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Subsidios de alquiler del MVOT: auditoría señala fallas “significativas” de gestión y “falta de transparencia”
La AIN analizó los beneficios otorgados en 2024, pero encontró el pago desde 2015 de un subsidio no autorizado y convenios vencidos con instituciones que tienen contratos vigentes, entre otras debilidades
Entre otras soluciones habitacionales, el MVOT otorga subsidios de alquiler.
En torno a la gestión del instrumento “subsidio de alquiler” por parte de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) se constataron “debilidades significativas en su diseño, implementación y seguimiento”, señaló la Auditoría Interna de la Nación (AIN). La falta de planificación estratégica y las debilidades en los controles “compromete(n) la eficiencia, eficacia y transparencia” de la herramienta.
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Esa auditoría analizó los subsidios otorgados en 2024 —principalmente en Montevideo— a cargo del Programa de Atención Primaria Habitacional, dependiente de la Dinavi, cuyo objetivo es otorgar una solución transitoria de acceso a la vivienda a sectores vulnerables de la población.
El informe de resumen, difundido esta semana por la AIN, indica que “no se cuenta con evidencia que respalde la identificación de la demanda real o potencial de la población objetivo, ni con un diagnóstico integral que oriente adecuadamente la asignación de los subsidios, de sus cupos, los recursos y la intervención estratégica a nivel del Estado”. Además, las deficiencias del sistema de información en materia de “integridad y confiabilidad” de los datos afectan la “gestión y la transparencia” de los subsidios.
También señala que es limitada la difusión y el acceso al subsidio, lo que “afecta la equidad” en su otorgamiento.
La AIN marcó como “irregularidades” la continuidad de los subsidios concebidos como transitorios, la “falta de evaluaciones periódicas, el pago de beneficio no autorizado y el seguimiento realizado de manera no oportuna”.
En total, identificó cuatro hallazgos con riesgo “extremo” y uno “alto”, y en función de ello realizó varias recomendaciones de mejora vinculadas a reevaluaciones de criterios, implementación de procesos de registro estandarizados y posibilidad de incorporar personal al programa que gestiona el subsidio, entre otras.
Subsidios
A marzo de este año había 1.211 subsidios de alquiler activos, detalla el informe. El subsidio de alquiler establecido desde el inicio del programa es de hasta 12 unidades reajustables (UR), lo que a valores de ese mes equivalía a $ 21.796. En algunos casos, por convenios o por excepción, puede autorizarse una duplicación del beneficio. La financiación surge de la asignación presupuestal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), a través del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.
Los beneficiarios pueden firmar un contrato de alquiler —en general, con una vigencia de dos años— con la garantía de la Contaduría General de la Nación (CGN), que mensualmente le remite una nota al MVOT con el monto total a pagar por concepto de subsidio del arrendamiento.
Según la información a marzo pasado consignada por la AIN, los subsidios originados en acuerdo o convenios con instituciones (como el Ministerio de Desarrollo Social o el Instituto del Niño y Adolescente) y los tramitados internamente por el programa que gestiona la Dinavi eran 1.211: 849 en Montevideo y los demás en el resto del país. Además, 104 estaban en trámite, si bien el total de cupos habilitados era 2.093.
Del total de subsidios vigentes, la mayoría habían sido otorgados entre 2018 y 2024, aunque todavía quedaban cuatro contratos de 2009, y más de 240 correspondían al período 2010-2017.
Irregularidades y “falta de transparencia”
Entre los hallazgos de riesgo “extremo”, la AIN describió debilidades en la identificación y gestión de la demanda, la autorización de los subsidios, el registro y sistema de información de los mismos, y en el seguimiento y evaluación.
En cuanto a la demanda, halló “ineficiencia” en la definición de los cupos: se detectó un convenio con 251 cupos disponibles en 500 previstos. Eso, indica el informe, evidencia un “desajuste entre la oferta programática y la demanda real”.
De hecho, la asignación presupuestal para subsidios de alquiler en 2024 fue de $ 439,9 millones, y los pagos realizados ese año totalizaron $ 255,1 millones.
Además, la AIN detectó “acceso limitado y falta de transparencia” porque el subsidio no está disponible por un canal de acceso abierto a la población en general y su otorgamiento depende de postulaciones a través de convenios o derivaciones internas “con posibilidad de generar discrecionalidades”.
En materia de otorgamiento de los subsidios, la AIN constató el pago desde mayo de 2015 a la fecha por parte del MVOT a la CGN de un subsidio de alquiler no autorizado, que no cuenta con un expediente que lo respalde y carece de la aprobación del ministerio. Al respecto, el informe indica que, realizada la consulta, “no se pudo determinar los motivos que originaron esa irregularidad”, lo que “evidencia debilidades en los controles por las áreas intervinientes”.
A su vez, los auditores detectaron que aunque el beneficio va dirigido a las familias y no a instituciones, existe un pago mensual a una cooperativa por un centro de estadía transitoria de $ 208.020 a valores de marzo de 2025. Según las consultas al programa que gestiona estos subsidios, ese pago fue catalogado como “excepcional” en 2016, aunque “se mantiene a la espera de encontrar una solución alternativa”.
En cuanto a los plazos, la AIN señala que los contratos de garantía del subsidio celebrados ante la CGN se extienden en el tiempo en forma automática, por lo que no se cumple con la disposición de que no excedan los dos años como establece el programa.
En cuanto al registro y sistema de información, los auditores encontraron que no hay un adecuado seguimiento ni respaldo en la base de datos. Hay registros que presentan “inconsistencias” y omisiones de información y, además, se utilizan planillas complementarias de Excel “editables por múltiples funcionarios, lo que representa un riesgo en términos de integridad, seguridad y trazabilidad”, entre otras debilidades.
En tanto, la AIN encontró riesgo “alto” en lo relacionado con los convenios celebrados por el MVOT con diversas instituciones. Algunos de esos convenios están vencidos, aunque los subsidios se siguen otorgando desde 2019, no hay criterios de evaluación estandarizados para los distintos acuerdos que permitan medir los resultados de la ejecución y tampoco se encontró evidencia de que estén al día los informes correspondientes, según establecen los distintos convenios.
