Preparan nueva denuncia penal por estafa contra el empresario Gonzalo Campomar

El reclamo incluía, al inicio, al empresario Francisco de Posadas, su hermano Juan Martín de Posadas y la sociedad de responsabilidad limitada Los Rincones, quienes supuestamente actuaron como garantía de la línea de crédito que Galgano acordó con Campomar. Sin embargo, en abril, los abogados del reclamante presentaron un escrito en el que pidieron excluir de la conciliación a todos menos a Campomar, con el argumento de que habían recibido información que mostraba que la firma de Francisco de Posadas, titular del Grupo Magnolio —propietario de Búsqueda—, incluida en el contrato de garantía era falsa.

Preve informó que Campomar prometía inversiones en activos digitales, entre ellos criptomonedas, con un retorno del 2% mensual en dólares.

La primera denuncia contra el exrugbista fue presentada por Ignacio Durán, abogado de Javier López, CEO de la empresa logística Farmalog. López también trabó un embargo contra Campomar por US$ 1 millón, que fue levantado meses más tarde, después de que llegaran a un acuerdo.

En enero, patrocinados por el abogado Enrique Moller, dos empresarios presentaron un escrito en fiscalía detallando conductas que encuadrarían en los delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin provisión de fondos. Mencionaban a Campomar y a alguien presuntamente llamado Miguel Casal, quienes les debían unos US$ 675.000, publicó entonces Búsqueda.

la diaria informó en abril que la fiscalía había recibido otra denuncia presentada por otros dos empresarios vinculados al mundo de las criptomonedas contra Campomar y Casal, cuyo nombre real es Miguel Cajal. Reclaman entre US$ 500.000 y US$ 700.000.

El crédito y la firma falsa

El reclamo de Galgano por vía civil, difundido por El Observador ayer miércoles, avanza más lento, producto de varias instancias de negociación. El primer escrito presentado por Moller y la abogada Silvia Cuello en diciembre pedía citar a una audiencia de conciliación a Campomar, los hermanos De Posadas y Los Rincones S. R. L., e incluía el contrato entre las partes, surge del expediente judicial al que accedió Búsqueda.

Fragmento de la caratula del expediente de conciliacion.png

Galgano le otorgaba una línea de crédito de US$ 9 millones para que usara en su actividad comercial, dice el documento firmado en febrero de 2024. El plazo del acuerdo era de un año, y la parte deudora se comprometía a pagar sobre “las sumas adeudadas un interés compensatorio del 10% por cada año sobre los importes adeudados, es decir sobre saldos deudores, los intereses se pagarán por transferencia bancaria trimestralmente”.

El punto 11 establecía que en garantía Los Rincones S. R. L. y Juan Martín de Posadas “se constituyen en viadores solidarios/garante lisos, llanos y principal pagador”. Francisco de Posadas firmó, según el texto, en representación de la empresa, que es propietaria de varios padrones rurales, y de su hermano.

“En caso de incumplimiento por parte de la deudora”, el acreedor recibiría como pago todos o algunos padrones rurales.

El expediente judicial contiene el acta notarial en la que el escribano de Mainau Group, del que Francisco de Posadas es CEO, certifica que las firmas en el contrato “son auténticas” y fueron estampadas en su presencia.

La jueza Sylvia Mónica Castelli convocó a una audiencia por primera vez para el 24 de febrero. Sin embargo, 10 días antes, los abogados de Galgano solicitaron suspender la audiencia porque habían entablado negociaciones para resolver el conflicto.

El 17 de febrero, frustradas esas conversaciones, Galgano retomó el reclamo. Una nueva audiencia fue convocada para el 9 de abril. Un día antes del plazo, otra vez los abogados pidieron tiempo porque habían “retomado nuevas conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo que ponga fin al presente conflicto”. Esta vez habría humo blanco, aunque parcial.

Cuello y Moller presentaron un escrito el 30 de abril para reflotar el proceso contra Campomar, aunque destacó que habían “arribado a un acuerdo con el resto de los citados”. Describe que accedieron a “profusa información documental, entre ellos a un detallado informe jurídico de prestigiosos juristas nacionales y a una pericia caligráfica en la que surge que la firma estampada en el documento objeto de la situación a conciliación no es la de Francisco Javier de Posadas”. Por lo tanto, “liberan desde ya a los oportunamente citados por cualquier tipo de obligación que pueda surgir o emerger del objeto de la citación realizada oportunamente y que diera origen a estas actuaciones”.

Consultados por Búsqueda, desde el estudio que patrocina a Galgano dijeron que durante las negociaciones Campomar dio una versión diferente, aseguró que la firma era real, pero insistieron en que los documentos eran concluyentes. Añadieron que tienen la convicción de que el certificado del escribano de Mainau Group también fue fraguado. Consideró a De Posadas “una víctima más” de la estafa perpetrada en este caso por el exrugbista.

Los abogados aseguraron que presentarán una denuncia penal contra Campomar, además de seguir adelante con el reclamo civil.

Búsqueda solicitó a las dos partes acceso a la pericia, el informe jurídico, o los nombres de los autores, pero no tuvo éxito. Los abogados de Galgano se excusaron en que esa información está en poder del abogado de De Posadas, Ignacio Durán. Búsqueda tampoco consiguió recabar la versión de Campomar y el resto de los involucrados.

Desde el estudio de abogados de Galgano subrayaron que el reclamo que su cliente inició “no tiene nada que ver” con el atentado que sufrió De Posadas, a quien le incendiaron la camioneta estacionada en la puerta de la oficina. Telemundo informó este miércoles que una de las hipótesis de la investigación es que los autores intelectuales del hecho pueden ser acreedores de Campomar.