El segundo semestre del 2024 fue particularmente complejo para los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). A mediados de año, luego de que los caminos previos fracasaran y la situación solo escalara, la funcionaria responsable del área de salud mental del organismo presentó una denuncia por acoso laboral contra la actual presidenta de la institución, Carmen Rodríguez.
El hecho de que la denunciada sea una de los cinco integrantes del Consejo Directivo complejizó el tratamiento del caso. En parte porque generó el escenario incómodo —y no previsto en la normativa— de que el propio directorio deba actuar en una denuncia contra uno de sus miembros. Esto llevó a situaciones como que la denunciada participara en las primeras discusiones sobre el tema (aunque posteriormente se apartó), que otro de los directores fuera recusado por presuntos sesgos y que el asesor jurídico de la institución también debiera apartarse por su supuesta afinidad con la denunciante.
Por otra parte, el Consejo Directivo no tiene potestad para sancionar a sus miembros, por lo que deberá enviar los antecedentes del caso al Parlamento, que sí podría adoptar medidas como la destitución.
Todo esto se da en el marco de cuestionamientos a la institución provenientes de organizaciones sociales y de la asociación de funcionarios, que señalan una “politización” del organismo que condicionó su actuación de contralor.
De acuerdo a varias fuentes de la institución consultadas por Búsqueda, la investigación sobre el presunto acoso laboral ya culminó y solo resta que el Consejo Directivo se expida y envíe al Parlamento su resolución junto con los antecedentes del caso.
Distintas fuentes relataron a Búsqueda que el Consejo cuenta con dos informes para expedirse: uno elaborado por una comisión interna que investigó el presunto acoso, y cuyo dictamen no fue “concluyente”, y un informe de un abogado externo que entendió que las situaciones denunciadas sí configuraron acoso laboral.
La denuncia, sobre la cual dio cuenta Brecha en su edición del 13 de setiembre, fue presentada a mediados de año por la sicóloga y referente de los temas de salud mental en la Inddhh, Mónica Giordano. Según recogió el semanario, durante la XIII Asamblea General de Derechos Humanos, llevada a cabo el 28 de agosto, organizaciones vinculadas a la salud mental hicieron pública la existencia de la denuncia. En una carta dirigida al Consejo Directivo, a la que accedió Búsqueda, las organizaciones expresaron su preocupación porque “la única funcionaria del área” esté tramitando una denuncia de acoso laboral.
En esa misma asamblea fue que Rodríguez asumió como nueva presidenta del organismo.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue creada en 2008 como un órgano autónomo que funciona bajo la órbita del Poder Legislativo y que se ocupa de controlar que los organismos del Estado no vulneren los derechos humanos de la población. Su Consejo Directivo está compuesto por cinco miembros designados por la Asamblea General, por cinco años. Los postulantes deben ser “personas de alta autoridad moral”, “con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”.
La renovación de las autoridades del organismo, a mediados del actual período de gobierno, generó controversia, ya que varias organizaciones sociales y funcionarios de la institución cuestionaron que los nuevos directores fueran propuestos por los partidos políticos y no por la sociedad civil. Esto, entienden, “politizó” a una institución que debería ser independiente. Desde la coalición de gobierno, en cambio, reprochaban que la anterior integración era afín a la izquierda y defendieron que querían un directorio más plural.
El nombre de Rodríguez fue propuesto por legisladores de la lista 71 del Partido Nacional. Abogada, fue funcionaria del Ministerio de Trabajo y asesora del exsenador blanco Gustavo Penadés, hoy en prisión preventiva por la presunta comisión de múltiples delitos sexuales contra menores de edad. Jimena Fernández fue impulsada por el Partido Colorado, Bernardo Legnani por Cabildo Abierto y Marcos Israel por el Comité Central Israelita. El único director que se mantuvo desde la integración anterior fue Wilder Tayler, que había sido propuesto por organizaciones de la sociedad civil y tenía el apoyo del Frente Amplio.
