El Frente Amplio busca unificar la estrategia sobre seguridad entre sus precandidatos

Algo de esa estrategia quedó en evidencia en las últimas dos semanas, cuando varias figuras del oficialismo criticaron que en el programa del Frente Amplio (FA) se hablara de la “desprisionalización” como parte de sus propuestas en seguridad. Primero fue el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria, quien en su cuenta de X (antes Twitter) publicó un párrafo del programa del FA con la palabra desprisionalización subrayada y reclamó a los candidatos que expliquen el alcance de esa medida. Van a “abrir las cárceles”, alertó en la misma red social el exministro del Interior Luis Alberto Heber, mientras que el exministro de Defensa Javier García aseguró a los medios que el Frente Amplio quería “liberar presos” como lo hizo durante la primera administración de Tabaré Vázquez con la llamada “ley de humanización carcelaria”. El precandidato que lidera la interna blanca, Álvaro Delgado, dijo esta semana en entrevista con Radio Sarandí que le preocupaba “mucho” que el FA hable de desprisionalización en su programa y dijo que él no estaba planteando “liberar presos” sino construir más cárceles. “Al Frente Amplio lo condena su pasado porque su primera medida fue liberar 700 presos”, insistió cuando la periodista Laura Rodríguez le aclaró que el programa no hablaba específicamente de liberar presos.

Fuentes de la coalición de izquierda dijeron a Búsqueda que desde la dirección del Frente Amplio pretenden que todos los precandidatos estén alineados en el discurso y las propuestas sobre seguridad, un tema que ven como especialmente sensible. Sin embargo, todavía los equipos técnicos de los precandidatos se manejan con reserva y hasta hay dificultades en la interna para conocer quiénes son los asesores en seguridad detrás de cada candidatura.

Al ser consultado, Ehrlich dijo que “se está trabajando para pulir una plataforma común”, aunque admitió que “en el contexto de las elecciones internas es complejo”. Se trata de una “instancia de debate interno”, con varios precandidatos y con “distintas opiniones”, añadió. Más allá de los “énfasis” que le den los distintos postulantes, lo “esperable es que haya un tronco común muy firme”, afirmó.

El coordinador de la unidad temática de seguridad del programa del FA, Diego Olivera, dijo que la desprisionalización “está pensada como una orientación general” de la política de seguridad. La idea es “descomprimir el sistema carcelario para que cumpla mejor su cometido, que es la seguridad y la rehabilitación”.

“Se agarraron de una palabra para salir de manera orquestada varios dirigentes con la finalidad de instalar que el Frente quiere hacer concesiones a los delincuentes”, cuestionó. “Se cayó en algo que deberíamos superar, que es agarrar la seguridad como un caballito de batalla electoral para denostar al otro”, opinó. “Se hizo una caricatura con fines electorales”.

Olivera aseguró que la estrategia del Frente para descomprimir las prisiones no plantea ir por el camino de la ley de 2005. “Acá no se está hablando de liberación de presos”, dijo a Búsqueda. En cambio, el programa apunta a revisar la proporcionalidad de las penas y establecer penas alternativas a la prisión para delitos leves. “La cárcel no puede ser la única respuesta para todo”, sintetizó. En esa línea, criticó la Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsada por el actual gobierno, que “homogeneizó” las penas contra el narcotráfico sin distinguir entre los roles y la gravedad de las conductas. Lo que se propone el FA es revisar la gradualidad de las penas para dar una “respuesta más específica”.

“¿Es lo mismo Dona Samer (condenada a cuatro años por tratar de ingresar 50 gramos de marihuana a la cárcel), la mujer que vendía brownies locos, y el que cargó 200 kilos de droga en un contenedor?”, planteó Olivera. En el caso de mujeres que son condenadas por delitos de microtráfico, señaló que puede ser más eficaz someterlas a un programa de capacitación laboral que encerrarlas por varios años. “Tenés que evaluar qué medida tiene mayor costo-beneficio, porque tener gente presa cuesta mucho dinero. Hay gente que tiene que estar detenida, está claro. Pero hay personas primarias, que no actuaron con violencia, que podés evaluar otras medidas”.

También se discute la posibilidad de reincorporar institutos como la suspensión condicional del proceso, que fue eliminado por la LUC y que permitía suspender el proceso penal en casos de delitos leves si la persona no cometía un nuevo crimen. Además, se entiende fundamental fortalecer la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida para que las medidas alternativas sean “serias” y pueda hacerse un efectivo seguimiento.

El exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas sostuvo que no tiene “ningún sentido” que Uruguay encabece el ranking mundial de tasa de presos por habitantes cuando no está entre los países con mayores niveles de violencia y criminalidad. “Tenemos 15.000 presos, 40% más que hace cuatro años. ¿Y somos 40% más seguros? Claramente, no. Entonces no parece que ese camino esté funcionando”.

