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Apenas entraron como opción a fines del 2019, las sociedades por acciones simplificadas (SAS) se convirtieron en la estructura societaria más demandada en Uruguay. Como anticipa su nombre, el trámite de constitución es más rápido que el de las sociedades anónimas (SA) tradicionales, además de tener costos más bajos, menos requisitos y vías rápidas en línea para avanzar en las oficinas públicas. La ausencia de algunos controles en ese proceso sencillo es objeto de preocupación en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
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La Senaclaft prevé impulsar una revisión de las SAS en el marco de la elaboración de la nueva estrategia nacional de combate al blanqueo de capitales, informaron a Búsqueda fuentes del organismo. Las SAS “actualmente representan un riesgo relevante”, dijo la secretaria antilavado Sandra Libonatti. Explicó que en su constitución no es obligatorio que participe un profesional, “razón por la cual no tiene controles”.
La Senaclaft desarrollará un análisis de riesgos de ese sector específico y a partir de ahí propondrá cambios. Libonatti sostuvo que los cambios no afectan la agilidad que otorga el mecanismo ni implican un aumento sustancial de los costos de creación de las SAS. El objetivo es encontrar un equilibrio mejor entre la necesidad de fijar controles y las ventajas que otorga esa estructura para facilitar el desarrollo de los negocios.
Un tema detectado en 2023
La necesidad de poner foco en ese tipo de instrumento societario fue señalado en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos aprobada en julio de 2023 por el gobierno de Luis Lacalle Pou. En el análisis, elaborado por el consultor Alejandro Montesdeoca, se asegura que Uruguay había mejorado los controles antilavado de sus “estructuras societarias y otros beneficios corporativos”. No obstante, se agrega, “en diversos casos analizados por la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) se evidencia la utilización de SA de fachada con testaferros como autoridades en las mismas (sociedades), SA radicadas en el exterior con cuentas en Uruguay que transfieren fondos, así como SA uruguayas con cuentas en el exterior, por lo cual se puede afirmar que, si bien mitigada, la amenaza se mantiene”.
“Debido a la reciente incorporación en el derecho positivo uruguayo de las sociedades por acciones simplificadas (SAS) se considera necesario evaluar su exposición al riesgo de LA/FT (lavado de activos/financiamiento del terrorismo), en particular lo que refiere a la constitución a través de medios digitales”, dice el documento.
En 2023 se crearon 102 SAS y estaban “en formación” otras 4.885, un número solo superado por la constitución de empresas unipersonales (31.595), según datos del Ministerio de Economía que obtuvo el abogado Pedro Bellocq en 2024 a través de un pedido de acceso a la información pública. A su vez, se tramitó ante la Dirección General Impositiva la inscripción de 646 SA y 265 sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
Montesdeoca redactó también un borrador de una estrategia nacional de combate al lavado de activos, que entregó al Poder Ejecutivo en 2024, pero nunca fue aprobada. En el proceso de elaboración de ese documento el consultor evaluó varias acciones que deberían tomarse para mejorar el sistema uruguayo. Entre ellas, mencionó la necesidad de que el gobierno apruebe “normativa específica” para las “SAS digitales” porque “no tienen intervención de ningún sujeto obligado” a reportar operaciones sospechosas.
La estrategia propuesta por Montesdeoca, encajonada en la administración anterior, tendrá una segunda oportunidad en este período. En la primera reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos, el 10 de abril, las autoridades repartieron una copia del documento para que los distintos organismos involucrados en el tema hagan aportes.
“La estamos redistribuyendo para que las nuevas autoridades tomen conocimiento de ella y hagan sus comentarios; es prioridad tener la estrategia, que va a ser nuestro camino a futuro, nuestra hoja de ruta”, dijo Libonatti a la oficina de prensa presidencial.
En esa reunión comenzaron a conversar sobre posibles cambios a la “ley antilavado”. Esas discusiones se cristalizarán en un proyecto en breve. A la salida del Consejo de Ministros del martes 22, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, informó a la prensa que el gobierno enviará un proyecto al Parlamento “en los primeros días de mayo”.
Las modificaciones a la norma buscarán cumplir con exigencias de organismos internacionales y revertir medidas adoptadas en Ley de Urgente Consideración que aprobó el gobierno de Luis Lacalle Pou.
