En 2023 hubo 1.232 adolescentes detenidos. Fue la cifra más alta desde 2012, según los registros oficiales. También se registró la mayor cantidad de imputaciones, y casi la totalidad llegaron a la etapa de acusación, mientras que en 2019 solo lo hacían cerca de la mitad.
Los datos surgen al comparar los informes anuales, publicados en la página web del Poder Judicial, de la mesa interinstitucional referidos al monitoreo de los indicadores sobre la Justicia penal adolescente en Uruguay, de la que forman parte además del Poder Judicial el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y Unicef. El primer informe es de 2012; al último disponible, de 2023, Búsqueda accedió a través de un pedido de acceso a la información pública.
A partir de los informes se desprende que la cantidad de imputaciones con privación de libertad como medida cautelar ha disminuido en los últimos años, pasando de 780 en 2021 a 109 en 2023, y que el promedio de días entre que comienza el proceso y se dicta una sentencia fue el menor registrado. Pasó de ser 124 días en 2019 a 15 en 2023.
De los adolescentes que recibieron una sentencia en 2023, el 35,3% fueron privados de libertad, una cantidad que se mantuvo inferior al 40% a partir de 2020, cuando un año antes había sido de 52,7%. En tanto, las sentencias no privativas de libertad han aumentado significativamente en número y como porcentaje del total desde 2019, representando la mayoría de las sentencias desde 2020 y manteniéndose por encima del 64% en 2021, 2022 y 2023.
La creación del Inisa en 2016, como organismo responsable de los adolescentes que están en conflicto con la ley, marcó un hito para la institucionalidad del sistema penal juvenil, pero todavía “no logró revertir plenamente las lógicas punitivas ni garantizar condiciones dignas de internación y tratamiento”. Ese diagnóstico está incluido en la propuesta programática elaborada por el nuevo presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y su equipo. La propuesta plantea la existencia en las últimas dos décadas de “carencias estructurales” que “obstaculizan” el objetivo, que es la inserción social y comunitaria de esos adolescentes que cometen infracciones a la ley penal.
Como ejemplo, se señalan condiciones materiales inadecuadas en los centros, escasez de funcionarios, una ausencia de formación específica y la “persistente preeminencia” de las medidas privativas de libertad por sobre las alternativas socioeducativas. Esta última es una realidad que los últimos tres años ha comenzado a revertirse, porque las alternativas han superado la internación.
El borrador del documento con la propuesta de programa para los próximos cinco años, al que accedió Búsqueda, identifica tres ejes estratégicos para la transformación del sistema: la reorganización de la carrera funcional, la profesionalización y la formación continua del personal y el fortalecimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad.
Acompañamiento “caso a caso”
Para la “modernización institucional” del Inisa se plantea realizar una gestión caso por caso, lo cual implica que a partir de una evaluación integral se diseñe un plan individualizado con el adolescente infractor y se arme una “hoja de ruta” sobre las medidas socioeducativas a adoptar, que puedan ir desde programas formativos y laborales hasta espacios terapéuticos y restaurativos. “Diseñar un modelo de acompañamiento a partir de las diferentes medidas socioeducativas con un perfil propio y que se adapten al delito, la situación de cada adolescente y el contexto social”, dice el documento.
También se considera necesario que se incluya un seguimiento de su cumplimiento. “Hay un tema de escala en Uruguay que nos permite hacer estas cosas. Nosotros tenemos que tener los 800 casos (de menores a cargo del Inisa) claros”, dijo Saavedra en una entrevista con Búsqueda, publicada el jueves 22 de mayo.
Menos encierro
En el documento se propone el desarrollo de un programa nacional de medidas no privativas de libertad que asegure una cobertura nacional y esté anclado en cada departamento, con una articulación con los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias. Este cambio permitirá “revertir la lógica de saturación del sistema privativo, desplazando la intervención hacia el medio abierto”.
A su vez, también se plantea que se amplíe el acceso de adolescentes a la educación formal, la salud, la identidad cultural y la expresión política, además de revisar el diseño arquitectónico de los centros para eliminar “prácticas que favorecen el aislamiento, el castigo y el deterioro de vínculos”.
