Solo uno de cada seis residenciales para la tercera edad tiene habilitación del MSP

Para encontrar una catástrofe similar o mayor, hay que remontarse al incendio en la cárcel de Rocha de 2010, en el que murieron 12 internos. Sin embargo, apenas hay que ir al 27 de junio pasado para reportar otro incidente de este tipo en un residencial psiquiátrico de Melo, donde murieron dos personas.

Según dijo a Búsqueda el director departamental de Salud de Treinta y Tres, Carlos Olascoaga, desde Montevideo habían llegado inspecciones en 2021 y en 2022 a ese lugar. “En 2023 concurrimos nosotros una vez y también en marzo de este año”, agregó. En esta última ocasión, había levantado “observaciones menores” en cuanto a accesibilidad de baños y puertas. “Estaba todo en orden”, resumió. También señaló que el establecimiento cumplía con el número de funcionarios por internos requerido.

A su vez, el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, deslindó responsabilidades de su cartera y también sostuvo que no se trataba de un centro en el que se hubieran detectado malas condiciones. En una rueda de prensa el martes 9, dijo que el Mides había realizado una fiscalización en diciembre de 2021 en la que no se habían detectado elementos críticos.

Mientras tanto, una localidad de poco más de 25.000 habitantes se enlutó por la muerte de 10 personas, ocho mujeres y dos hombres, de entre 65 y 96 años, por aspiración de monóxido de carbono. Cinco de ellos eran autoválidos, tres tenían cierto grado de dependencia y dos estaban en sillas de rueda. Todavía no están confirmadas las causas del incendio. Según las primeras versiones, la brasa de una estufa fue la que inició el incendio. La intendencia decretó tres días de duelo. Los internos del residencial eran conocidos en la comunidad. “Una fue mi maestra de tercero de escuela, otra fue la enfermera que recibió a mi hija”, dijo a Búsqueda el diputado Medina, que formuló dos pedidos de informes al MSP y al Mides, así como logró que su bancada encaminara el tema por las comisiones de Población y Desarrollo, Derechos Humanos y Salud Pública.

“Esto es una situación terrible que amerita responsabilidades, esto no puede volver a repetirse”, indicó.

Los actores del sector, sin embargo, advierten sobre varios factores que pueden llevar a que situaciones de ese tipo se repitan. “No hay un protocolo en el Estado para regularizar esta situación”, afirmó Sparkov. Desde Aderama pidieron la renuncia de la División de Fiscalización del MSP y de la cúpula de Inmayores del Mides.

Habilitaciones

Olascoaga dijo a Búsqueda que en Treinta y Tres hay 11 Elepem (Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores) bajo la órbita del MSP y solo uno tenía la habilitación ministerial. “Todos los demás están en vías”, agregó. El del incendio del domingo 7 tampoco tenía la habilitación de Bomberos, un paso previo para tener lo mismo de la cartera.

Esa habilitación, que muchas veces requiere firmas de arquitectos u otros idóneos, y adaptaciones en inmuebles que en la mayoría de los casos son apenas casas reconvertidas con el fin de residencial, no diseñadas con ese propósito, es muy onerosa. Olascoaga la estimó en unos US$ 30.000. De ahí que muchos Elepem no puedan completar el trámite o ni siquiera intenten iniciarlo. El diputado Medina reconoce esto último: “Los trámites de habilitación de Bomberos parecen estar pensados para una realidad que no es la de Uruguay”.

La idoneidad del personal es otro tema considerado frágil, más aún en el interior. “Es el lugar de primer empleo para muchas personas, sobre todo mujeres con experiencia en cuidados en el hogar”, dijo Sparkov. Eso no va de la mano con la capacitación.