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Poder Ejecutivo incumplió sentencia que lo obligaba a dar información ambiental del proyecto de HIF Global
El juez Pablo Gandini había condenado al gobierno a dar detalles del memorándum de entendimiento del proyecto de producción de hidrógeno verde declarado confidencial
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A fines de junio, el juez en lo Contencioso Administrativo de 3er turno, Pablo Gandini, condenó al Estado a entregar la información ambiental del contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la empresa de capitales chilenos Highly Innovative Fuels Global (HIF Global), que impulsa un proyecto de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú.
A pesar de la sentencia judicial, el Poder Ejecutivo no entregó la información del memorando de entendimiento firmado con HIF Global el 28 de febrero de 2024 ni su anexo, calificado como confidencial por el Ejecutivo por contener información económica y financiera del proyecto.
En su lugar, el Estado presentó un documento de HIF-Alur con fecha del mes de enero que fue rechazado por Raúl Viñas, representante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y promotor del juicio de acceso a la información pública como forma de cumplir con la sentencia. Esto se debe, según informó la diaria en su momento, a que la documentación entregada por el Poder Ejecutivo no eran el memorando solicitado ni su anexo, además de que el informe presentado de unas 70 páginas contenía más de la mitad de la información tachada.
Ante esa situación, el Movus presentó un escrito en el juzgado para que Gandini hiciera cumplir la sentencia y condenara, además, al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de los costos del juicio “por promover esta instancia dilatoria” y no entregar la información, explicó Viñas a Búsqueda. “El juez tomó los argumentos y le otorgó 10 días hábiles al Poder Ejecutivo para que cumpliera con la sentencia, y eso venció el pasado jueves 15 de agosto”, agregó.
De esta forma, el activista dijo que el Poder Ejecutivo no cumplió con la sentencia del Poder Judicial en los plazos establecidos para entregar la información del proyecto de combustibles sintéticos de HIF, por lo que el grupo evalúa los próximos pasos a seguir.
“Como dijo alguien: cuando no mostrás los documentos es porque algo raro hay”, dijo Viñas al hacer referencia a los recientes dichos del presidente Luis Lacalle Pou.
El Movus prevé presentar este martes 20 dos nuevos escritos, uno para poner en conocimiento al juez acerca de que, a su entender, no se cumplió con la sentencia, y otro para solicitar que se le imponga una pena “astreinte” al Estado, es decir, que se le aplique una sanción económica por cada día de incumplimiento, comentó el activista.
En la misma línea, Viñas indicó que antes de que se venciera el plazo otorgado por Gandini el Poder Ejecutivo presentó un recurso donde explicaba que ya había entregado la información solicitada, pero el juez lo desestimó por improcedente y ordenó que se cumpliera la condena en el plazo previsto.
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), no obstante, aseguran que sí cumplieron con la solicitud de información. Defienden que los documentos aportados contienen la información ambiental requerida. Según explicaron fuentes de la cartera a Búsqueda, entregaron la información el 16 de julio, el primer día hábil de los quince estipulados por el juez. El documento entregado fue el estudio de factibilidad del proyecto de fecha 15 de enero, que, según afirman, es el anexo del memorándum de entendimiento, de los cuales tacharon los párrafos "correspondientes a contenidos no ambientales". Justificaron que el memorándum en sí, que no entregaron, "no tiene información ambiental".
El 6 de agosto, ante la intimación del juez, presentaron un nuevo escrito ante la sede judicial desestimando el cuestionamiento de Viñas a la información ambiental entregada; en el mismo escrito el ministerio presentó un recurso en relación al debido proceso, el cual fue considerado improcedente por el magistrado.
Ope Pasquet es crítico con la confidencialidad
El diputado coloradoOpe Pasquet se refirió a la cláusula de confidencialidad que rodea al memorándum de entendimiento firmado por el gobierno con HIF Global. En su cuenta de X, el abogado dijo que en marzo cursó un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para conocer los detalles del documento, así como información acerca de los antecedentes de la empresa que hubiera tenido en cuenta el Poder Ejecutivo para acordar con ella.
Explicó que pese a los cinco meses transcurridos desde su solicitud el MIEM no contestó y el pedido fue reiterado por la Cámara de Representantes. “El ministerio debió contestarle, sí, a una asociación civil que demandó judicialmente el acceso a esa información pública después de que le fuera negado en vía administrativa. El Movus ganó el juicio, pero hasta donde sabemos el Poder Ejecutivo aún no ha dado cumplimiento cabal a la sentencia”, señaló.
El diputado contó que lo que busca conocer es “a qué se va a obligar el Estado uruguayo y por cuánto tiempo” para que a cambio se concrete lo que se dice será la mayor inversión privada de nuestra historia. Además, cuestionó la declaración de confidencialidad del memorándum y opinó que si es “tan anodino” como se argumenta, “no se entiende el porqué de dicha cláusula”.
“Aunque no contenga obligaciones, prepara el terreno para la celebración del contrato del que las obligaciones habrán de surgir. Y como se está haciendo costumbre en el país que este tipo de contratos se celebren sin autorización ni conocimiento del Parlamento, queremos saber hacia dónde nos dirigimos antes de que se nos comunique el hecho consumado”, criticó.
En su publicación, Pasquet dijo que este tipo de accionar responde a un problema que no es de un partido ni de un gobierno sino del Estado uruguayo: “Contratos” y “tratativas previas” con grandes empresas extranjeras “por negocios de monto equivalente a varios puntos del PBI” quedan “sustraídos al conocimiento público” por cláusulas de confidencialidad y “sin autorización del Parlamento”.
“Qué sentido tiene la norma constitucional que dice que todos los tratados, convenciones o contratos con potencias extranjeras requieren aprobación parlamentaria si los gobiernos pueden celebrar estos otros contratos, con empresas que son más grandes y más poderosas que algunos Estados, sin conocimiento siquiera del Parlamento; qué sentido tienen las normas constitucionales que dicen que el gasto del Estado debe ser autorizado por leyes presupuestales si los gobiernos se pueden obligar con las empresas a construir obras de su interés por decenas, centenares o miles de millones de dólares sin ley alguna que los habilite”, se preguntó el diputado.