El programa del FA plantea como una acción prioritaria “abatir la sobrepoblación carcelaria” y sostiene que “no todos los hechos delictivos deben tener la misma respuesta”. En ese sentido establece que se estimularán “medidas no privativas de libertad y de justicia restaurativa”.

Reinserción y reincidencia

Los candidatos del Frente Amplio han evitado revelar quiénes los asesoran en seguridad. Desde el entorno de los dos contendientes más fuertes —Yamandú Orsi y Carolina Cosse— dijeron a Búsqueda que quieren evitar el “manoseo” de nombres y la especulación sobre quiénes ocuparán los cargos vinculados al área en un eventual gobierno frenteamplista.

En el caso de Orsi se conoce su cercanía con el exfiscal de Corte Jorge Díaz —a cargo de su defensa en la denuncia por agresión que presentó en su contra una trabajadora sexual—, quien impulsó la reforma del proceso penal aprobada en 2017. Además, tiene el apoyo del MPP, sector que estuvo en la conducción del Ministerio del Interior en los dos últimos gobiernos del FA. Los nombres detrás de Cosse en el área de la seguridad son una incógnita mayor, incluso dentro de la propia fuerza política, de acuerdo a las consultas realizadas por Búsqueda.

“No estamos en un momento de danza de nombres”, dijo la coordinadora de los equipos técnicos de Cosse, la senadora Silvia Nane, consultada por Búsqueda. Afirmó que en las próximas semanas comenzarán a presentar propuestas concretas, “bajadas a tierra”, en el área de la seguridad. “Los equipos se irán conociendo a medida que vayamos presentando las propuestas”, afirmó.

“Es un tema importante, y vamos a aportar al programa todo lo que podamos afinar”, dijo Nane. “Las propuestas apuntan a ser integrales, en territorio. Qué pasa cuando uno sale de la cárcel y vuelve al barrio. No podés mirar la cárcel sin mirar lo que pasa en la entrada y en la salida”, planteó. “Lo vamos a abordar en un concepto integral de convivencia, educación, género, etnia-raza”. Mencionó también a las personas en situación de calle, de las cuales un gran porcentaje estuvo en la cárcel. “Hay que trabajar sobre eso, sobre qué posibilidades tenés al salir”.

Sobre los dichos desde el oficialismo respecto a la supuesta liberación de presos propuesta por el FA, Nane lo calificó de “terrorismo lingüístico”. Es “irresponsable hablar así de un tema que está entre las principales preocupaciones de la gente. Hay que discutirlo con seriedad”, agregó.

Fuentes del equipo de Orsi tampoco quisieron revelar nombres, pero sí detallaron las medidas que están proponiendo los asesores y que están a estudio del candidato. En concreto, están pensando en cuatro líneas estratégicas para abordar el tema de las cárceles: reforzar los programas de preegreso de la prisión, trabajar sobre la reinserción, mejorar la respuesta a las personas en situación de calle y apoyar la organización de colectivos (como los grupos de familiares de prisioneros).

Las cuatro estrategias apuntan a bajar la reincidencia. En el equipo de Orsi entienden que no es necesario pensar en mecanismos excepcionales para liberar presos cuando actualmente unos 9.000 prisioneros dejan las cárceles cada año. El 70% reincide en el delito en un lapso de tres años. “¿Para qué vas a liberar más si tenés a toda esa población de liberados para trabajar?”, resumió una de las fuentes. Entienden que para reducir la población carcelaria lo más eficiente es enfocarse en esa población. “Si lográs impactar aunque sea en un 30% de esos 6.300 que van a reincidir, tenés 2.000 personas que no van a volver a la cárcel. Así las descomprimís”, explicó. Si eso se lograra, se conseguiría, además, un ahorro de US$ 30 millones (en tres años), considerando un costo por preso aproximado de unos 15.000 dólares anuales, de acuerdo a las estimaciones de los asesores del candidato.

La ventaja de esta estrategia es que no requiere de modificaciones legislativas ni debates parlamentarios engorrosos. Puede ser impulsada desde el primer día de gobierno por el Poder Ejecutivo, ya que consiste en mejorar la atención de los liberados con recursos y equipos y fortalecer organismos como la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Las fuentes señalaron como otra ventaja que la administración carcelaria cuenta con toda la información sobre quiénes saldrán, de qué cárceles, cuándo y qué perfiles tienen. “Toda esa información te permite diseñar respuestas a medida, pensar un seguimiento que efectivamente funcione”. También consideran crucial resolver la situación de las personas que duermen en la calle. El equipo del candidato entiende que los refugios no son una solución y que hay que pensar en respuestas individuales o en grupos pequeños.