Desde filas coloradas, el coordinador ejecutivo del programa del partido, Matías Bordaberry, indicó a Búsqueda que dar autonomía al INR facilitaría el diseño de una estrategia nacional “más clara” y la obtención de mayores recursos, al tener un articulador especializado en el Poder Ejecutivo. Además permitiría mejorar la atención de los reclusos con personal más calificado y así “potenciar la lógica de la rehabilitación”.
En la interna del Partido Colorado hay, sin embargo, una división respecto a este tema. Porque una de las alas del partido, Vamos Uruguay, liderada por Pedro Bordaberry, está en contra de la creación del Ministerio de Justicia.
Un documento elaborado por el think tank Siembra, que es utilizado como referencia por el Frente Amplio, plantea que el sistema político debe “avanzar” en lograr los consensos para poner en funcionamiento un ministerio que tenga como competencia aspectos del sistema de Justicia que no involucren la separación de poderes ni la independencia del Poder Judicial. En este punto hacen énfasis los tres principales partidos políticos.
El documento de Siembra, titulado Acá también el agua hierve a 100 grados y elaborado, entre otros, por el exfiscal de Corte Jorge Díaz —cuyo nombre se maneja como posible ministro de Justicia en un gobierno de Yamandú Orsi—, la exdirectora del INR, Ana Juanche, y el exdirector de la Policía, Mario Layera, plantea que el ministerio debería tener como objetivo favorecer el acceso a la Justicia y “asumir la responsabilidad del funcionamiento del sistema penitenciario, tanto en la ejecución de las penas privativas de libertad como de las penas alternativas, con la finalidad de la inserción social”.
El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, también se ha manifestado a favor de la creación del Ministerio de Justicia y de una mayor autonomía del INR.
Por otro lado, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional también coinciden en proponer que la Dirección Nacional de Registros pase a depender del nuevo ministerio y que la Fiscalía General de la Nación se traslade como servicio descentralizado al Ministerio de Justicia. En la actualidad está vinculada al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Para el asesor en seguridad del candidato nacionalista Álvaro Delgado, Luis Calabria, ex número tres del Ministerio del Interior, si bien el vínculo del MEC con la Fiscalía “muchas veces es meramente administrativo”, con la creación del Ministerio de Justicia habría una “relación más fluida”. A su juicio eso facilitaría que se hable en el “mismo código o mismo lenguaje” y por tanto se entiendan “mejor las demandas”. “La realidad es que en Interior se prioriza la represión y la prevención y muchas veces el sistema carcelario queda relegado en la puja presupuestaria”, dijo a Búsqueda.
Los dos partidos de la coalición de gobierno también plantean que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), denominada “junta anticorrupción”, esté vinculada al Ministerio de Justicia.
“Quizás en la discusión parlamentaria alguna de las organizaciones prefiera mantenerse en (los lugares) actuales. Deberá haber una apertura en todos para que surja el mejor y mayor consenso”, sostuvo Calabria.
Diferencias con la Defensoría Pública
Uno de los temas en los que no hay acuerdo entre nacionalistas, colorados y frenteamplistas es el futuro de la Defensoría Pública.
El programa del Partido Colorado señala que, según las estadísticas del Poder Judicial, los abogados de oficio son quienes asumen el patrocinio de más del 90% de las personas sujetas a la Justicia penal o que tramitan procesos de familia. “Atendiendo el histórico reclamo de la institución, constituiremos a la defensoría de oficio en un servicio descentralizado que articule con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, independizándola del Poder Judicial”, plantea el documento, que agrega que la dotará de “autonomía presupuestal, alivianando a su vez el gasto del Poder Judicial”.
“Permitiría un mayor funcionamiento de sus cometidos”, resumió Matías Bordaberry.
En tanto, desde el Frente Amplio —si bien no está incluido en sus bases programáticas y tampoco se mencionó al Ministerio de Justicia en las medidas que anunció Orsi este lunes 16—, Díaz opinó que la Defensoría podría ser un servicio descentralizado de la futura cartera. El documento de Siembra señala que “la independencia de la Defensa Pública y su jerarquización” requiere una reforma legislativa e indica que “existe un proyecto de ley presentado” por la Asociación de Defensores Públicos “que debe ser analizado y atendido”.
El programa del Partido Nacional no menciona a la Defensoría Pública, que hoy depende de la Suprema Corte de Justicia. Consultado, Calabria dijo que “podría pasar” al Ministerio de Justicia. Planteó que en “la discusión parlamentaria” se podrá determinar qué organismos quedarán sujetos al nuevo ministerio.
Respecto a la propuesta de crear un Ministerio de Justicia, la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Carolina Camilo, indicó a Búsqueda que no tienen un posicionamiento institucional, pero que “podría ser una oportunidad de que el sistema político se empiece a preocupar sobre el acceso a la Justicia como política pública de Estado y no sea algo que quede solo (en manos) del Poder Judicial”.
“Sabemos que entiende que la Defensoría y su acceso no es su prioridad, porque nunca le ha dado el fortalecimiento necesario”, criticó.
La asociación sí tiene posición sobre que, de pasar al Ministerio de Justicia, la Defensoría no debería ingresar “como una oficina”, sino como un servicio descentralizado.
Competencias dispersas
El programa del Partido Colorado plantea que las funciones del INR, la Fiscalía, la Jutep y la Defensoría de Oficio son llevadas a cabo en dependencias “dispersas” del Estado, una lectura con la que coinciden el Partido Nacional y el Frente Amplio. Por lo tanto, reunirlas en un ministerio no implicaría “la creación de nuevas funciones” ni de “grandes nuevas erogaciones”, sino que solo “nuclea las que ya se despliegan con un criterio técnico”, dice el programa colorado.
Por otra parte, las bases programáticas de la coalición de izquierda señalan que la creación del Ministerio de Justicia permitiría “dotar de un mejor diseño institucional a las diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas” —como derechos humanos, prisiones, registros públicos, coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órganos jurisdiccionales y políticas antilavado de activos—.
Por su parte, Calabria expresó que la “reestructura” de las tareas que hoy “están dispersas” en el Estado ganaría un “liderazgo de opinión en el tema”: “Las tareas que serían absorbidas hoy son cumplidas por varios organismos, y al estar tan dispersos se puede perder el foco de un discurso unívoco en la relación con temas judiciales”, explicó. Con el Ministerio de Justicia habría “un interlocutor” en el Ejecutivo que generaría “un salto de calidad en la discusión”.
“Lo importante es que haya un organismo en el Poder Ejecutivo que defina la política pública de Justicia, como fijar metas y objetivos de acceso a la Justicia”, valoró Díaz.
