaberry y Fajardo. “El centro del debate se sitúa en que generales del Ejército consideraron que no era una falta al honor del Ejército que los delincuentes Gavazzo y Silveira confesaran y reivindicaran la tortura, la desaparición y el robo ¡en democracia! Este es un hecho inédito en la historia nacional; nunca había ocurrido algo así”, dijo el senador comunista Juan Castillo, hoy ministro de Trabajo y Seguridad Social. “En mi caso —junto con el resto de la bancada del Frente Amplio—, voy a votar, sin dudarlo, por la destitución de estos generales; voy a votar para fortalecer la democracia y para seguir combatiendo la impunidad y sus efectos en el presente”, añadió.
