Trabajadores de la Intendencia de Montevideo no entran hace meses en zonas de Malvín Norte por robos y ataques

La secretaria general dijo que los episodios de violencia externa se dan en ciertas zonas, y se refirió puntualmente a Boix y Merino, dentro del Municipio E, donde “desde enero las cuadrillas no pueden entrar por la inseguridad”. Y, si bien aclaró que el organismo que debería otorgar esas garantías es el Ministerio del Interior, no la IM, entienden pertinente plantear el reclamo al ser el gobierno departamental su “patrón”.

La sindicalista celebró igualmente el funcionamiento de la Comisión de Seguridad ante Violencia Externa, que depende de Prosecretaría y está integrada por funcionarios de la IM que están en pase en comisión del Ministerio del Interior y referentes de los servicios de Convivencia Departamental y Adeom. Según dijo, esa comisión tomó especial dinamismo a partir de setiembre, luego de que funcionarios le manifestaran su preocupación a la entonces intendenta Carolina Cosse. “Había zonas en las que nos teníamos que adelantar y crear protocolos por la inseguridad. Hoy aspiramos a crear un protocolo macro de actuación para todos los servicios sobre cómo actuar ante situaciones de violencia externa”, indicó Tejera.

Según dijo, el proyecto del protocolo está siendo trabajado actualmente entre Adeom y la IM, pero aún no fue aprobado. La idea es tener un documento general acompañado de una capacitación, para luego “irlo bajando a cada sector y a cada tarea”, ya que no es lo mismo una situación de violencia que se da dentro de un servicio que la que se da en la calle, explicó.

“Por ejemplo, si hay una balacera, evitar estar en las ventanas. Son formas de acción y reacción”, agregó. También, por ejemplo, determinar puntos donde vehículos municipales “puedan tener una salida rápida” en caso de ser necesario.

Una experiencia similar se busca implementar en Casavalle. Según dijo Tejera, luego de que a finales de 2023 la situación se volviera insostenible para los trabajadores de la IM —debido al aumento de las rapiñas y los enfrentamientos armados de bandas delictivas—, se comenzó a trabajar en conjunto con el centro cívico, la escuela pública y la policlínica en la creación de una suerte de “habitación del pánico”. Se trataría de una zona segura donde los funcionarios puedan resguardarse ante una situación de violencia externa y quedar aislados, señaló.

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Policías en el complejo de la Unidad Misiones, conocido como Los Palomares de Casavalle, Montevideo.

Javier Calvelo/ adhocFOTOS

“Con la creación de protocolos aspiramos a minimizar los riesgos y la exposición de los compañeros en la tarea. En el caso de Boix y Merino, lo que nos preocupa, además, es que, si bien nosotros no estamos entrando, sí lo están haciendo cooperativas y ONG, quienes también han sido víctimas de rapiñas y nadie se hace responsable”, agregó Tejera. Y es que el Municipio E debió tercerizar varios servicios para dar cumplimiento a las tareas, sobre todo en lo relativo a áreas verdes, explicó a Búsqueda, por su parte, el alcalde suplente Pedro Sehabiague.

Según dijo, el municipio ha “tenido problemas” con el mantenimiento de plazas y alumbrado público en esa zona de Malvín Norte debido a la medida gremial, aunque aclaró que se trata de “un lugar muy puntual”. En esa línea, el alcalde suplente dijo que el municipio mantuvo reuniones la semana pasada con el Ministerio del Interior y referentes de Adeom en las que la cartera les “ofreció un protocolo de trabajo” que consistía en ingresar a la zona acompañados por personal policial o, al menos, conocer los horarios de las tareas para reforzar la presencia policial en el entorno cercano.

Sin embargo, explicó que los funcionarios valoraron que el protocolo “no era garantía suficiente” y resolvieron continuar con la decisión de no ingresar. “Hay trabajadores que no quieren entrar con la Policía, es una cuestión personal que hace que sea muy difícil que se pongan de acuerdo con el ministerio. Nuestra postura es tratar de alcanzar un acuerdo de trabajo y no abandonar las tareas”, dijo Sehabiague. Es que a entender del municipio, “no hay forma de poder darles las garantías sin el apoyo de los policías”, como ha ocurrido en otros barrios, por lo que “no es claro el tipo de medida que piden los trabajadores”.

Al respecto, Tejera reconoció no querer trabajar con la Policía en el lugar, porque entienden que “es contraproducente”, ya que muchos funcionarios de los comunales “trabajan en territorio e incluso viven en la misma zona”.

Críticas

El edil frenteamplista Claudio Visillac dijo a Búsqueda que no le sorprendieron los planteos de Adeom, ya que todos los departamentos de la IM que han ido a rendir cuentas han dicho tener “severos problemas de seguridad en el desarrollo de la función departamental”. Además, afirmó que eso se evidencia en gastos de funcionamiento, al tener que “engordar” los montos destinados a vigilancia y seguridad.

“Antes se daban situaciones muy esporádicas de violencia, por ejemplo, en las policlínicas municipales, pero hoy suceden todos los meses en las 24 que tenemos”, lamentó el edil. Esa situación generó que, para este año, la división de Salud de la IM haya estimado destinar $ 40 millones a la vigilancia de sus policlínicas, señaló Visillac, según el intercambio mantenido por la bancada con los directores de limpieza.

“Los trabajadores están muy preocupados por su seguridad externa en vista de que eso atenta contra su trabajo y para la IM es todo un drama lo que está pasando con la seguridad: tenemos realojos de 2023 que no se pudieron llevar adelante porque el Ministerio del Interior no podía asegurar la presencia en esos asentamientos, y la División Limpieza también tuvo que modificar el horario del barrido en Ciudad Vieja para evitar los robos”, ejemplificó Visillac. Opinó, además, que “la negligencia del gobierno nacional y la mala situación de seguridad” impacta directamente sobre los números de la IM, que luego son objeto de críticas por parte de la oposición departamental debido al incremento de costos.