El documento deja claro que debe avanzarse hacia la reducción del encierro, y eso implica prescindir de algunos dispositivos que “perpetúan lógicas de control y segregación”, como los edificios del preegreso y de internación transitoria, pues “resultan incompatibles con un enfoque restaurativo”. Para la presidencia del Inisa se deben relocalizar en espacios concebidos como centros comunitarios socioeducativos, que están “lejos de reproducir modelos penitenciarios”.
Saavedra también propuso que la Colonia Berro, el lugar de detención de menores en conflicto con la ley penal, se transforme en un “un gigantesco polo de inclusión social” donde se instalen empresas y organizaciones que brinden oportunidades laborales a los adolescentes a cambio de beneficios fiscales. Se trata de un proyecto que está en etapa de armado y será presentado al Poder Ejecutivo.
Profesionalizar al personal
La propuesta programática de la presidencia del Inisa propone que se construya una carrera funcional “profesionalizante”, con un desarrollo basado en la formación y la evaluación del desempeño, donde estén regulados el ingreso, el ascenso, la evaluación y la permanencia del personal. También plantea que se establezcan trayectos profesionales diferenciados según los perfiles, como educadores, técnicos, personal de seguridad y coordinadores, que tengan requisitos formativos específicos y que existan incentivos para la formación, el desempeño y la innovación.
En otro punto se habla de implementar programas de apoyo psicosocial a los funcionarios, para “prevenir el desgaste, la rotación y la reproducción de violencias en la intervención”. Para la presidencia del Inisa, el desarrollo de una carrera funcional sólida, la inversión en formación continua de los trabajadores, su bienestar y la articulación con redes comunitarias y organismos públicos “son condiciones clave” para que el organismo “deje de reproducir lógicas de exclusión y se posicione como un actor estatal comprometido con la inclusión social”.
Las propuestas del oficialismo serán puestas a consideración del directorio, que recién este lunes 27 de mayo terminó de conformarse, cuando Ángel Fachinetti tomó posesión del cargo de director por la oposición, en representación del Partido Colorado. Saavedra transmitió que las decisiones en el Directorio del Inisa se tomarán por consenso.
Tratos crueles, inhumanos y degradantes
En sucesivos informes la Institución Nacional de Derechos Humanos caracterizó las condiciones de internación en el Inisa como “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y destacó el impacto negativo que esta situación tiene sobre cualquier intento de intervención educativa sobre los adolescentes.
En 2024, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reiteró varias recomendaciones que había planteado en un informe anterior de 2018, como reducir la discrecionalidad de los jerarcas y eliminar el encierro compulsivo de más de 20 horas diarias, que se desarrollen programas de semilibertad, se implemente un programa nacional de medidas no privativas de libertad, se fortalezca el apoyo al egreso y se elaboren planes individuales.
El documento del equipo de la presidencia del Inisa señala que la evaluación de las metas institucionales realizada en 2025 revela un “incumplimiento parcial y desigual” de los objetivos propuestos para el quinquenio anterior. Si bien observaron una disminución sostenida de las horas de encierro diurno de los adolescentes privados de libertad, que pasó de 6,3 horas en 2020 a 3,4 en 2023, otros indicadores como el acceso a la educación formal, la participación en actividades socioeducativas y la inserción laboral “no lograron alcanzar las metas proyectadas”. En ese sentido, plantea que es “especialmente preocupante” la caída detectada en el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad en 2023.
“La transformación institucional del Inisa exige mucho más que ajustes operativos, requiere una modernización profunda centrada en los adolescentes y orientada por principios de inclusión, corresponsabilidad interinstitucional y garantía efectiva de derechos humanos”, dice el documento, que agrega que el período 2025-2030 debe ser la etapa en que el organismo “consolide su rol como ejecutor de medidas socioeducativas, estructurando sus funciones y dispositivos en torno a las trayectorias de vida de los adolescentes y no únicamente a su condición judicial”.