La ley prevé que los directores podrán ser destituidos de sus cargos por el mismo número de votos por los que fueron electos, en sesión especial de la Asamblea General por razones como “asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura”, “actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo” o “haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo”.
Un proceso largo y complejo, que aguarda por la resolución final
Tras tomar conocimiento de la denuncia, el organismo puso en marcha su protocolo sobre acoso sexual —que aplica también a situaciones de acoso laboral— y formó una comisión para investigar la denuncia.
La comisión fue integrada, de acuerdo al protocolo, por representantes del equipo de género y de la Asociación de Funcionarios de la Inddhh, entre otros. La norma prevé que también la integre quien ejerza la presidencia de la institución, que al momento de conformar la comisión era Fernández. Las conclusiones de la comisión investigadora fueron presentadas al consejo el 2 de octubre. Según relataron las fuentes a Búsqueda, el dictamen dio lugar a distintas interpretaciones, ya que no fue concluyente. Si bien encontró que ocurrieron situaciones de hostigamiento de parte de Rodríguez hacia la funcionaria, no explicitó que se tratara de “acoso laboral”.
El dictamen de la comisión debía ser analizado por el asesor jurídico del Consejo, el abogado Diego Lamas. No obstante, Rodríguez pidió la recusación del funcionario por considerar que tenía una amistad con la denunciante y que eso podía sesgar sus valoraciones, relataron las fuentes a Búsqueda. El abogado decidió apartarse antes de que el Consejo Directivo resolviera el planteo.
En consecuencia, el directorio resolvió contratar a un abogado externo, el profesor adjunto de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho estatal Álvaro Richino, para que estudiara las conclusiones de la comisión y elaborara un informe jurídico. Según varias fuentes en conocimiento del informe, el especialista consideró que, aunque no haya sido nombrado explícitamente por la comisión, las conductas descriptas sí configurarían acoso laboral.
El Consejo Directivo dio vista del informe a ambas partes, que tienen un plazo de 30 días para responder. Luego, el directorio adoptará una resolución y trasladará el caso al Parlamento. En el pronunciamiento solo intervendrán los directores Tayler, Fernández y Legnani, ya que Israel se abstuvo de intervenir en el tema luego de que fuera recusado por la denunciante, mientras que Rodríguez es la directa involucrada.
Búsqueda procuró contactarse con Rodríguez, quien, a través de la oficina de Comunicación de la Inddhh, transmitió que por el momento no haría declaraciones.
La abogada Soledad Suárez, que asesora a la denunciante, dijo por su parte que “lo sucedido es grave y afecta no solo la salud de la trabajadora, sino los objetivos del área”, pero añadió que no haría más declaraciones hasta que que no se pronunciara el Consejo Directivo. “Por ahora el proceso nos ha sido favorable, y estamos conformes con cómo se dio el procedimiento, pero estamos a la espera de la resolución”, indicó.
De forma similar, en la Asociación de Funcionarios de la institución dijeron que aguardan la resolución del directorio. “Cuando haya una resolución vamos a evaluar la situación y eventualmente pronunciarnos”, dijo el vocero Diego Bentancor. Añadió que han expresado a las autoridades su preocupación por la demora en concluir la investigación.
Fuentes del directorio explicaron que, si bien es cierto que el trámite llevó más tiempo del normal, se debió a las varias circunstancias atípicas que ocurrieron, como las recusaciones y la necesidad de acudir a un especialista externo. “Se buscó dar las mayores garantías a todas las partes”, indicó una de las fuentes.
La denuncia de acoso laboral no es la única objeción que recibió la actuación de Rodríguez. Según informó Brecha, meses atrás la directora, que era responsable de la Defensoría del Pueblo, fue apartada de esa área por el Consejo debido a cuestionamientos de parte de los trabajadores, que escalaron luego de que esta cesara a un funcionario que estaba con un pase en comisión.
