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    Episodios de “violencia externa” motivaron 32 conflictos con pérdida de jornadas laborales en 2023

    El crecimiento de este problema es “innegable”, según la Universidad Católica; el transporte, la educación y la salud son los sectores más afectados

    Temas como el salario, el empleo, las condiciones de trabajo o el presupuesto suelen ser algunos de los reclamos más presentes en los discursos, en los cantos y en los carteles de las manifestaciones sindicales. Por un camino más silencioso, en el último tiempo empezó a cobrar protagonismo entre los conflictos laborales un fenómeno identificado como un problema social en otras áreas: la violencia.

    La violencia ocupacional externa es aquella que surge de la interacción del trabajador con individuos ajenos a la organización para la que trabaja. La Universidad Católica del Uruguay explica en su último informe de conflictividad laboral que estos individuos pueden ser “clientes o usuarios” del rubro en el que se desempeña el trabajador o “no tener ninguna relación”. Estas características diferencian a este fenómeno de otros como el acoso laboral, en el que las situaciones se dan entre compañeros.

    “La agresión de un alumno o de sus padres a un docente, de un paciente o de su familia al personal de salud, o el asalto a un trabajador del transporte son ejemplos de violencia ocupacional externa. Este tipo de violencia puede a su vez dividirse en dos categorías: actos violentos cometidos por clientes/usuarios y actos violentos cometidos por individuos sin ningún vínculo con la organización”, detalla el informe.

    Es la primera vez que la Universidad Católica dedica un capítulo de sus informes a este fenómeno. Eloísa González, una de las responsables del Observatorio de Relaciones Laborales de la institución, explicó a Búsqueda que la decisión obedece a que observan una expansión en los últimos años y el informe lo explicita: “En 2023 el crecimiento ha sido exponencial”.

    Las cifras de 2023 son muy superiores a las registradas desde 2020 —aunque el informe aclara que la pandemia tuvo una incidencia a la baja— y también a las de los años previos a la aparición del Covid-19. En 2018 se habían perdido 136.789 jornadas laborales por ese tipo de episodios. En el primer semestre de 2024, los conflictos generados por la violencia ocupacional externa son nueve y provocaron la pérdida de 10.382 jornadas.

    En el documento se sugieren algunas “acciones” para actuar de forma preventiva ante este problema. Allí se señala que algunas de las medidas disponibles pueden incluir “mejoras de infraestructura, protocolos de actuación y capacitación para enfrentar situaciones violentas”. También se afirma que es “fundamental ofrecer apoyo post-incidente” a los trabajadores involucrados.

    Otro paso calificado como “crucial” es generar “registros precisos” de estos eventos para promover una “comprensión” de la extensión del problema. Contar con información permitiría responder a preguntas como dónde ocurren los episodios, quiénes están involucrados y con qué frecuencia se dan.

    Según la Universidad Católica, “en Uruguay no se ha llevado a cabo un registro centralizado de casos de violencia ocupacional externa” ni tampoco por sector de ocupación. De esa manera, “la información disponible es dispersa o inexistente” y se suele responder “de manera reactiva” ante estos eventos.

    “El crecimiento de esta problemática en nuestra sociedad es una realidad innegable”, dice el informe.

    Año electoral

    En los años electorales, la conflictividad laboral suele disminuir. Es una especie de contracara del año anterior, el cuarto de cada gobierno, en el que las medidas sindicales se disparan por discusiones como el último presupuesto del período o la última ronda de negociación salarial.

    Esta tendencia se reflejó en el primer semestre del 2024. Según los registros de la Universidad Católica, los conflictos tuvieron un descenso marcado respecto al mismo período de 2023. Bajó casi a la mitad: entre enero y junio del año pasado el índice de conflictividad global había sido de 107,8 y para este año pasó a 53,07.

    Desde el 1º de enero hasta el 30 de junio hubo 42 conflictos con interrupción de actividades. Estas medidas, estima el informe, involucraron a 613.188 trabajadores y derivaron en la pérdida de 530.145 jornadas laborales.

    El semestre tuvo dos paros generales del PIT-CNT, uno de 24 horas y otro parcial. El primero fue el 8 de marzo para acompañar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer; el segundo fue el pasado 27 junio —coincidente con la conmemoración de los 51 años de la huelga general contra el golpe de Estado— y tuvo una plataforma “por trabajo digno, contra la precarización laboral, contra la pérdida de derechos, defendemos las libertades públicas y en rechazo de la represión y pesquisas ilegales”.

    Al comparar la conflictividad registrada en el primer semestre de este año con la ocurrida en el mismo período de otros años electorales, el informe de la Universidad Católica refleja que se está ante niveles de conflictividad relativamente altos para esa coyuntura, pero no ante los más altos. La conflictividad global de 53,07 del 2024 se ve superada por la de 54 registrada en 2019 y por la de 66,5 que tuvo el año 1999. En 2004, 2009 y 2014, en contraste, el índice osciló entre 27,5 y 32,9.

    Por fuera del año electoral, este período de gobierno tuvo, en 2023, los registros de conflictividad más elevados de los últimos 20 años. Ya en 2022 las medidas sindicales, que durante la pandemia se habían mantenido en niveles bajos, habían mostrado una escalada significativa.

    En el primer semestre de 2024, la construcción fue el sector con mayor conflictividad, con el 55% de las jornadas laborales perdidas. Le siguieron la educación con el 18% y la administración pública con el 14%.

    La principal causa de la conflictividad sectorial, en tanto, fue el reclamo por “condiciones de trabajo”.

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