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    Proyecto Arazatí en la mira del Frente Amplio: promueve estudio técnico del contrato y evalúa alternativas

    El futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, reconoció discrepancias con la administración saliente y aseguró que evaluarán el proyecto a nivel técnico, financiero y jurídico antes de tomar una decisión

    A pocas semanas de que asuma el nuevo gobierno nacional, el proyecto Arazatí se convirtió en uno de los puntos centrales de discusión, que sumó un nuevo capítulo el pasado martes 28, con la primera reunión de transición entre las autoridades entrantes y salientes del Ministerio de Ambiente.

    Tras el encuentro, tanto el titular actual de la cartera, Robert Bouvier, como quien será su sucesor a partir de marzo, Edgardo Ortuño, reconocieron en rueda de prensa las discrepancias existentes en relación al proyecto que busca construir una planta potabilizadora de agua en la costa de San José y, en ese sentido, afirmaron que este todavía no es un tema cerrado.

    “Está claro que tenemos diferencias. Arazatí es un legado pesado para el próximo gobierno, pero lo seguiremos tramitando en el ámbito de la transición entre los dos presidentes”, explicó Ortuño, al agregar que el proyecto será trabajado “a nivel de estudio técnico a la interna del equipo entrante”.

    Bouvier, en tanto, fue consultado respecto al contrato firmado el pasado jueves entre OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo para llevar adelante el proyecto, un acuerdo que es considerado anticonstitucional por actores ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, el ministro aseguró que son “especulaciones” y que el gobierno no tiene en la actualidad “ningún inconveniente jurídico” para firmar el documento.

    Ortuño y la posibilidad de rescindir el contrato

    En la misma línea, Ortuño afirmó que se requiere “un análisis responsable” y que “no corresponde hacer declaraciones contundentes” hasta no estudiar el texto y los acuerdos finalmente aprobados y firmados por el gobierno con el consorcio. También se necesita hacer las evaluaciones técnicas y estudiar los temas económico-financieros y jurídicos, agregó.

    Sin embargo, el futuro ministro no descartó la posibilidad de rescindir el contrato entre los privados y el gobierno saliente y recordó que hay un proceso pendiente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “El contrato se firmó con las características del proyecto original. No se incorporaron cambios, a pesar de que se ofrecieron y plantearon. El gobierno mantuvo la posición en la que venía”, comentó. En esa línea, dijo que lo que se hizo fue firmar “una declaración de intención” para analizar a futuro posibles modificaciones, un documento que si bien tiene valor político, no tiene valor jurídico.

    “Lo que pesa es lo que se firmó en el contrato, y lo que se firmó en el contrato tiene las mismas características técnicas que se vienen discutiendo hace tiempo y que nosotros hemos criticado”, mencionó.

    Durante la rueda de prensa, Ortuño también se refirió al memorando de entendimiento incluido en el contrato, un documento que recoge cuatro alternativas para la obra y que se agregaron luego de los planteos del gobierno electo. Particularmente, el memorando propone entre las opciones achicar el pólder (reserva de agua), eliminarlo, construir otra toma de agua en una zona donde no hay problemas de salinidad o incluso construir un embalse sobre el arroyo Pereira.

    Al respecto, el futuro ministro dijo que “están en etapa de estudio y evaluación de las consecuencias” que ofrecen las distintas posibilidades frente a “solo uno” de los aspectos cuestionados, como es la salinidad. “Esperamos tener más insumos técnicos para analizar esas distintas variables. (Las alternativas propuestas) son sobre aspectos muy concretos y puntuales, no sobre el conjunto de aspectos centrales que veníamos criticando del proyecto, pero los vamos a analizar”, cerró.

    Mesa Política del Frente Amplio rechazó el proyecto Arazatí

    Ortuño no hizo referencia al comunicado emitido el pasado lunes por la Mesa Política del Frente Amplio, en la que la coalición de izquierda rechazó la firma del contrato y el proyecto en sí por ser “insostenible desde el punto de vista financiero y social”. Además, la fuerza política destacó su confianza en que las autoridades del próximo gobierno nacional “actuarán con firmeza frente al daño que el contrato genera”.

    "La obra planteada no garantiza el abastecimiento de agua potable, al tiempo que genera impactos ambientales, sociales y económicos negativos”, advierte el texto. Para el Frente Amplio, “el proyecto deja a la empresa pública sin capacidad para enfrentar futuras inversiones que son fundamentales para el país en los 19 departamentos”; esto se debe, aclara, a que los ingresos de OSE “rondan los US$ 550 millones” y el costo total estimado del proyecto estaría entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones en pagos anuales durante 17,5 años, “a lo que se suman los “compromisos asumidos en préstamos por saneamiento de más de US$ 400 millones”.